El cierre de la causa $Libra contra Javier Milei, su hermana Karina y el resto de los acusados se resolvió en apenas 26 horas desde la presentación del dictamen fiscal que recomendó no continuar con la investigación. 

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi firmó los sobreseimientos el viernes pasado, un día después de recibir el escrito del cuestionado fiscal Eduardo Taiano, cuyo contenido hasta entonces no se conocía.

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El dictamen del fiscal lleva la firma del jueves a las 11.32, mientras que la resolución judicial fue suscripta el viernes a las 14.29. La sentencia ya estaba redactada al menos desde las 13.30 de ese día, cuando la firmó el secretario de la causa.

Según fuentes del juzgado, Taiano le había anticipado a Martínez de Giorgi que presentaría su dictamen. El juez, de acuerdo con esas fuentes, decidió dejar firmada la resolución ese mismo viernes porque tenía un viaje programado, consignó la periodista Paz Rodríguez Niell en una publicación del diario "La Nación".

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El fallo, de 60 páginas, se apoyó fundamentalmente en el dictamen fiscal, que consta de 58 hojas. Sin embargo, el magistrado no se limitó a señalar que, sin impulso de la fiscalía, no podía avanzar con el expediente: también revisó las pruebas reunidas y analizó las figuras penales atribuidas al Presidente, a su hermana y a los demás imputados.

Inversores buscan revertir el cierre

Tras el sobreseimiento, los cinco inversores que fueron apartados de la causa intentan recuperar su condición de querellantes para intervenir como acusadores particulares. Su expectativa está puesta en la Cámara Federal de Casación, que deberá resolver primero si admite el recurso presentado contra la decisión que les impidió continuar en esa condición.

El juez había retirado a los presuntos damnificados ese carácter el 3 de julio pasado, después de que lo tuvieran desde el 20 de marzo de 2025. La decisión fue confirmada el 4 de septiembre por la Sala I de la Cámara Federal.

En ese contexto, Juan Patricio Marchetto presentó un pedido de pronto despacho para acelerar la definición de Casación. El inversor, patrocinado por los abogados Juan Grabois y Nicolás Rechanik, también apeló el cierre de la causa, con cuestionamientos al procedimiento seguido por el juez y el fiscal.

En su presentación, Marchetto objetó que Taiano no hubiera esperado los resultados de medidas de prueba que el propio fiscal había ordenado y que todavía estaban en trámite. Entre ellas, mencionó peritajes pendientes de ampliación y testimonios de personas vinculadas con hechos relevantes para la investigación.

“Al momento de dictarse el sobreseimiento existían medidas ya ordenadas y todavía en curso, peritajes pendientes de ampliación y personas directamente vinculadas con acontecimientos relevantes que ni siquiera habían sido escuchadas”, sostuvo.

Para el inversor, existe una contradicción entre mantener diligencias destinadas a reconstruir movimientos de activos y relaciones económicas entre los protagonistas y, al mismo tiempo, concluir que no quedan posibilidades razonables de atribuir relevancia penal a los hechos.

También señaló que seguía pendiente la ampliación del análisis de los dispositivos de Orlando Mellino y Camilo Rodríguez Blanco, un jubilado argentino y un trader colombiano que recibieron U$S 5millones de Hayden Davis.

“El sobreseimiento no puede convertirse en el mecanismo mediante el cual se declare irrelevante aquello que la propia investigación todavía no terminó de investigar”, afirmó.

Los argumentos del fiscal

En su dictamen, Taiano dedicó 40 páginas a repasar las pruebas incorporadas al expediente y luego examinó la relación de los acusados con los delitos que se les atribuían. Su conclusión fue que no existía sustento fáctico para seguir adelante con la investigación.

Respecto de Karina Milei, el fiscal recordó que los denunciantes sospechaban que había recibido dinero para facilitar reuniones del mandatario libertario con los empresarios extranjeros Hayden Davis, Julian Peh y Bartosz Lipinski. Sin embargo, sostuvo que las pruebas reunidas no permitieron acreditar esa hipótesis.

Taiano argumentó que una imputación penal no puede basarse en suposiciones o inferencias sin respaldo y señaló que no se había probado un intercambio indebido ni una conexión entre un beneficio ofrecido o pactado y una actuación funcional concreta.

Con relación a la presunta estafa atribuida a Javier Milei y los demás acusados, el fiscal consideró que no estaban configurados los elementos necesarios para sostener ese delito.

Entre sus argumentos, señaló que el proyecto existía, que el token había sido lanzado, que el ecosistema blockchain era real, que las empresas participantes tenían existencia concreta y que las operaciones se realizaron públicamente mediante herramientas abiertas y trazables.

Según Taiano, las discusiones sobre la conveniencia económica del proyecto, su resultado posterior o los riesgos de comprar el token no bastaban para considerar que los hechos constituían una estafa.