El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 2/3 (MEyP) que firmó el gobernador Osvaldo Jaldo para designar a Ingrid Lausberg como subinterventora administrativa financiera en el Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales de Tucumán (Ersept) deberá tratarse en la próxima sesión parlamentaria, que se vislumbra para fin de mes. El oficialismo anticipó que avalará el nombramiento. Sin embargo, se encuentra bajo estudio técnico si corresponde o no rechazar el DNU.

Ocurre que el Gobierno firmó el 29 de abril el decreto a través del cual incorporó un segundo párrafo al artículo 2° del DNU N° 3/1-2024, modificado posteriormente por el DNU N° 4/1-2024 para la designación de José Ricardo Ascárate como interventor. En ese instrumento se establece la designación de Lausberg, con competencia funcional específica en materia administrativa y financiera, sin afectar las atribuciones propias de la intervención vigente. La asesoría letrada de la Cámara, sin embargo, planteó algunas dudas al respecto.

Fuentes parlamentarias del oficialismo señalaron a la Presidencia que conduce el vicegobernador Miguel Acevedo que la designación se lleva a cabo por DNU, porque es el instrumento que se utilizó para el nombramiento de Ascárate. La Ley de Intervención de Entes Autárquicos (7.878) fija que es suficiente un decreto. De todos modos, las dudas están planteadas sobre la posibilidad de tener que rechazar el DNU y sancionar un proyecto de ley ya que un documento de necesidad y urgencia no admite ningún tipo de modificaciones. Hay letrados de la Cámara que consideran que se debió crear el cargo de subinterventora antes de designar a la abogada por DNU.

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Las fuentes consultadas señalaron que una idea que se baraja es la de presentar un proyecto que incluya la creación del cargo de subinterventora, la designación de Lausberg en ese puesto y el rechazo del DNU. Advirtieron, no obstante, que la letrada que formó parte del directorio de Canal 10 ya está en funciones. Añadieron que rechazar el DNU la haría cesar de sus tareas hasta tanto se promulgase la hipotética ley sancionada.

Atribuciones necesarias

Otros letrados que analizaron la situación, en tanto, opinaron fuera de micrófonos que no sería necesario el rechazo y la posterior sanción debido a que el gobernador cuenta con las atribuciones necesarias para designar una subinterventora. Fijaron también que no sería correcto la creación de un cargo de carácter excepcional.

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Con opiniones divididas, está previsto que el martes se reúna la comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales que preside Carolina Vargas Aignasse para estudiar a fondo la situación y tomar una determinación. De todos modos, fuentes del oficialismo afirmaron que lo que será puesto bajo análisis es algo netamente técnico y que se avalará la designación de Lausberg del modo que sea más correcto.

En 2018, la Corte declaró institucional que un DNU quede firme de manera tácita. Por ello, la Cámara deberá expresarse en el tema.