Un docente denunció penalmente a parte del personal policial de la Comisaría de El Chañar por una presunta extorsión durante un procedimiento. Según la presentación realizada por los abogados del damnificado, los efectivos lo habrían privado de su libertad, lo habrían amenazado con vincularlo a una causa por drogas y le habrían exigido dinero para evitar consecuencias laborales y judiciales.

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Siguiendo la denuncia, el hecho ocurrió el pasado 4 de agosto. Cerca de las 20.30, el docente E.L había terminado su jornada laboral en la Escuela Normal y contrató un traslado particular para regresar a su domicilio en la localidad de Macomitas, Burruyacu. Alrededor de las 21.15, cuando circulaba en un Chevrolet Corsa blanco, una camioneta policial interceptó el vehículo en la ruta. Según relató el docente, dos efectivos descendieron del móvil, uno joven y otro mayor, pero ninguno se identificó.

Extorsión

“Ninguno de los dos efectivos pudo explicar en ese momento, ni en ningún momento posterior, el motivo real por el cual habían detenido a los ocupantes del vehículo ni por qué disponían su demora. Fue en ese contexto de absoluta orfandad de motivos que el efectivo más joven señaló al denunciante un lugar próximo a la palanca de cambios y afirmó haber hallado unos envoltorios, sin exhibirlos de manera fehaciente, sin practicar pesaje ni prueba de campo alguna, sin confeccionar acta de secuestro, sin dar intervención a la fuerza especializada en estupefacientes y sin activar protocolo legal específico alguno”, explicaron los abogados de E.L, Macario Santamarina y Gonzalo Ascárate. Seguidamente trasladaron a los dos ocupantes hasta la Comisaría de El Chañar.

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Una vez en la dependencia, de acuerdo con la presentación judicial, el conductor del automóvil fue apartado y los policías comenzaron a exigirle dinero a E.L. La suma inicial habría sido de $10 millones, aunque luego se redujo a $8 millones.

“Los efectivos advirtieron al denunciante que, de no entregar dinero su nombre, aparecería vinculado a un procedimiento por drogas en los medios de comunicación, que perdería su empleo como docente y que no volvería a conseguir trabajo en el ámbito educativo”, informaron los representantes legales. Además le habrían dicho que conocían su domicilio y sus rutinas.

Al no contar con la suma pedida, los policías tomaron el celular de la víctima, ingresaron a su aplicación del Banco Macro y, al constatar un saldo de $2.600.000, le habrían exigido $2.500.000.

Bajo custodia de uno de los efectivos, E.L fue llevado hasta un cajero automático donde extrajo $1.000.000, correspondiente al límite operativo disponible, y se lo entregó en efectivo al policía. Luego, siguiendo la denuncia penal, el mismo efectivo tomó el teléfono del docente y realizó una transferencia por $1.500.000 a una cuenta de Mercado Pago que pertenecería a un tercero.

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Después de concretar el pago, los policías habrían obligado a E.L a firmar un acta de demora. El docente denunció que no pudo leerla en su totalidad y que tampoco recibió una copia. Además informó que durante el procedimiento sufrió una crisis hipertensiva, con cefalea, mareos y náuseas, sin que recibiera asistencia médica. Al regresar a su domicilio, habría registrado una presión arterial de 19/8 por lo que tuvo que recibir medicación de urgencia, duplicar su dosis habitual de antihipertensivos y posteriormente iniciar tratamiento psicológico por estrés postraumático.

Pedido de investigación

Santamarina y Ascárate solicitaron que el personal policial sea investigado por la Fiscalía de Delitos Complejos por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por abuso funcional, apremios ilegales y vejaciones, extorsión y falsificación de instrumento público.

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Para acreditar los hechos, los abogados requirieron en la presentación realizada en la Justicia que se incorporen el comprobante de la transferencia de $1.500.000 realizada a la cuenta del tercero involucrado y las capturas de pantalla correspondientes a las extracciones por $1 millón, los registros de las cámaras de seguridad de las inmediaciones de la comisaría de El Chañar, que se libren oficios al Banco Macro para obtener registros fílmicos de los cajeros y geolocalización, y a Naranja X y a Mercado Pago para reconstruir los movimientos de dinero y determinar el destino de los fondos.

También solicitaron que todo el personal policial que se encontraba de guardia en la dependencia en el horario señalado sea citado para una rueda de reconocimiento y le pidieron a la Policía de Tucumán la nómina de los efectivos que estaban de servicio, sus legajos y los antecedentes de denuncias similares registradas en esa comisaría.

Por último, pidieron que se dicte una prohibición de acercamiento de 200 metros para el personal policial de la Comisaría de El Chañar que pudiera estar involucrado y que el Superior Gobierno de la Provincia sea demandado en el ámbito civil por la responsabilidad que, según los denunciantes, le correspondería por el accionar de sus dependientes.