Estela Chávez fue detenida el 8 de octubre en un supermercado de cadena en San Fernando, cuando intentaba ocultar un pedazo de carne entre su ropa. La jubilada no llegó a cruzar la línea de cajas. Permanece alojada en una alcaidía de Chacarita, en condiciones precarias, sin recibir visitas y con problemas de salud. Su familia reclama que le concedan la libertad.

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Estela Chávez tiene más de 65 años, seis hijos y cobra la jubilación mínima. Vive en una casa de un barrio popular de San Fernando junto a una de sus nietas. Durante buena parte de su vida trabajó en casas particulares, donde realizaba tareas de limpieza. Iba de un domicilio a otro y, en algunos casos, debía descontar de sus ingresos el costo del transporte. Con el tiempo, los gastos comenzaron a superar sus posibilidades y el esfuerzo físico se volvió cada vez más difícil de sostener. Finalmente, dejó de trabajar y accedió a una jubilación mediante la moratoria previsional, antes de que venciera ese régimen.

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Desde hace más de un mes, sin embargo, no puede volver a su casa. Tampoco pudo ver a su nieta ni a ninguno de sus hijos. Está detenida en la Alcaidía N.º 15, ubicada en Chacarita, junto al Parque Los Andes, acusada de tentativa de hurto por un episodio ocurrido el 8 de octubre en un supermercado de una cadena francesa.

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Las cámaras de seguridad registraron el momento en que intentaba ocultar un corte de carne entre sus prendas. Los guardias de seguridad la interceptaron cuando todavía estaba en la fila de las cajas. Nunca llegó a cruzar la línea de pago ni a salir del establecimiento. Después llegó la Policía y comenzó un proceso judicial que, más de 30 días después, todavía la mantiene privada de su libertad.

Mariano Franco, su hijo menor, es uno de los familiares que una vez por semana se acerca hasta la alcaidía para llevarle ropa limpia, retirar la que tiene puesta y dejarle algo de comida y elementos de higiene. No puede visitarla. La dependencia está destinada a alojar transitoriamente a personas detenidas mientras se resuelve su situación procesal, pero Estela lleva allí más de un mes.

La causa, identificada como CCC 52837/2026, tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 25. La defensa está a cargo de la Defensoría Pública Oficial N.º 15. Según los planteos vinculados con el expediente, el delito que se le atribuye es una tentativa de hurto, figura que contempla una pena reducida. Además, el Código Procesal Penal establece plazos para resolver la situación procesal de las personas indagadas.

El caso presenta una particularidad: la causa de Estela habría quedado vinculada con otro expediente de 2025, también relacionado con un presunto intento de sustraer alimentos de un supermercado. En ambos episodios, según los antecedentes mencionados, el hurto no llegó a consumarse.

El hecho más reciente ocurrió el 8 de octubre, pero la prisión preventiva fue dictada recién el 26 de ese mes, después de que el Mecanismo Local para la Prevención de la Tortura de la Ciudad de Buenos Aires tomara contacto con el juzgado y con la defensa. Cinco días antes, el 21 de octubre, Estela había sufrido una infección urinaria. Para recibir atención médica y conseguir un antibiótico tuvo que comunicarse con su defensor y gestionar un traslado. El 3 de noviembre volvió a necesitar asistencia médica y debió repetir el mismo procedimiento.

Las condiciones de detención también generan preocupación. Estela comparte una celda con otras cinco mujeres y, según relató su hijo, tiene problemas pulmonares que se agravaron por la exposición al humo de cigarrillo dentro del lugar.

“Mi mamá ya pagó, no entiendo por qué la tienen ahí. Está con problemas pulmonares porque todas sus compañeras fuman adentro. Está en una celda con otras cinco personas. La semana pasada se descompuso de nuevo y, por suerte, conseguimos que la llevaran al médico”, contó Mariano.

El hijo de Estela también atraviesa una situación económica complicada. Trabaja como bachero y ayudante de cocina, pero acaba de quedarse sin empleo. Mientras intenta conseguir otro trabajo y reparte currículums, debe ocuparse de las necesidades de su madre y seguir de cerca una causa judicial que no termina de resolverse.

Las condiciones de las alcaidías, bajo la lupa

La situación de Chávez se inscribe en un contexto que ya había sido advertido por el Mecanismo Local para la Prevención de la Tortura. En un informe de 2025 sobre las condiciones de detención de las mujeres en las alcaidías porteñas, el organismo señaló un aumento tanto en la cantidad de personas alojadas como en el tiempo que permanecían en dependencias concebidas para estadías de entre 24 y 72 horas.

El relevamiento describió instalaciones precarias, construidas con materiales que no reúnen las condiciones necesarias para sostener la vida cotidiana. Entre otras dificultades, mencionó la falta de infraestructura para lavar y secar la ropa, además de problemas vinculados con el acceso al agua, la exposición al sol y la atención sanitaria.

De acuerdo con ese documento, la mitad de las mujeres relevadas había permanecido más de 20 días en las alcaidías. También se registraron casos de detenciones que superaron los 180 días.

En ese escenario, la familia de Estela reclama que se revise su situación y que pueda recuperar la libertad. Mariano asegura que le habían anticipado que su madre sería liberada, pero los días siguen pasando sin una resolución que permita su regreso a casa.

“Mi mamá ya pagó, no puede seguir quedando ahí adentro. Me prometieron que le iban a dar la libertad, pero siguen pasando los días. Además, hay gente con otras causas, mucho peores, que no está como ella. Eso se ve todos los días”, sostuvo.