Con 71 votos afirmativos y ninguna abstención, el Senado de la Nación convirtió en ley la actualización del régimen de discapacidad. La iniciativa, impulsada para consolidar derechos de manera permanente y brindar mayor previsibilidad tanto a los beneficiarios como a los prestadores, dejó de lado el pedido opositor de prorrogar la emergencia en el sector. En su lugar, establece un marco normativo estructural con financiamiento identificado, mecanismos de control y coordinación federal, reafirmando las prestaciones básicas contempladas en la Ley 24. 901.
Uno de los pilares centrales de la reforma actualiza el esquema de pensiones no contributivas por invalidez laboral y discapacidad, incorporando expresamente a las personas imposibilitadas para trabajar y precisando los requisitos de residencia, ingresos y evaluación socioeconómica. El texto sancionado fija que el haber de estas pensiones equivaldrá al 70% de la jubilación mínima garantizada y ofrecerá con actualización automática según la normativa previsional. Además, en un paso clave hacia la inclusión laboral, establece la compatibilidad entre el cobro de la pensión y el empleo formal, siempre que los ingresos del trabajador no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.
Por unanimidad, el Senado sancionó la nueva ley de discapacidad: qué cambia y cuáles son los beneficios que garantizaEn el plano financiero y sanitario, la ley blinda la sostenibilidad del sistema al obligar a que los futuros presupuestos nacionales contemplen recursos suficientes y prohibe que el ingreso por beneficiario se reduzca en términos reales respecto del año anterior. Asimismo, faculta al Poder Ejecutivo a realizar adecuaciones de partidas en caso de insuficiencia de fondos y garantiza a los titulares de pensiones el acceso pleno a un programa de atención médica integral.
La nueva legislación incorpora además fuertes exigencias en materia de transparencia, gestión federal y formación profesional. Por un lado, instituye un régimen de auditorías periódicas sobre las pensiones otorgadas y obliga al Estado a publicar de manera regular y en formatos abiertos los datos sobre ejecución presupuestaria, aranceles y padrón de beneficiarios. Por otro lado, refuerza la articulación entre la Nación y las provincias a través de una mesa permanente entre la Secretaría Nacional de Discapacidad y el Consejo Federal de Discapacidad (Cofedis), al tiempo que establece la capacitación obligatoria para todo el personal de las instituciones prestadoras.
Patricia Bullrich celebró la aprobación de la ley de discapacidad y destacó los cambios: “Damos respuestas”Finalmente, la norma dispone que el Poder Ejecutivo publique un cronograma para cancelar las compensaciones pendientes con los prestadores del sistema.
Durante el debate en el recinto, la presidenta de la Comisión de Salud, Ivanna Arrascaeta, defendió el enfoque estructural de la iniciativa frente a la alternativa de declarar la emergencia en el área. Al fundamentar el voto oficialista, la legisladora subrayó la necesidad de contar con normas estables y recursos claros. “Nosotros creamos en las reglas permanentes, previsibles y con financiamiento identificado”, dijo. En esa misma línea, advirtió que “cuando una prestación depende de una partida que nadie identifica queda ligada a la voluntad de otro”, destacando especialmente los artículos destinados a fortalecer las auditorías y el control estatal.
La oposición
Desde la bancada opositora, el senador Eduardo “Wado” De Pedro acompañó la sanción de la norma aunque cuestionó con dureza el trasfondo político y la demora del oficialismo en abordar la problemática. El legislador ironizó sobre el momento elegido para impulsar el debate: “Sorprende que a tres años de un gobierno estamos discutiendo una temática tan humana, básico y cuando miras los últimos proyectos que manda el Ejecutivo o escuchamos las palabras del Presidente, podemos advertir que lo único que le preocupa es su reelección”.
El mensaje de León XIV resonó en la Legislatura en un debate vinculado a discapacidadEn su intervención, De Pedro sostuvo que el respaldo oficialista al proyecto responde a un cálculo electoral y contradice el discurso previo de la gestión nacional. “Como el único objetivo que tiene el Gobierno es la reelección, empezamos a ver gestos como estos que avalan una media sanción, un proyecto de ley y borrarán todo lo que vienen diciendo”.