Por Juan Manuel Montero
25 Abril 2023
El ex rector Juan Alberto Cerisola. ARCHIVO / LA GACETA / FOTO DE DIEGO ÁRAOZ
Los jueces del Tribunal Oral Federal de Tucumán hicieron lugar al pedido de un perito y le dieron más tiempo para realizar su análisis en el marco de la causa contra el ex rector de la UNT, Juan Alberto Cerisola, y algunos de sus colaboradores.
El caso se inició tras la denuncia de los ciudadanos Ramón Eudal y Oscar López y está vinculada con presuntas irregularidades en el manejo de utilidades de la minería por unos $ 353 millones (unos 85,5 millones de dólares en cotización de 2010) enviadas por Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) para obras realizadas en la UNT entre 2006 y 2009.
Los delitos que se le imputan a Cerisola son defraudación contra la administración pública, defraudación por administración fraudulenta, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Hasta aquí, los jueces que están designados son Carlos Enrique Jiménez Montilla y Noel Costa, de Córdoba; y la Cámara de Casación deberá nombrar un tercero para integrar, y un cuarto por la duración del proceso. Las fuentes consultadas dijeron que el juicio se iniciará el 29 de octubre y continuará el 30 y luego el 5, 6, 12 y 13 de noviembre. De allí se irán fijando las fechas para su continuación
La Justicia Federal imputó a Cerisola y a los ex funcionarios Luis Sacca, Olga Graciela Cudmani y Osvaldo Venturino. Luego la Cámara Federal de Apelaciones ordenó una ampliación de la investigación en busca de responsabilidades en las empresas contratadas por la UNT para hacer las obras.
El fiscal Carlos Brito investigó si se produjeron “anomalías generadas por las empresas contratistas tales como cartelización de precios, pagos irregulares, pagos anticipados sin autorización, desvío de fondos, incumplimiento del proyecto de obra, facturación apócrifa”.
En informes de auditoría interna de la UNT se detectó que hubo inconsistencias en el pago a las empresas; empresas que no estaban inscriptas en los organismos fiscales y empresas adjudicadas pese a que estaban informadas en el Banco Central como deudores incobrables.
Otras anomalías detectadas fueron que se adjudicaba a una empresa una obra y terminaba haciéndola otra que no figuraba en el pliego. También se emplearon pericias de Gendarmería sobre los valores cobrados en las obras. Posteriormente el juez federal Fernando Povino procesó sin prisión preventiva y embargó bienes de 22 empresarios por presunto cobro de sobreprecios en los trabajos.
Ellos son Luis Exequiel Movsovich, Marcelo Eduardo Boero, Pedro Alberto Varela Ottonello, Juan Manuel Peña, Juan Carlos Aranda, Norma del Valle Zóttola, Ricardo Aníbal Fernández, Ruth Soledad Fernández, Manuel Guillermo Galindo, Roberto Antonio Galindo, Javier Martínez Riera, Oscar Enrique Prado, Juan Vicente Guzmán, Horacio Eduardo Gordillo, Fernando Adrián Gordillo, Martín Preatonio, Héctor Gerardo Preatonio, Héctor Fidel Preatonio, Jorge Ignacio Zeballos y Máximo Federico Mellace, aunque ellos serán juzgados en un segundo proceso, luego de que se sustancia el de Cerisola.
El último movimiento de la causa fue una resolución de los camaristas que indica: “I) Téngase presente lo informado por Sr. Perito Oficial, Ing. Francisco Pedro Guzmán en escrito de fecha 29 de marzo de 2023, atento a lo informado en el punto I), prorróguese el plazo para la entrega del informe pericial encomendado hasta el día 12 de junio de 2023, horas 12:30. Hágase saber al Sr. Perito Oficial Ing Guzmán, que el informe pericial oportunamente encomendado es imprescindible a los fines de fijar fecha para la realización de la audiencia de debate oral y pública. II) Notifíquese”. Tras este paso se acelerarían los tiempos para comenzar las audiencias a fines de octubre.
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