La Justicia provincial avanzó en las últimas horas con órdenes de allanamiento y registro en los domicilios de dos estudiantes que ingresaron armados a sus respectivos establecimientos educativos. Si bien los involucrados tienen 14 y 12 años y resultan inimputables conforme al actual régimen penal juvenil, las medidas dispuestas apuntan de lleno a determinar la responsabilidad penal y civil de los padres o adultos a cargo en la custodia, procedencia y tenencia de las armas de fuego.
La intervención judicial está encabezada por la Unidad Fiscal Criminal N.º 1, bajo las directivas del fiscal Ernesto Salas López y del auxiliar fiscal Elías Acuña. Las resoluciones que autorizan el ingreso de la fuerza pública a los inmuebles fueron firmadas por la titular del Juzgado Penal de Niños, Niñas y Adolescentes del Centro Judicial Capital, Ana María Iácono.
En ambas resoluciones, la magistrada subrayó que la condición de no punibilidad de los menores no extingue ni detiene la investigación preparatoria, la cual tiene el deber de individualizar a todas las personas mayores que pudieran haber intervenido en la facilitación, guarda o tenencia antirreglamentaria del material balístico.
Tensión en una escuela de Alderetes: funcionarios del Gobierno analizaron el caso de la alumna que llevó un arma a clasesEl primero de los hechos ocurrió el 25 de agosto en la Escuela Secundaria Congreso de Tucumán, ubicada en la calle Congreso al 600 de la capital. Alrededor de las 14, mientras un docente evaluaba a alumnas de 3° año en el aula, se produjo una detonación que provocó alarma generalizada. Aunque inicialmente el estudiante involucrado, de 14 años, sostuvo que se trataba de un petardo de pirotecnia, la intervención directiva y la posterior exhibición de videos grabados por otros compañeros derivaron en la entrega voluntaria del arma que llevaba entre sus ropas: un revólver doble acción calibre .38 marca Taurus. En el recinto se encontró un proyectil, y se constató un impacto debajo del pizarrón.
En el marco de esta causa, el menor dijo haber sustraído el revólver a la pareja de su madre, versión que fue ratificada por la mujer al presentarse en la escuela. No obstante, al constatarse en actuaciones policiales la existencia de registros fílmicos donde se observaría al adolescente manipulando otras armas -entre ellas una pistola calibre 9 mm-, la fiscalía solicitó el registro de la vivienda familiar ubicada en inmediaciones del parque Guillermina. La medida fue ejecutada por personal de la Comisaría Seccional 2° con la orden de secuestrar cualquier tipo de arma de fuego y municiones.
En Alderetes
El segundo episodio tuvo lugar durante la mañana de ayer en la Escuela Media de Los Gutiérrez, en la localidad de Alderetes. Directivos y personal de la institución fueron advertidos por tutores y alumnos de que una estudiante de 1° año, de 12 años, se encontraba armada en el curso. Al ser apartada a la Dirección para la revisión de sus pertenencias, se descubrió que portaba en el bolsillo delantero de su buzo un revólver calibre .22 marca Bagual, el cual contenía en su tambor seis cartuchos y dos vainas servidas.
En este caso, la menor fue derivada preventivamente al Centro de Admisión y Derivación (CAD) y luego restituida a sus progenitores. Tras el procedimiento, el padre de la niña se identificó como personal policial dependiente de la Dirección General de Prevención Ciudadana. A partir de este contexto, la Fiscalía dispuso actuaciones para comprobar si en el inmueble existían otros elementos balísticos al alcance indebido de los menores convivientes.
Armas en las escuelas de Tucumán: el desafío de escuchar y actuar antes de que sea tardeAnte este escenario, la jueza Iácono autorizó a la Comisaría de Alderetes a allanar la morada familiar situada en la jurisdicción de Alderetes. La orden judicial fijó la búsqueda y secuestro estricto de todo tipo de armamento y municiones existentes, así como la requisa personal de los moradores y el registro vehicular en el predio. Con estas medidas procesales, la Justicia busca dilucidar cómo llegaron armas de grueso y pequeño calibre a manos de menores en ámbitos escolares y si los progenitores incurrieron en delitos tipificados en el artículo 189 bis del Código Penal por la omisión de recaudos en la custodia o la falta de autorización legal para su tenencia. Según la legislación, si un menor de edad porta o utiliza un arma de fuego que pertenece a un adulto o que estaba en su hogar, el mayor puede ser imputable por conductas delictivas propias tipificadas en el Código Penal de la Nación Argentina, como el mencionado artículo 189 bis: Entregar un arma de fuego a un menor de edad (quien legalmente no puede ser tenedor ni legítimo usuario) se castiga de manera directa con penas de prisión. Al mismo tiempo, si el adulto facilitó el arma con conocimiento de que el menor cometería un delito, o si lo indujo a hacerlo, es considerado partícipe o instigador. Además, la ley argentina cuenta con un agravante: cualquier delito cometido con la intervención de menores de 18 años incrementa la escala penal en un tercio para los mayores que hayan participado. A diferencia de la órbita penal, en el ámbito civil los padres sí responden plenamente por los hechos de sus hijos menores. De acuerdo al Código Civil y Comercial de la Nación los progenitores son solidariamente responsables por los daños y perjuicios que causen los hijos que se encuentren bajo su responsabilidad parental. Esto implica pagar indemnizaciones económicas e incluso absorber los costos de los operativos públicos de emergencia o sanitarios desplegados a raíz del incidente.
Alderetes: una adolescente de 12 años llevó un revólver cargado con seis balas a la escuela y dijo que la habían amenazadoHasta el cierre de esta edición no se había informado si en los domicilios se habían encontrado armas.