PUERTO ESPAÑA, Trinidd y Tobago.- El archipiélago de Trinidad y Tobago autorizó a Estados Unidos a utilizar sus aeropuertos para “movimientos de carácter logístico” en las próximas semanas, una decisión que ha desatado una crisis diplomática con la vecina Venezuela, que la califica de “complicidad” en el marco de la escalada militar de Washington en el Caribe.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Trinidad y Tobago anunció ayer que permitirá el acceso a sus dos aeropuertos principales (Piarco en Trinidad y ANR Robinson en Tobago) para facilitar el reabastecimiento de suministros y las rotaciones rutinarias de personal militar estadounidense.
Las autoridades de Trinidad, una isla que se ubican a poco más de 11 kilómetros de la costa venezolana, aseguraron que el país no será utilizado como plataforma para atacar a terceros y que la cooperación se destina a combatir la delincuencia interna, para lo cual citó la instalación reciente de un sistema de radar en Tobago.
La decisión se produce en un contexto de creciente presión militar estadounidense sobre el gobierno de Nicolás Maduro, liderada por la administración de Donald Trump y oficialmente destinada a combatir el tráfico de drogas.
Desde agosto, Washington ha desplegado una importante presencia militar y naval en el Caribe, que ha incluido el despliegue del mayor portaaviones de su flota y la visita del buque de guerra USS Gravely en octubre. Estas operaciones han dejado un saldo de 87 muertos tras al menos 20 ataques contra presuntas embarcaciones cargadas con droga en el Caribe y el Pacífico oriental desde septiembre.
Aumenta la presión: EEUU sancionó a sobrinos de Nicolás Maduro y a seis empresas venezolanasCaracas considera el despliegue como una operación encubierta para forzar un cambio de régimen y apoderarse de sus inmensas reservas de petróleo.
Ruptura gasífera
La respuesta venezolana a la cooperación trinitense fue inmediata y contundente. La vicepresidenta Delcy Rodríguez acusó públicamente al gobierno de Trinidad y Tobago de haber colaborado en el “robo” del buque petrolero cargado con crudo venezolano incautado por Estados Unidos la semana pasada, un hecho inédito en la crisis.
Un comunicado presidencial afirmó que Caracas tiene “conocimiento pleno sobre la participación del gobierno trinitense en el robo del petróleo venezolano”, y lo calificó como “un acto de piratería” que constituye una grave violación del derecho internacional.
Como consecuencia directa, Venezuela ha anulado los acuerdos gasíferos que mantenía con el archipiélago.
Tras el Premio Nobel a Corina Machado, Maduro le bloquea la salida del país a un líder de la iglesiaLa primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar, aliada del presidente Trump, tiene un historial de declaraciones hostiles hacia el gobierno venezolano. Trinidad y Tobago ya había recibido un contingente de marines estadounidenses para ejercicios en noviembre.
Críticas internas
La decisión del Ejecutivo trinitense ha generado fuertes críticas internas. Amery Browne, senador de la oposición, acusó al gobierno de ser engañoso y de convertir a Trinidad y Tobago en “facilitadores cómplices de ejecuciones extrajudiciales, tensiones transfronterizas y beligerancia”. A su juicio, esta cooperación empuja al país “un paso más en el camino de un estado satélite”.
Desde Venezuela, la respuesta militar fue el fortalecimiento de su defensa aérea. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que el país “ha fortalecido significativamente su sistema de defensa aérea” con una inversión que prioriza el equipamiento adquirido a Rusia y China, en una estrategia de disuasión para garantizar la integridad territorial.
El presidente Maduro denunció una “campaña de puras mentiras” impulsada por Washington para justificar una agresión y forzar un cambio de régimen. Las operaciones militares, según Caracas, no buscan combatir el narcotráfico, sino desplazar a Maduro, colocando a los países vecinos, como Trinidad y Tobago, en el centro de la disputa.
Maduro advirtió a Trump: “Tenemos reservas para cuatro meses… por si acasito”En Estados Unidos, la legalidad de las operaciones militares en el Caribe también está bajo escrutinio, con legisladores de ambos partidos anunciando una revisión en el Congreso sobre el alcance y los fundamentos del despliegue.