La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, escuchó los reclamos de cuatro gobernadores preocupados por el avance del narcotráfico en el NOA. Los asistentes al encuentro contaron que anotó todo y se llevó esa lista a Buenos Aires. Sin embargo, no hubo definiciones concretas sobre plazos, inversión ni herramientas para revertir el problema. Por esa razón, muchos recordaron lo sucedido en un Consejo de Seguridad Interior realizado en Tucumán, en febrero de 2020. En aquella reunión, el entonces gobernador Juan Manzur le dijo a la entonces ministra Sabrina Frederic: “Tenés que poner a alguien que los escuche, los atienda, y después hacemos lo que nosotros queremos”. La frase volvió a circular entre algunos asistentes porque sintieron que, otra vez, hubo escucha, diagnóstico y pocas precisiones.

El viernes se desarrolló en la Casa de Gobierno el primer Consejo de Seguridad Interior NOA. El tema central era comenzar a delinear políticas para hacer frente al tráfico de drogas en este sector del país. El anfitrión, Osvaldo Jaldo, gestor del encuentro, junto a Gustavo Sáenz y Carlos Sadir, planteó la necesidad urgente de que la Nación implemente un sistema de radarización en la región. También se expusieron otras dos cuestiones inesperadas: los problemas salariales y de cobertura médica que sufren los efectivos de las fuerzas federales. Los mandatarios entienden que esa es una de las principales razones por las que crecen los casos de corrupción y el relajamiento en los controles.

La respuesta

Monteoliva, después de escuchar los planteos de los gobernadores, tanto en el encuentro a puertas cerradas como en el acto formal, recogió el guante y planteó cuál es el escenario actual. Advirtió que “el NOA es un área crítica” porque “por acá pasan las rutas del tráfico, se procesan precursores y se distribuye cocaína hacia el resto del país y hacia los mercados internacionales”. Además, aseguró que “mirar para otro lado no es una opción”.

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En materia de resultados, la ministra señaló que, a nivel nacional, en los últimos dos años se incautaron más de 25 toneladas de cocaína, superando lo decomisado durante los cuatro años de la gestión anterior. Asimismo, destacó que el NOA concentró el 68% de toda la cocaína secuestrada a nivel federal y que las incautaciones de drogas sintéticas en la región crecieron un 787% en comparación con el período previo.

Aquí se produjo el primer quiebre. Los números oficiales no son de acceso público y, además, no contemplan los secuestros realizados por las fuerzas provinciales. Por esa razón, resulta difícil evaluar con precisión el verdadero alcance del fenómeno y medir si las políticas implementadas están dando resultados. El aumento de los decomisos puede interpretarse como una mejora en los controles, pero también como un indicio de un mayor flujo de droga circulando por la región.

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Al día siguiente del encuentro, el diario El Tribuno publicó una entrevista al interventor de Aguas Blancas, la zona más caliente de la frontera salteño-boliviana. “Estamos al lado de un país que fabrica unas 400 toneladas de cocaína anuales y, si la ministra de Seguridad reconoció que el año pasado se incautaron apenas siete toneladas, hay una enorme cantidad que pasó por los puertos argentinos sin ser detectada”, razonó el funcionario, que conoce de cerca lo que sucede en esos lares.

¿Y los vuelos narcos?

Monteoliva también habló sobre los planes que tiene la Nación para detectar vuelos narcos, una preocupación central de los gobernadores de la región. Recordó que se está coordinando el despliegue del Programa Colibrí, una iniciativa de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), financiada por la Unión Europea y orientada a combatir vuelos clandestinos y detectar pistas ilegales. Sin embargo, no precisó cuándo se implementará plenamente ni qué alcance tendrá en el NOA.

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“Nos enroscaron una víbora”, resumió gráficamente un jefe policial de otra provincia al describir las exposiciones realizadas a puertas cerradas por las autoridades nacionales. Uno de los datos que más impacto generó fue la revelación de que, en los últimos tiempos, se detectaron más de 190 vuelos clandestinos, pero en menos de 10 casos se secuestró droga, varios de ellos luego de accidentes o aterrizajes forzosos.

Las autoridades nacionales también utilizaron como ejemplo los procedimientos realizados en Santa Fe, donde se secuestraron más de 700 kilos de cocaína transportados en avionetas. “Las estábamos esperando”, sostuvo la funcionaria. Sin embargo, esos operativos no se concretaron gracias al sistema de radarización. Fueron el resultado de investigaciones judiciales sobre organizaciones criminales. Incluso, según trascendió, la DEA aportó el número de teléfono de un sospechoso, lo que permitió intervenir comunicaciones y avanzar sobre la estructura.

Monteoliva también habló del avance de organizaciones criminales internacionales. Sostuvo que la única manera de enfrentarlas es recuperando el dominio territorial. Insistió en la necesidad de trabajar en bloque regional y adelantó que se avanza en la firma de convenios, aunque no precisó cuáles ni con qué objetivos.

Sin inversión

“El futuro nos está ganando”, resumió un ex investigador y actual funcionario de una provincia del NOA que desde hace más de 20 años participa en la lucha contra el narcotráfico. Con esa frase describió cómo las organizaciones criminales incorporan tecnología para perfeccionar el tráfico de drogas, mientras las fuerzas de seguridad siguen utilizando sistemas obsoletos.

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En la reunión a puertas cerradas se explicó cómo funciona actualmente el control de vuelos clandestinos. Cuando los radares detectan una aeronave sospechosa, se busca a la unidad de Gendarmería Nacional más cercana para intervenir. Desde allí se asigna un equipo que sigue el rastro de la avioneta. La respuesta más rápida registrada en los últimos casos fue de tres horas, tiempo suficiente para que los narcos descarguen la droga y desaparezcan.

Hubo otro punto que también generó preocupación. Especialistas señalaron que traficantes y contrabandistas comenzaron a utilizar equipos de Starlink, que les permiten tener conexión permanente a internet para comunicarse en cualquier lugar. Además, las organizaciones más importantes cuentan con teléfonos satelitales. “El problema es que las fuerzas no tienen esos sistemas. Van al monte y quedan incomunicados. Realizan procedimientos jugados porque a ninguna banda le gusta perder cargamentos millonarios”, explicó un experimentado pesquisa. “Es increíble: hace más de 30 años Pablo Escobar ya utilizaba estas herramientas y todavía seguimos sin tenerlas”, añadió.

Jaldo y Sáenz coincidieron en señalar que las provincias no tendrían inconvenientes en colaborar económicamente para adquirir tecnología. Mientras eso ocurre, la “motosierra” de la Nación continúa impactando sobre los fondos destinados a los programas de lucha contra el narcotráfico. Monteoliva no sólo regresó a Buenos Aires con una lista de reclamos, sino también con una oportunidad política: demostrar que el Estado nacional no sólo escucha a las provincias cuando advierten sobre el avance narco, sino que además está dispuesto a actuar antes de que el problema termine de desbordarlas.