¿La burocracia fomenta la corrupción? La pregunta, colgada en el sitio de LA GACETA.com, convocó a un catarata de respuestas de foristas tocados por el tema. "

¡Las trabas burocráticas por supuesto que fomentan la corrupción! También cuando no hay reglas claras. ¿Acaso alguien sabe qué se necesita para habilitar un comercio en San Miguel de Tucumán? ¡Ni el mismo jefe de inspectores lo sabe!", escribió "Ofa".

"Pregúntenles a los de la Dipsa y tendrán la respuesta", aportó "Tattem von Lazem"; "...la burocracia y la falta de información son el comienzo de las coimas, si no lo ven así se pueden llegar al sutrappa", graficó "biskuik". Podrían haber aludido a las notas truchas en la Facultad de Derecho de la UNT; pero no lo hicieron; tal vez porque, como señala Germán Stalker, investigador sobre Desarrollo Local en el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), en el vínculo entre el ciudadano y el líder local - el intendente- se genera, por la proximidad de los temas en danza, una "rendición de cuentas de 24 horas".

Selección arbitraria y acotada de la voz de la calle, ese grupo de foristas había adivinado el disparador de esta producción periodística: dos denuncias, una que involucra a dos inspectores de la Dirección de Producción y Saneamiento Ambiental (Dipsa) y otra que apunta a empleados del Servicio Único de Transporte Público de Pasajeros (Sutrappa). En ambos casos, las autoridades municipales se han convertido en denunciantes ante la Justicia para marcar distancia respecto de empleados sospechados por presuntos actos de cohecho. "En Fiscalía se creó el área de Sumarios hacia los empleados infieles; se actúa, se sanciona; y en caso de que el delito trascienda lo meramente administrativo, se irá a la Justicia. Las acompañamos a las que nosotros mismos realizamos, si alguien aporta las pruebas, bienvenido sea", le dijo Silvio Bellomío, secretario de Hacienda de la Municipalidad a LA GACETA.

Como voz del municipio, el funcionario se niega a reconocer en voz alta que haya corrupción en la administración municipal, pero no desconoce los hechos: "en el caso de la Dipsa, estarían involucrados dos funcionarios, pero es una maniobra en contra del municipio, tratando de evadir impuestos. La corrupción no es interna", se defiende. Pero sí reconoce que para cambiar esa "tradición" (ver la opinión del ex intendente Rafael Bulacio en la misma página) se necesitan cambios, muchos de ellos tecnológicos.

Gestión y tecnología
¿Qué tiene que ver la tecnología con una buena gestión pública? Esa opción no es caprichosa. Cada vez son más los gobiernos que se inician en las prácticas de "Gobierno abierto" o de "open data", porque ven a la red como una aliada para transparentar trámites y procesos, así como para estimular la participación ciudadana y acortar pasos burocráticos.

"La política de gobierno abierto- le explica Stalker a LA GACETA- consiste en publicar en Internet información en manos del sector público para promover la búsqueda, descarga, uso, análisis, reutilización y redistribución de los datos. La publicación de datos debe respetar estándares definidos internacionalmente. La información publicada debe ser de datos primarios recolectados directamente de las fuentes; con formato de presentación de datos de libre acceso". Y la abogada y master en Derecho Internacional Sandra Elena, responsable del Programa de Justicia del Cippec, es contundente: "cuanto más corto es un proceso, más se achican las posibilidades de corrupción".

En esa dirección, Bellomío señaló que se pudo detectar la maniobra contra la Dipsa "gracias a los cambios implementados en el sistema informático, en los controles". Sobre el polémico servicio de control de taxis, anticipó la instalación en puntos estratégicos de la ciudad de un sistema de detección tecnológica por visores semejantes a los de los peajes. "El vehículo tendrá un código, y eso se leerá directamente en una máquina, sin intervención de la subjetividad del inspector", explicó.

Entre las nuevas herramientas administrativas, los municipales destacan el home bankingy demás canales recaudatorios y de ejecución de trámites que reducen pasos burocráticos y que minimizan la presencia de intermediarios humanos.

Lo que los foristas de LA GACETA cuestionan desde su práctica cotidiana tiene su base científica. "Hay estudios como el Doing Business, del Banco Mundial, que demuestran esta correlación entre la posibilidad de corrupción, la cantidad de pasos y la opacidad (falta de transparencia) en la realización de los trámites para conseguir determinada licencia o habilitación", afirma la investigadora del Cippec. Elena añade que también deben estar colgados, por ejemplo, todos los pasos de una licitación pública, incluidas las preguntas y los cuestionamientos que se hacen durante el proceso, así como las respuestas que se dan desde el Estado.

Stalker remata: "lo más interesante es que el libre uso de esas tecnologías permite participar en las decisiones públicas más diversas: desde el pedido por una línea de ómnibus hasta la audiencia pública por un tema ambiental". Cualquier parecido con las necesidades de los tucumanos no es pura casualidad.