El Operativo Lapacho nació como una herramienta para evitar el ingreso de droga a la provincia, pero terminó transformándose en un procedimiento que dejó al descubierto varios delitos e infracciones. Una de ellas es el transporte de hojas de coca, actividad que alimenta un millonario negocio en pleno desarrollo por la falta de regulación. En 2025, sólo la Policía secuestró más de 16.000 kilos del producto, casi un 300% más que el año pasado. El valor de lo decomisado supera los $1.500 millones, aunque podría ser mucho mayor.
Esta actividad se genera por los llamados “grises legales”. En Argentina está permitido el coqueo, pero está prohibida la importación, el transporte y la comercialización de un vegetal que no puede producirse en el país. “Es un verdadero problema, pero nosotros debemos hacer cumplir las disposiciones vigentes”, se apuró en aclarar Fabio Ferreyra, responsable del plan que custodia los límites de la provincia.
El transporte y la comercialización de hojas de coca tienen dos frentes para analizar. Pese a que la polémica está a punto de cumplir 50 años, el asunto de fondo sigue sin discutirse. Esa situación permite que el negocio no pare de crecer a nivel nacional y que su sistema de venta -totalmente ilegal- se asemeje cada vez más al que ponen en práctica los narcos.
Algunos detalles
El martes pasado, los policías habían recibido información confidencial sobre el arribo a la provincia de dos personas oriundas de Las Talitas con una importante cantidad de hojas de coca. Montaron un operativo y lograron detener a dos camionetas que transportaban 600 kilos. Habían partido de la localidad salteña de Orán e ingresaron a Tucumán por La Candelaria.
Según los informes oficiales, al menos el 70% de la mercadería secuestrada es enviada desde Salta, mientras que el 30% restante proviene de Jujuy. El 95% de las hojas fueron decomisadas en Cabo Vallejo (8.334 kilos) y 7 de Abril (6.890 kilos), ubicados sobre las rutas nacionales 9 y 34, respectivamente. Colalao del Valle aparece como el tercer punto en importancia, con más de 460 kilos incautados.
Entre estos números surge otro dato que desmitifica que el coqueo sea exclusivo del NOA. El principal destino del producto incautado es Buenos Aires (6.630 kilos), seguido por Tucumán (6.097 kilos) y Córdoba (1.290 kilos). En total, a lo largo de 2025 se detectaron envíos hacia 14 de las 24 jurisdicciones del país. Estas cifras reflejan con claridad la expansión de su consumo.
“Estamos ante organizaciones que han montado toda una estructura para llevar adelante esta actividad”, explicó Ferreyra. El primer eslabón se encuentra en Bolivia, donde la hoja de coca se produce, acopia y comercializa legalmente. Desde allí ingresa de manera ilegal a ciudades salteñas y luego es distribuida a distintos puntos de Argentina. Algunas provincias, como Tucumán, terminaron convirtiéndose en centros de distribución.
Legalmente, las hojas de coca son consideradas material de contrabando. Por eso, quien es sorprendido transportándolas no comete un delito penal, sino una infracción. En general se labra un acta y se aplica una multa. Por la falta de recursos, son pocos los casos en los que se inicia una causa penal. “Se persigue a los reincidentes y a quienes están al frente de grandes estructuras”, explicó una fuente de la Justicia Federal.
Las normas indican que el producto debe ser destruido mediante quema. Ese procedimiento se realiza habitualmente, aunque en algunos casos resulta innecesario, ya que las hojas se inutilizan al secarse en los lugares de almacenamiento.
Similitudes
Según los especialistas, el contrabando de este producto se vincula peligrosamente con el narcotráfico. A partir de los procedimientos realizados el año pasado, surgieron varias coincidencias. “Muchas veces recibimos críticas por lo que hacemos, pero es una actividad ilícita que se debe combatir”, indicó Ferreyra.
Ante la falta de controles, el principal sistema de transporte es el envío por encomienda. En 2025 se despacharon más de 9.500 kilos por esa vía. Le siguen el traslado en camionetas, con más de 1.900 kilos, y los denominados tours de compra, con 1.796 kilos. Los narcotraficantes también utilizan estos mecanismos, aunque con proporciones distintas.
Las rutas son, en muchos casos, las mismas. La denominada “Ruta de los Valles” y las nacionales 9 y 34 son los caminos que comparten los narcos con los distribuidores de coca. A raíz de la implementación del Operativo Lapacho, las organizaciones buscan alternativas para continuar con el transporte de la mercadería.
Otro dato llamativo surgió en los últimos meses. Al igual que los ladrillos de cocaína, los paquetes de hojas de coca ya presentan sellos que identifican al productor y, posiblemente, la calidad del producto. Según fuentes judiciales, por el momento se utilizan nombres de personas. “Creemos que eligen los de un hijo o de alguien muy cercano”, confió un informante.
Un problema
Cuantificar el valor de lo decomisado es una tarea compleja. El mercado de la hoja de coca es muy volátil y el precio depende de múltiples factores: niveles de producción, época del año -suele encarecerse durante carnaval, vacaciones y fiestas de fin de año-, cotización del dólar y distancia, entre otros.
En Bolivia, donde su comercialización es legal, en el mercado oficial la coca se vende por libras (450 gramos) o por “taque”, equivalente a 50 libras o 22,5 kilos. Según registros oficiales, el kilo se cotiza en promedio a $14.500. La disparidad de valores aparece al cruzar la frontera.
Para la Dirección General de Aduanas, el aforo de un kilo de este producto asciende a $45.725. En base a esa valuación, lo decomisado en 2025 rondaría los $737 millones. Sin embargo, ese monto no coincide con los precios del mercado informal.
En la calle, se comercializa desde 10 gramos hasta un kilo. La presentación más vendida, según un relevamiento de LA GACETA, es el cuarto de kilo, cuyo precio promedio es de $24.000. Así, el kilo puede alcanzar los $96.000. Otra unidad habitual es la de 40 o 45 gramos, con un valor promedio de $4.000.
En Salta y Jujuy, según informes de fuerzas federales de los primeros días de diciembre, los 250 gramos se cotizaban en torno a los $13.000. En Buenos Aires, el mismo volumen alcanzaba los $45.000. “La diferencia está en la distancia, pero también en el riesgo de ser descubierto y en el dinero que se necesita para sortear los controles. En este mercado manda la oferta y la demanda”, explicó el bagayero Juan Carlos Jiménez.
Con estos valores, el total decomisado en el Operativo Lapacho en Tucumán podría haber generado más de $1.600 millones si se fraccionaba en la unidad más pequeña de la mencionada, y cerca de $1.500 millones en el caso de los cuartos. Estas cifras sólo contemplan lo incautado, que, según especialistas, representaría apenas el 30% de lo que realmente se transporta. Además, por la falta de regulación y control, la actividad no tributa impuestos.