La muerte de Ángel López, el niño de 4 años que falleció en Comodoro Rivadavia, continúa generando conmoción y suma nuevos elementos a medida que avanza la investigación. En las últimas horas, las declaraciones de su padre biológico, Luis López, reavivaron la polémica al señalar que el menor habría sido víctima de un cuadro sostenido de violencia antes de su fallecimiento.

El hombre sostuvo públicamente que su hijo “fue golpeado y torturado”, y responsabilizó tanto a la madre del niño como a su pareja, actualmente detenidos, como a los organismos judiciales que intervinieron en el caso. Sus dichos se conocen luego de que los primeros resultados de la autopsia revelaran la presencia de traumatismos en la cabeza y lesiones compatibles con agresiones previas.

Según la investigación, el niño había sido trasladado a un centro de salud el cinco de abril en estado crítico, tras descompensarse en la vivienda donde residía con su madre. Pese a los intentos médicos por estabilizarlo, murió dos días después. En un primer momento, se había indicado que el episodio ocurrió mientras dormía, pero esa versión perdió consistencia ante los hallazgos clínicos posteriores.

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En ese contexto, el padre del menor cuestionó el proceso judicial que derivó en el cambio de custodia. Afirmó que su hijo había vivido con él desde su nacimiento en un entorno estable, y que la decisión de restituir el vínculo con la madre terminó exponiéndolo a una situación de riesgo.

Ángel murió en Comodoro Rivadavia mientras estaba al cuidado de su mamá La Nación

Además, denunció irregularidades en el procedimiento, al asegurar que no fue debidamente convocado a instancias clave ni tuvo acceso completo a las actuaciones. También apuntó contra profesionales que participaron en la evaluación del caso, a quienes acusó de haber elaborado informes que influyeron en la resolución judicial.

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En su relato, López describió signos de deterioro en las condiciones de vida del niño durante el tiempo que permaneció bajo cuidado materno, y aseguró haber advertido esa situación sin obtener respuestas por parte de las autoridades.

La causa judicial avanza ahora con la detención de la madre y su pareja, quienes serán imputados por homicidio agravado por el vínculo. En paralelo, la querella impulsa una ampliación de la investigación para determinar si existieron responsabilidades por omisión por parte de funcionarios y profesionales que debían garantizar la protección del menor.

Mientras tanto, el padre reiteró su pedido de justicia y reclamó que se determinen todas las responsabilidades, tanto penales como institucionales, en un caso que expone posibles fallas en los mecanismos de protección de la infancia.