El escándalo financiero desatado por el colapso del Ueno Bank sacudió los cimientos del gobierno paraguayo y se cobró a su primera víctima de peso. El ministro del Interior, Enrique Riera Escudero, renunció a su cargo a través de una carta presentada ante el Poder Ejecutivo, horas después de que el presidente Santiago Peña aceptara comparecer ante la Justicia en un eventual juicio político.

La salida del funcionario fue oficializada mediante el Decreto N.º 7199, que le agradeció por los servicios prestados y nombró como reemplazante interino al viceministro de Seguridad Interna, Carlos Humberto Benítez González.

Con esta dimisión, Riera recupera su banca en el Senado, justo antes de la sesión pautada para este viernes a las 10 de la mañana, donde se decidirá si se avanza con un juicio político contra el jefe de Estado.

Escándalo en Paraguay: Santiago Peña ejerce su defensa en el juicio político

Horas antes de dejar el cargo, el ya exfuncionario había sido el encargado de entregar en el Congreso la carta por la cual Peña presentaba su dimisión al frente del Poder Ejecutivo. Sin embargo, el Poder Legislativo no aceptó ese recurso, ante la sospecha de que el mandatario buscaba obtener una banca en la Cámara alta que le permitiera evitar ser llevado ante la Justicia por los fueros.

Con su regreso al Senado como titular del Partido Colorado, Riera reemplaza a su suplente en ejercicio, Ramón Catalino Retamozo Delgado, quien ocupaba el escaño desde que el primero asumió como ministro.

El origen de la crisis en Paraguay

El terremoto político comenzó el martes pasado, cuando el Banco Central de Paraguay dispuso la resolución de Ueno Bank. Esta medida paralizó la actividad de la entidad e impidió a sus clientes retirar dinero o realizar transferencias, lo que desató protestas de ahorristas en Asunción y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

La magnitud del colapso es enorme: el banco reunía a más de tres millones de clientes, un número que equivale a casi la mitad de la población del país, y administraba alrededor de U$S850 millones de dólares en fondos públicos. De ese total, unos 380 millones pertenecían al Instituto de Previsión Social, el organismo responsable de las jubilaciones y la cobertura sanitaria.

El ente regulador detectó problemas de solvencia y créditos otorgados a compañías vinculadas al mismo grupo económico por encima de los límites autorizados.

El escándalo salpicó directamente a Peña debido a su participación accionaria en Ueno Holding hasta marzo de 2025. La Fiscalía inició una investigación para determinar su posible responsabilidad en el caso.

En un giro político significativo, Horacio Cartes, líder del Partido Colorado y antiguo aliado del presidente, respaldó su juzgamiento, lo que evidencia la profunda fractura interna dentro del oficialismo mientras el país aguarda la definición del Congreso sobre el futuro del mandatario.