A casi veinte años del crimen de Paulina Alejandra Lebbos, la causa llegará a un juicio oral y público por homicidio. Desde el 2 de marzo, Víctor César Soto, ex pareja de la joven y padre de su hija, será juzgado como autor de homicidio agravado por alevosía. El debate se anuncia como un punto de quiebre en una investigación atravesada por desvíos, encubrimientos y responsabilidades institucionales, pero que nunca antes había sentado a Soto en el banquillo por la muerte de la estudiante universitaria.

Análisis integral

El fiscal de Cámara Carlos Sale fue categórico al formular la acusación: sostuvo que “la prueba reunida permite afirmar, con el grado de certeza que exige esta etapa, que Soto es penalmente responsable de la muerte de Paulina Lebbos”. En el requerimiento de elevación a juicio remarcó que no se trata de una hipótesis tardía ni forzada, sino de una conclusión “construida a partir de un análisis integral de la causa y de la sentencia dictada en el juicio por encubrimiento”, que ordenó expresamente investigar al imputado

Paulina Lebbos.

Según la acusación fiscal, el hecho ocurrió en la madrugada del domingo 26 de febrero de 2006, entre las 6.30 y las 7, en el domicilio de Soto, ubicado en la calle Estados Unidos 1.250, en San Miguel de Tucumán. Allí, Paulina -quien tenía llave del departamento y solía pernoctar en ese lugar- ingresó y mantuvo una discusión con su pareja. “Aprovechando su preeminencia física y obrando con clara intención homicida, la tomó del cuello y la ahorcó con violencia y durante el tiempo necesario para causarle la muerte por asfixia”, describió el fiscal en uno de los pasajes más duros del escrito

Con ayuda

La imputación no se agota en el momento del ataque. Para el Ministerio Público, una vez consumado el crimen, Soto “no actuó solo ni de manera improvisada”. El fiscal sostuvo que el acusado “pidió ayuda para deshacerse del cuerpo” y que, con la colaboración de Sergio Hernán Kaleñuk, trasladó el cadáver hasta la zona de Tapia, donde fue abandonado a la vera de la ruta 341. “El ocultamiento del cuerpo formó parte de la misma secuencia criminal orientada a asegurar la impunidad”, subrayó la acusación.

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Las pruebas que sostienen la acusación son extensas y provienen, en buena medida, del juicio conocido como “Causa Gómez”, donde se investigó el encubrimiento policial y político del caso. Testimonios de familiares, amigas y amigos de la víctima, informes de telefonía, pericias forenses, autopsias, estudios psicológicos y reconstrucciones de las últimas horas de Paulina fueron valorados, según el fiscal, “con arreglo a la sana crítica racional y sin aislar ningún elemento del contexto general”

Entre los indicios que, para la fiscalía, comprometen especialmente a Soto, se destacan los antecedentes de violencia en la relación de pareja. El acusador recordó que durante el juicio por encubrimiento “emergieron múltiples referencias a discusiones, escenas de control y episodios de celos”, y remarcó que esas conductas “no son datos accesorios, sino piezas que permiten comprender la dinámica previa al hecho”. En ese sentido, afirmó que “la violencia no aparece de manera súbita, sino como el punto final de un proceso que ya estaba en marcha”

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Otro aspecto central es la conducta posterior del imputado. Según el fiscal, Soto mostró una actitud “marcadamente desinteresada” tras la desaparición de Paulina. “No participó activamente de su búsqueda, incurrió en contradicciones y adoptó una conducta evasiva que resulta incompatible con la de quien desconoce lo ocurrido”, señaló Sale, quien agregó que esos comportamientos “adquieren especial relevancia cuando se los analiza en conjunto con el resto de la prueba”

La cronología del caso ocupa varios tramos de la acusación. Paulina fue vista con vida por última vez la noche del sábado 25 de febrero de 2006, cuando salió con amigos y luego se dirigió al domicilio de Soto. Al no regresar, su familia denunció la desaparición. Durante los días siguientes, la investigación se desvió y el hallazgo del cuerpo, el 11 de marzo, estuvo rodeado de maniobras irregulares. Esas irregularidades derivaron, años después, en condenas por encubrimiento contra altos jefes policiales y ex funcionarios de seguridad, pero dejaron sin respuesta la pregunta central: quién mató a Paulina.

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Sólo en la sentencia dictada en 2019 el tribunal que juzgó el encubrimiento ordenó remitir actuaciones para investigar la posible responsabilidad penal de Soto. Esa decisión fue confirmada en 2021, cuando quedó firme el reenvío de la causa. “La hipótesis sobre Soto se vio reforzada y ratificada por la sentencia del juicio anterior”, sostuvo el fiscal, al destacar que no se trata de una reapertura arbitraria sino de la consecuencia lógica de lo que ya había surgido en debate

En busca de la verdad

El juicio que comenzará el 2 de marzo es presentado por la fiscalía como un hito institucional. “Por primera vez se va a discutir en un juicio oral y público la autoría del homicidio de Paulina Lebbos”, afirmó Sale, quien remarcó la trascendencia histórica del proceso. “No es solo un juicio más: es la posibilidad de que, después de 20 años, la sociedad conozca la verdad judicial sobre cómo y por qué murió Paulina”

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A dos décadas del crimen, la expectativa es alta. El Ministerio Público anticipó que sostendrá una acusación “basada en indicios graves, precisos y concordantes”, y que buscará demostrar que la muerte de Paulina no fue un hecho aislado ni inexplicable, sino el desenlace de una relación atravesada por la violencia. El debate que se inicia en marzo ante los jueces Fabián Fradejas, Luis Morales Lezica y Gustavo Romagnoli promete reabrir una de las heridas más profundas de la historia judicial tucumana y poner, finalmente, a un acusado a responder por el homicidio que durante años quedó sin juzgar.