Peritos oficiales hallaron en dispositivos electrónicos secuestrados en la causa por el lanzamiento de $Libra varios borradores de un supuesto “acuerdo confidencial” que habría sido firmado el 30 de enero de 2025 por el presidente Javier Milei y el empresario estadounidense Hayden Davis. 

El documento, cuya existencia fue negada por el gobierno libertario, apareció en uno de los equipos incautados al empresario cripto Mauricio Novelli, imputado en el expediente.

El dato surge del dictamen de la Dirección de Apoyo Tecnológico de Investigación Penal del Ministerio Público Fiscal (Datip), incorporado a la causa. Allí se deja constancia de la detección de múltiples copias del borrador, aunque los anexos técnicos donde se detalla el hallazgo tienen carácter reservado y aún no fueron puestos a disposición de los querellantes, que solicitaron acceso.

A partir de esa información, el fiscal Eduardo Taiano requirió a la Casa Rosada que informe si tiene conocimiento del acuerdo o si posee copias del mismo, consignó el diario "Ámbito".

En paralelo, el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), en calidad de amicus curiae, presentó pedidos de acceso a la información pública (Ley 27.275) ante la Procuración del Tesoro de la Nación, la Secretaría Legal y Técnica, la Secretaría General de la Presidencia y la Oficina Anticorrupción.

Según el organismo, las respuestas de la Secretaría General y de la Procuración del Tesoro permiten suponer que el acuerdo difundido por la prensa “se habría celebrado a espaldas de la estructura jurídica oficial del Poder Ejecutivo”. De confirmarse esa hipótesis, advirtieron, no se trataría de un acuerdo “confidencial” sino “clandestino”.

El Cipce reclamó que la fiscalía profundice la investigación para determinar si el acuerdo existió, bajo qué modalidad se celebró y si se evitó deliberadamente su encuadre administrativo. Desde el inicio de la causa, el organismo sostiene la necesidad de delimitar la eventual responsabilidad institucional del Presidente en un negocio privado.

En esa línea, su director ejecutivo, Pedro Biscay, consideró “conveniente convocar al Presidente a prestar declaración indagatoria” y advirtió que no avanzar en esa dirección podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado en el marco de compromisos asumidos, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

A un año del inicio del expediente, el Cipce también cuestionó la “total falta de información pública” sobre el avance del caso y señaló que aún no se dispuso la indagatoria de los investigados, pese a la existencia de material probatorio.

El informe técnico

El peritaje, realizado mediante extracción forense -lógica y física- de datos, incluyó el análisis de conversaciones, registros de llamadas y actividad en aplicaciones. El estudio abarcó los dispositivos de Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, todos imputados.

Según el informe, Novelli mantuvo comunicaciones registradas no solo con Milei, sino también con Karina Milei, con Hayden Davis y otros mencionados en la causa. Los peritos consignaron que las interacciones están fechadas y horadas dentro del período bajo análisis.

El contenido específico de esos intercambios integra los anexos reservados del dictamen técnico, cuyo acceso reclaman los querellantes en el expediente.