“Prefiero buenos jueces, aunque tengamos malas leyes”. La frase de Catalina Botero, ex relatora para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sintetizó uno de los debates más relevantes de la Asamblea de la SIP: el papel de la Justicia como garante de la libertad de expresión frente a las crecientes presiones del poder político.
Botero compartió el panel con Nancy Hernández, presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y Natalia Ángel Cabo, vicepresidenta de la Corte Constitucional de Colombia. La conversación fue moderada por Ana Bejarano, codirectora de la organización El Veinte.
Las conclusiones de la Asamblea de la SIPLas tres juristas coincidieron en que la libertad de prensa y la independencia judicial enfrentan amenazas que se potencian mutuamente. Los ataques contra periodistas, las presiones sobre los tribunales y el uso abusivo de herramientas legales forman parte de un mismo proceso de deterioro institucional.
Censura
Botero advirtió que muchas de las formas actuales de censura ya no consisten en prohibiciones explícitas, sino en la utilización de los tribunales para intimidar a quienes investigan al poder. Demandas civiles, querellas por injurias y calumnias e incluso acusaciones penales por delitos ajenos a la actividad periodística se utilizan para castigar investigaciones de interés público.
“No hay nada más barato que demandar a un periodista. Defenderse es carísimo y dificilísimo”, afirmó. La jurista defendió las llamadas leyes anti-slapp, destinadas a frenar demandas abusivas que buscan silenciar a periodistas mediante su desgaste económico y emocional.
Emilio García-Ruiz, el paracaidista del periodismoNancy Hernández recordó que la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha construido durante décadas un sistema de garantías que incluye la prohibición de la censura previa, la protección de las fuentes, el acceso a la información pública y una protección reforzada de los discursos sobre asuntos de interés público.
También destacó los estándares desarrollados frente a los discursos estigmatizantes de las autoridades y la obligación estatal de investigar las agresiones contra periodistas.
Bajo ataque
Natalia Ángel Cabo advirtió que los magistrados padecen presiones semejantes a las que enfrentan los medios. “No solo la prensa está siendo atacada; los jueces también estamos siendo atacados y nuestras decisiones están siendo puestas en entredicho”, señaló.
El periodismo y el clima de negociosLa magistrada colombiana insistió en que los tribunales deben reconocer la posición preferente de la libertad de expresión en las democracias y evitar que los mecanismos judiciales de protección de derechos se conviertan en instrumentos para silenciar voces críticas.
“Avanzar en derechos es dificilísimo, pero perderlos puede ser muy sencillo”, advirtió.
Asunto central
La discusión dejó planteada una cuestión central: ¿qué protege mejor la libertad de expresión, las buenas leyes o los buenos jueces? Para Botero, la independencia, la formación y el carácter de los magistrados pueden resultar más decisivos que la calidad de las normas. Las mejores leyes se vuelven ineficaces cuando quienes deben aplicarlas carecen de autonomía frente al poder.
Las caras de la desgracia según Abad ColoradoLa conclusión del encuentro fue que la libertad de prensa, la independencia judicial y la democracia integran un mismo ecosistema. Cuando una de ellas se debilita, las otras quedan expuestas. Proteger a quienes informan exige también preservar la independencia de quienes deben garantizar sus derechos.