Se habla de delitos de malversación y de estafa al Estado

Un amplio abanico de potenciales delitos se abre en la investigación que desarrolla el juez federal Jorge Parache sobre la aparición de alimentos comprados por el Estado en una finca particular.
La determinación de una posible imputación penal dependerá de la profundización de la pesquisa, así como de la obtención de documentos públicos y de la recopilación de pruebas que permitan establecer las conductas punibles. Inclusive, podría haber acusaciones por más de un delito.
La primera figura penal que se dibuja sería la de estafa al Estado. En este aspecto, se deberá determinar con precisión si los recursos usados para comprar el alimento perdido son provinciales o nacionales. En el primer caso, Parache tendría que declararse incompetente y la causa podría pasar al fiscal anticorrupción de los tribunales ordinarios tucumanos, Pedro Gallo. En el segundo, el expediente seguiría en la Justicia Federal.
Otra posibilidad contempla la malversación de bienes públicos, que se configuraría con haber dado a los alimentos un destino distinto del que tenían asignado al ser comprados. Si además de una modificación de su destino se hubiese generado un beneficio a favor de un funcionario o de un tercero (como sería el caso de que la polenta sirva de comida para animales), se podría hablar de peculado. Esto es independiente de que el alimento se haya regalado, vendido o donado.
En términos judiciales también se podría hablar de depositario infiel, si se comprobase que los alimentos llevados al campo en Burruyacu fueron trasladados simplemente para ser guardados y no con otro fin.

LA RUTA DE LA POLENTA

14 de setiembre de 2004: el Gobierno adquiere varias toneladas de polenta y de trigo. La mercadería es almacenada en el depósito central de la Secretaría General de Políticas Sociales, en Lavalle al 2.300 de San Miguel de Tucumán.

25 al 29 de abril de 2005: técnicos del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y del Tribunal de Cuentas de la Nación realizan una auditoría sobre la aplicación de un plan alimentario para desnutridos. En esa inspección advierten que:
• las condiciones de higiene no resultan ser totalmente adecuadas para la conservación de productos alimenticios.
• las estibas no poseen rótulos que identifiquen el origen y las fechas de ingreso.
• el control del manejo de la mercadería es débil..

6 de julio: El Gobierno recibe formalmente el resultado de la auditoría.

25 de julio: Luego de acceder a una copia de la auditoría, LA GACETA inicia una serie de publicaciones sobre su contenido. Ese día da a conocer que la Nación advierte que la Provincia compra los productos de los módulos alimentarios a un precio superior al que ofertan los supermercados minoristas.

28 de julio: Técnicos de la Nación realizan una inspección del depósito oficial. El Gobierno central ordena esta medida en todo el país, luego de que por esos días, en Entre Ríos, deban incinerarse 40 toneladas de alimentos descompuestos.
• Según declaró la secretaria de Políticas Sociales, Beatriz Mirkin, ese día se extrajo del depósito central la comida en mal estado que fue encontrada por Gendarmería.

1 de agosto: LA GACETA publica que la Nación advirtió, en la auditoría conjunta del Ministerio de Desarrollo Social y del Tribunal de Cuentas, sobre el mal estado del depósito central de Políticas Sociales, sobre las deficiencias en su almacenamiento y sobre las anormalidades en el manejo administrativo de la mercadería.

5 de agosto: Gendarmería allana una finca privada en Burruyacu. Allí encuentra 16 toneladas de polenta en mal estado. El procedimiento se realiza por orden de la Justicia Federal, tras una denuncia de Gumersindo Parajón (PU).
• El PE responsabiliza a Joaquín Ferre y lo echa de la Secretaría de Desarrollo Social.

6 de agosto: Ratifican a Beatriz Mirkin como secretaria de Políticas Social.

Podría convertirse en una causa penal

El fiscal federal Emilio Ferrer admitió que la investigación por el hallazgo de miles de kilos de alimento podría convertirse en una causa penal, tras comprobarse que fueron sacados de un depósito estatal y llevados a un campo privado.
“Los productos con destino social podrían haber sido comprados con fondos nacionales, y de allí nuestra competencia para entender en la causa. Pero si los recursos son provinciales, no tendríamos nada que ver”, afirmó el fiscal federal, al admitir como una posibilidad que la causa pase a la Justicia tucumana.
Ferrer buscará determinar la cantidad de comida, si estaba en mal estado o si había sido vendida o regalada. Las distintas hipótesis permitirán determinar el presunto delito penal. “Cualquiera sea la situación que se determine, es un hecho sumamente grave que se pierda alimento destinado a los niños. Fuimos noticia mundial por la desnutrición infantil”, recordó.

DEFINIENDO EL FUERO

A- Ferrer sostiene que la causa en la que se investiga lo que pasó con el alimento para sectores carecientes, debe permanecer en el fuero federal porque se adquirió con fondos nacionales.

B- El gobernador y sus funcionarios buscan que la causa pase a los tribunales tucumanos. El argumento es que el alimento en mal estado se compró con recursos propios de la Provincia.

C- Parajón dijo que no confía en el fiscal anticorrupción, Pedro Gallo, y denunció una maniobra para frenar la investigación . “En los tribunales tucumanos no tengo garantías porque Alperovich puede comprarlos”.