En un fallo clave que redefine la supervisión sobre el fútbol argentino, la Cámara Civil convalidó el traslado de la sede social de la AFA a la localidad de Pilar. Con esta decisión, la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia deja de estar bajo la jurisdicción de la Inspección General de Justicia (IGJ) de la Capital Federal y pasa a ser fiscalizada por la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires.
El tribunal no solo ratificó el cambio de domicilio resuelto en la Asamblea de 2024, sino que también declaró nula la resolución del Ministerio de Justicia que designaba veedores en la institución.
La AFA había judicializado esta medida al calificarla como un avance “ilegítimo” con una “finalidad política ajena a la ley”.
La nueva resolución judicial
El fallo de la Cámara destacó que la IGJ carece de facultades para revisar decisiones tomadas por su par bonaerense. "Si un organismo provincial emite un acto administrativo válido, goza de la misma eficacia que los actos nacionales", argumentaron los magistrados.
El tribunal remarcó que la fiscalización ahora corresponde exclusivamente a la jurisdicción de la provincia gobernada por Axel Kicillof. Además planteó que “si un organismo público provincial emite un acto administrativo, en tanto no resulte impugnado, goza de la misma validez que los actos de los organismos nacionales o federales en su órbita de competencia”.