La reforma laboral que el gobierno de Javier Milei pretende impulsar durante el período de sesiones extraordinarias podría enfrentar un extenso recorrido judicial, aun si logra ser aprobada por el Congreso. Así lo advirtió el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), Horacio Rosatti, al señalar que el sistema de control de constitucionalidad vigente habilita a que la aplicación de una ley quede suspendida en distintos tribunales hasta que el máximo órgano judicial fije una postura definitiva.
Rosatti explicó que en la Argentina rige un modelo de control “difuso”, que permite a cualquier juez declarar la inconstitucionalidad de una norma. Si bien la Corte puede luego ordenar el criterio a través de su jurisprudencia, el proceso demanda tiempo y, mientras tanto, pueden coexistir fallos contradictorios que dificulten la puesta en práctica de una eventual reforma laboral.
El magistrado recordó, en una entrevista con el diario "Perfil", que una situación similar ya se produjo con disposiciones laborales incluidas en la Ley Bases, que fueron declaradas inconstitucionales por un juzgado y aún no cuentan con una resolución final del máximo tribunal. En ese sentido, subrayó que el sistema no impide que los jueces se aparten de la doctrina de la Corte y reiteró que cualquier magistrado puede declarar la invalidez de una ley, consignó el diario "Ámbito".
Ante la consulta sobre la posibilidad de que el Congreso establezca una cláusula que obligue a los tribunales a seguir los fallos de la Corte, Rosatti se mostró prudente. “Como poder podrían. Eso sería cuestionado y llegaría a la Corte. Y la Corte diría: ¿esa norma que incorporaron los legisladores es constitucional o no es constitucional?”, explicó. Y agregó que, sólo “en la medida en que la Corte diga que es constitucional”, ese mecanismo podría evitar que se repitan una y otra vez los mismos litigios.
El presidente del máximo tribunal también hizo referencia al impacto que este esquema tiene en el funcionamiento de la Justicia. Indicó que una parte sustancial de las causas que resuelve la Corte provienen del Estado, especialmente en materia previsional, y reiteran debates ya saldados.
“El 60% de las causas que nosotros resolvemos provienen del Estado que cuestiona en materia previsional lo que la Corte ya dijo cómo es”, afirmó. “¿Sabe lo que significaría para nosotros tener 60% de trabajo menos y no decir siempre lo mismo? Y decimos siempre lo mismo”.
Según Rosatti, la discusión trasciende las posiciones ideológicas y plantea la necesidad de encontrar mecanismos que eviten que reformas estructurales queden atrapadas durante largos períodos en una instancia de indefinición judicial.