En una jornada trascendental, la Cámara de Diputados de la Nación sancionó la reforma de la Ley de Glaciares. La votación arrojó 137 votos a favor, 111 en contra y tan sólo tres abstenciones. De esta forma el oficialismo logró imponer su agenda de desregulación ambiental tras un debate que se extendió por más de 10 horas. La sesión contó con la presencia de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien siguió de cerca el desenlace desde los palcos del histórico recinto.

La nueva normativa representa un giro radical en la protección de los ecosistemas de alta montaña, al redefinir el objeto de protección y otorgar a las provincias el poder de determinar qué áreas integran el inventario protegido. Bajo el argumento del dominio originario de los recursos naturales, las jurisdicciones podrán ahora solicitar el retiro de determinadas geoformas del Inventario Nacional si consideran que no cumplen funciones hídricas relevantes. Este cambio es visto por el Poder Ejecutivo como una herramienta indispensable para destrabar proyectos de inversión, especialmente en el sector minero e hidrocarburífero.

En este escenario de paridad legislativa, el papel de los representantes de Tucumán resultó determinante para inclinar la balanza a favor del Gobierno nacional. La provincia mostró un apoyo mayoritario a la iniciativa impulsada por la Casa Rosada, reflejando la alineación política de diversos sectores con la necesidad de dinamizar la actividad económica regional. Siete de los nueve representantes tucumanos presentes en la Cámara baja dieron su aval para que la reforma fuera finalmente convertida en ley.

Diputados aprobó la reforma de la Ley de Glaciares con el apoyo de los bloques aliados

Los diputados tucumanos de La Libertad Avanza (LLA) (Mariano Campero, Soledad Molinuevo, Gerardo Huesen y Federico Pelli); al igual que los del bloque Independencia (Elia Fernández, Gladys Medina y Javier Noguera) sumaron sus voluntades para que el oficialismo alcance su objetivo junto a sus aliados del PRO y la UCR. Aunque ninguno de ellos tuvo una intervención directa como orador durante el debate en el recinto, su disciplina de bloque y el compromiso con la gobernabilidad fueron destacados por las autoridades nacionales. Este apoyo en bloque consolidó el número necesario para superar la resistencia de la oposición más dura.

Por el contrario, la delegación tucumana no fue unánime en su postura. El diputado Carlos Cisneros fue el único representante de la provincia que votó en contra de la reforma, alineándose con el bloque de Unión por la Patria y las críticas sobre la posible regresión en materia de derechos ambientales. Por su parte, el diputado Pablo Yedlin estuvo ausente al momento de la votación, completando así el cuadro de situación de la representación provincial en una de las sesiones más polémicas del año.

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La sesión estuvo precedida por una fuerte tensión política. El oficialismo logró imponer una moción del diputado Nicolás Mayoraz para realizar la votación en general y en particular en un solo acto, lo que generó airadas quejas de la oposición liderada por Germán Martínez. Esta maniobra técnica fue la que permitió agilizar la sanción, aunque provocó la abstención de algunos diputados, como los integrantes del bloque MID, que pretendían modificar artículos específicos sin rechazar la ley en su totalidad.

Mientras en el recinto se definía el futuro de los recursos naturales, las afueras del Congreso se convirtieron en un escenario de protesta. Organizaciones ambientalistas y agrupaciones políticas manifiestan su rechazo a la norma, denunciando que la reforma pone en riesgo las reservas de agua dulce del país. La jornada no estuvo exenta de incidentes, con las fuerzas de seguridad interviniendo para despejar las inmediaciones de Avenida de Mayo en cumplimiento del protocolo antipiquetes.

Cambios

La reforma aprobada introduce el concepto de “uso racional de los recursos” y subordina la aplicación de la ley al artículo 41 de la Constitución Nacional. Uno de los puntos más controvertidos es la transferencia de la autoridad ambiental al ámbito local: ahora cada provincia verificará si un glaciar posee o no funciones hídricas. Si la autoridad provincial decide que una zona no cumple con estos requisitos, el área podrá habilitarse para instalaciones industriales o explotaciones extractivas que antes estaban prohibidas.

El Gobierno fundamentó la necesidad de estos cambios señalando que, a 15 años de la sanción de la ley original, el Inventario Nacional de Glaciares estaba incompleto y presentaba “distorsiones” que frenaban el progreso.

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Desde el ámbito técnico, el rol del Ianigla (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) sufrirá una transformación significativa. Aunque el instituto comenzará a cargo del Inventario Nacional, su labor estará ahora sujeta a la información técnica y científica que provean las provincias. Esta descentralización ha sido el punto central de las críticas de científicos y abogados constitucionalistas, quienes advierten sobre un posible debilitamiento de los estándares de protección técnica. Las ONG ambientales ya han anticipado que judicializarán la norma.

Convocatoria en contra: fundaciones y asociaciones piden sumarse a una demanda colectiva

Tras la reciente aprobación de las modificaciones a la Ley de Glaciares en el Congreso, el clima de tensión se trasladó de las calles a los tribunales. Las organizaciones Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) , la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y Greenpeace anunciaron formalmente que avanzarán con una demanda judicial para declarar la inconstitucionalidad de la reforma. En un duro comunicado, las entidades calificaron la sanción como una “traición a la voluntad ciudadana” y convocaron a la sociedad a sumarse a lo que pretenden ser la demanda colectiva más grande de la historia argentina. La reacción de la comunidad científica y las asambleas ciudadanas ha sido de un rechazo tajante. El principal argumento de estos sectores es que la nueva normativa implica un retroceso crítico en la protección de las reservas estratégicas de agua dulce del país. Advierten que, en un contexto global de crisis climática, debilitar la tutela sobre los glaciares y el ambiente periglacial pone en riesgo el equilibrio hídrico de regiones enteras, comprometiendo seriamente el acceso al agua para las generaciones presentes y futuras.

Para los sectores opositores, la redefinición de las áreas protegidas y la habilitación de actividades extractivas -como la minería y la explotación de hidrocarburos- en zonas previamente resguardadas atenta contra el espíritu original de la ley sancionada en 2010. Aquella norma pionera establecía restricciones severas medidas en la importancia de los glaciares como reguladores hídricos. Los ambientalistas sostienen que los cambios actuales priorizan intereses económicos de corto plazo sobre la seguridad ambiental de la Nación.

La estrategia judicial impulsada por las ONG busca frenar de inmediato la aplicación de la reforma mediante la vía de la inconstitucionalidad. Sostienen que la ley vulnera el derecho a un ambiente sano consagrado en la Constitución Nacional y viola el principio de no regresión ambiental, el cual impide que se reduzcan los niveles de protección ya alcanzados por la legislación vigente. “No podemos quedarnos de brazos cruzados ante este retroceso”, señalaron los impulsores de la acción legal.