“Hecha la ley, hecha la trampa”

El dicho popular no es caprichoso y mucho menos casual. Se refiere a la habilidad que tienen los ciudadanos para utilizar las normas a su propia conveniencia o, lo que es peor, para realizar actividades ilícitas que generan ganancias millonarias. Son los famosos grises legales que terminan favoreciendo a los que buscan hacer dinero de manera fácil ante la inacción de los dirigentes que no pueden, o no quieren, entender lo que está sucediendo en las calles.

Hay muchos ejemplos. El más novedoso viene de la mano de una norma de avanzada. En 2017 se aprobó la ley del Registro de Productores de Cannabis que es una autorización para cultivar marihuana con fines medicinales. El Estado tardó tres años para reglamentar la norma. Desde 2020, cualquier ciudadano puede hacer crecer hasta nueve plantas para él o para terceros. Para conseguirlo, los interesados deben presentar una serie de documentos firmados por profesionales de la salud que certifiquen que la producción será destinada al tratamiento de una enfermedad que puede ser desde hipertensión arterial, pasando por trastornos del sueño, ataques de pánico y de ansiedad, hasta epilepsia. Su implementación fue un éxito: al año de haberla lanzado, 40.000 personas se inscribieron y hasta diciembre de 2022 ya había 200.000 inscriptos.

La ley buscaba darles una respuesta a las personas que utilizan el cannabis con fines medicinales, como ocurre en gran parte del mundo. Sintieron alivio porque dejaron de vivir en la clandestinidad por elegir un remedio alternativo y natural. Sin embargo, lo que debería ser motivo de celebración, terminó alimentando una actividad ilícita. Algunos aprovecharon la ley para potencializar la comercialización de flores o cogollos de marihuana, muy superiores al “prensado” que llega desde Paraguay. El negocio es irresistible. Los 20 gramos del “prensado” se pueden adquirir a un valor de $4.000, mientras que el “nuevo” producto, a $1.000 el gramo. Con estos valores, la venta de esta droga dejó de ser complementaria para los transas. Ya se dedican a su cultivo para obtener mayores ganancias.

Ese vuelco en el mercado de comercialización de drogas queda reflejado en las estadísticas. En la provincia, desde el 1 de diciembre, día en el que entró en vigencia la ley de Narcomenudeo, hasta el 11 de mayo, se secuestraron 1.688 plantas de marihuana. En promedio, de cada ejemplar se puede generar hasta 900 gramos de flores. Con todo lo incautado se podría producir 1,5 millones de gramos. En la calle, esa cantidad de flores tiene un valor de $1.500 millones. El negocio ilegal crece a pasos agigantados dejando el peligroso sello de la narcocriminalidad. En Tucumán ya se registraron tres homicidios por la comercialización de este tipo de cannabis y, en el círculo de productores, es vox populi el incremento de robos que sufren. Desde el hurto de la planta que está en el fondo de una vivienda hasta golpe comandos protagonizados con varias personas armadas que se apoderan de su producción.

La comercialización de flores divide las opiniones. El abogado Patricio Char, especializado en la lucha por los derechos cannábicos, sostiene que los problemas terminarán cuando se legalice totalmente el consumo. “Hay que dar el último paso, ya que hasta la Organización de las Naciones Unidas ha retirado a la marihuana de la lista de drogas. Con una norma de avanzada, como la tienen otros países, con la legalización se acabará el negocio”, sostuvo. El personal de las fuerzas de seguridad asegura que el registro no hizo más que complicar su trabajo. “La ley permite trasladar a una persona hasta 40 gramos de cogollos. ¿Cómo podemos saber si es para consumo personal o para vender cuando lo demoramos y nos muestran el carnet de autorización?”, se preguntó un investigador. En el medio quedan los productores que cumplen con todas las normas. “En esto hay de todo. Los que cultivan por cuestiones de salud, los que venden para financiar su producción y los que cultivan únicamente para vender. En resumen, todo lo bueno que hay en este país, termina arruinándose por unos pícaros”, dijo M.P.L, un productor que sufrió un asalto.

Cuestión cultural

Cada vez es más fácil conseguirlas. Hay de todo tipo y hasta con sello gourmet porque son saborizadas hasta con whisky. El consumo de hojas de coca está alcanzando su máximo nivel. El problema es que las leyes prohíben su comercialización porque legalmente su ingreso al país está prohibido. Hace más de 40 años que el tema viene discutiéndose y no hay una solución. Mientras tanto, el negocio crece sin parar.

Ingresar este producto no es un delito, sino una infracción al código aduanero. En otras palabras, se trata de contrabando. Cuando Osvaldo Jaldo era el gobernador interino de la provincia fue lanzado el Operativo Lapacho para incrementar los controles en los límites de la provincia. El espíritu de este desplazamiento de hombres tenía una razón de ser: evitar el tráfico de drogas. Pero ese plan tuvo un efecto inesperado. Los canes antinarcóticos de la Policía y de Gendarmería Nacional no pueden diferenciar las hojas de coca de la cocaína. Por eso comenzaron a descubrir grandes envíos del vegetal. En total, según las informaciones oficiales, en un año secuestraron casi 7.000 kilos. En la calle, esa cantidad está valuada en por lo menos $140 millones, teniendo como base que una bolsita verde de 30 gramos se cotiza a $600 como mínimo. Pero esa cifra es provisoria, ya que la mercadería está sujeta a la cotización del dólar.

El coqueo es un hábito muy arraigado que tiene una contradicción legal histórica. Para las leyes argentinas, su consumo no es delito porque forma parte de los derechos de los individuos. Pero sí está prohibido su ingreso de Bolivia y Perú, los principales productores del vegetal. Todo lo que entra, literalmente, es por contrabando. Está claro que es un contrasentido que casi no tiene precedentes en nuestro país. Un gris legal que viene discutiéndose desde hace más de 40 años en el país. Hubo parches, pero ninguna solución de fondo. Mientras tanto, el negocio sigue floreciendo.

Más peligroso

El candidato a gobernador Ricardo Bussi sigue tratando de convencer al electorado tucumano de que él flexibilizará las normas para que cualquier ciudadano pueda portar un arma de fuego y así defenderse. El ahora libertario no se pone colorado al insistir con ese proyecto tan difícil de lograr como encontrar petróleo en la plaza Independencia. En primer lugar, el cambio debe hacerse con leyes nacionales y es muy poco probable que él pueda incentivar el cambio. Después su idea está en contra de todas las tendencias mundiales que apuntan al desarme de los ciudadanos. Por último, irá en contra de la realidad misma.

Tucumán es la segunda provincia que más armas destruyó en lo que va del año. El Ministerio Público Fiscal, con el apoyo de Seguridad, en lo que va del año, envió a Buenos Aires más de 7.0000 pistolas, rifles y escopetas para que sean eliminadas en Buenos Aires. Estiman que secuestran hasta dos armas por día. ¿Pueden imaginarse lo que sucederá si se flexibilizan las normas sobre este tema? Otro dato: días atrás un joven fue acusado de concurrir armado a la Facultad de Agronomía. El sospechoso fue internado porque supuestamente sufría algún trastorno mental. Lo grave del caso es que no sólo estaba autorizado a portar una pistola, sino que además tenía una credencial para practicar tiro. Los controles, supuestamente, son exhaustivos y no cualquiera puede acceder a un permiso. Pero este caso dejó al descubierto las fallas que existen en el sistema. ¿Qué pasará si se masifican las autorizaciones?