Un video difundido por la Policía mostró el operativo de seguridad montado para el traslado de Felipe Sosa, el principal sospechoso del crimen de Érika Antonella Álvarez, la joven de 25 años hallada asesinada el pasado 8 de enero en el barrio Manantial Sur.

Las imágenes registraron el momento en que Sosa es conducido bajo estrictas medidas de custodia, sin cordones en las zapatillas, con pies y manos atados, casco protector y chaleco antibalas. El procedimiento estuvo a cargo de grupos especiales de la Policía, entre ellos el Grupo Cero, y tuvo como destino final la cárcel de Benjamín Paz, el penal de máxima seguridad de la provincia, donde el acusado permanecerá alojado mientras avanza la investigación judicial.

Según confirmaron autoridades provinciales a LA GACETA, el traslado se realizó a bordo del avión oficial de la Provincia, que previamente había sido utilizado para una evacuación sanitaria urgente de un niño hacia el hospital Garrahan, en Buenos Aires. A su regreso, la aeronave transportó a Sosa desde la Capital Federal hasta Tucumán, en un operativo coordinado entre fuerzas locales y nacionales.

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Desde el Ministerio de Seguridad explicaron que la identidad del sospechoso fue preservada en los registros audiovisuales -con su rostro debidamente blureado- para no entorpecer futuras instancias judiciales. Funcionarios del área, junto al vicegobernador y al subjefe de Policía, Roque Yñigo, brindaron detalles del procedimiento y remarcaron que se trata de una etapa inicial de la causa.

captura de video

Felipe Sosa fue detenido en la provincia de Buenos Aires tras una intensa búsqueda. De acuerdo con los primeros datos incorporados al expediente, habría intentado fugarse utilizando una motocicleta de alta gama y contaba con su pasaporte, lo que encendió las alertas de los investigadores sobre una posible salida del país. 

Sosa, conocido con el apodo de “el militar”, posee antecedentes complejos, formación en el exterior -incluida su experiencia como comando en África y la Guayana Francesa- y figura como empresario del rubro de la seguridad, aspectos que también están bajo análisis judicial.

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La causa avanza en paralelo con la incorporación de testimonios y peritajes clave. La autopsia habría revelado un alto nivel de violencia en la muerte de Érika, lo que refuerza la gravedad del hecho. Además, la investigación explora posibles vínculos con el consumo de drogas y el narcotráfico, líneas que podrían ampliar significativamente el alcance del expediente.

El abogado de la familia de la víctima, Carlos Garmendia, confirmó que Érika atravesaba serios problemas de adicción, una situación que su entorno conocía y por la cual su madre había intentado acompañarla y asistirla. En ese marco, surgen testimonios que dan cuenta de personas de su círculo íntimo que la habrían introducido en el ambiente del consumo problemático.