19 Diciembre 2004 Seguir en 
Los detenidos por el asesinato de Adrián Angel Mansilla sufrieron un duro revés. La Cámara de Apelaciones aceptó la apelación que hizo la fiscal de la causa, María Raquel Asís, quien se opuso a la decisión de la jueza Emma Lidia de Nucci de rechazar la elevación a juicio y de abrir un nuevo período de investigación de tres meses.
El 17 de diciembre de 2003 la fiscal Asís solicitó la elevación a juicio contra Miguel Angel "Piki" Orellana, Omar "Anaconda" Carrizo, Marcelo "Mudo" Romano, Marcelo "Negro" García, Angel "Beto" Ibarra y Tomás "Cordobés" Ceballos, acusándolos de homicidio agravado por premeditación, ensañamiento y alevosía. Ellos serían quienes el 17 de agosto del año pasado secuestraron y asesinaron a Mansilla. El cuerpo del muchacho apareció sepultado en una finca de Famaillá, donde reside la mayoría de los imputados.
Mansilla había sido empleado de "Piki" en uno de los locales "Todo por $ 2" de su propiedad. Hubo problemas entre ellos, pero no se sabe con precisión cuáles fueron.
Cuando la fiscal hizo su requisitoria, asumió como defensor de "Piki" el abogado Nicolás Brito, quien pidió que se realizaran más pericias y se tomaran nuevas declaraciones. Inclusive, pidió que se citara al acusado, quien hasta el momento se abstuvo de declarar sobre el caso.
Por ella la jueza De Nucci rechazó la elevación a juicio y ordenó la apertura del nuevo período investigativo. La fiscal apeló por considerar que estaban dadas las condiciones para llevar a juicio a los acusados.
Los jueces Eudoro Albo, Elva Jiménez y Liliana Vitar decidieron el jueves pasado hacer lugar al planteo de la fiscal Asís, aunque no resolvieron la elevación a juicio del caso, sino que vuelva al juzgado a cargo de De Nucci para que se resuelvan las oposiciones planteadas por los defensores.
El abogado Brito le anticipó a LA GACETA que mañana retirará las oposiciones que él planteó (a la detención, y a otros pasos del proceso), con el objeto de allanar el camino hacia la realización del juicio oral y público, en el que confía que "Piki" saldría airoso.
Mientras tanto, "Piki" y sus amigos y empleados continuarán detenidos y, si llegaran a ser hallados culpables, podrían ser condenados a prisión o reclusión perpetua.
El 17 de diciembre de 2003 la fiscal Asís solicitó la elevación a juicio contra Miguel Angel "Piki" Orellana, Omar "Anaconda" Carrizo, Marcelo "Mudo" Romano, Marcelo "Negro" García, Angel "Beto" Ibarra y Tomás "Cordobés" Ceballos, acusándolos de homicidio agravado por premeditación, ensañamiento y alevosía. Ellos serían quienes el 17 de agosto del año pasado secuestraron y asesinaron a Mansilla. El cuerpo del muchacho apareció sepultado en una finca de Famaillá, donde reside la mayoría de los imputados.
Mansilla había sido empleado de "Piki" en uno de los locales "Todo por $ 2" de su propiedad. Hubo problemas entre ellos, pero no se sabe con precisión cuáles fueron.
Cuando la fiscal hizo su requisitoria, asumió como defensor de "Piki" el abogado Nicolás Brito, quien pidió que se realizaran más pericias y se tomaran nuevas declaraciones. Inclusive, pidió que se citara al acusado, quien hasta el momento se abstuvo de declarar sobre el caso.
Por ella la jueza De Nucci rechazó la elevación a juicio y ordenó la apertura del nuevo período investigativo. La fiscal apeló por considerar que estaban dadas las condiciones para llevar a juicio a los acusados.
Los jueces Eudoro Albo, Elva Jiménez y Liliana Vitar decidieron el jueves pasado hacer lugar al planteo de la fiscal Asís, aunque no resolvieron la elevación a juicio del caso, sino que vuelva al juzgado a cargo de De Nucci para que se resuelvan las oposiciones planteadas por los defensores.
El abogado Brito le anticipó a LA GACETA que mañana retirará las oposiciones que él planteó (a la detención, y a otros pasos del proceso), con el objeto de allanar el camino hacia la realización del juicio oral y público, en el que confía que "Piki" saldría airoso.
Mientras tanto, "Piki" y sus amigos y empleados continuarán detenidos y, si llegaran a ser hallados culpables, podrían ser condenados a prisión o reclusión perpetua.
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