CONCEPCION.- La indignación que generaron las presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación de dos barrios de 120 viviendas construidos por el Gobierno en Aguilares impidió al gobernador Julio Miranda asistir ayer al acto de entrega de las llaves a los adjudicatarios.
El enojo se debió a que un asesor de la Secretaría General de la Gobernación aparece como adjudicatario de una de las 12 viviendas destinadas a casos de emergencia. Se trata del ex concejal Pedro Balceda.
La medida contrasta con el hecho de que se había sugerido que una de las casas les sea entregada a los padres de la niña desnutrida Thalía Manrique. "Es increíble que no se haya dado un techo digno a los padres de esta niña", dijeron los vecinos. El malestar también respondió al hecho de que 18 viviendas fueron concedidas, aseguraron, a personas que son beneficiarias de los subsidios del plan Jefes y Jefas de Hogar de Desocupados.
"Se deduce que el IPV no puso seriedad en las adjudicaciones", dijo Rubén Herrera, presidente del Concejo Deliberante de Aguilares. A la ceremonia tampoco asistió el titular del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Rodolfo Neme.
Los disconformes, al enterarse de la suspensión de la visita de Miranda, se trasladaron a la casa del intendente Sergio Mansilla. Este les dijo que ni él ni el gobernador Miranda tuvieron responsabilidades en el proceso de adjudicación de las viviendas.
El enojo se debió a que un asesor de la Secretaría General de la Gobernación aparece como adjudicatario de una de las 12 viviendas destinadas a casos de emergencia. Se trata del ex concejal Pedro Balceda.
La medida contrasta con el hecho de que se había sugerido que una de las casas les sea entregada a los padres de la niña desnutrida Thalía Manrique. "Es increíble que no se haya dado un techo digno a los padres de esta niña", dijeron los vecinos. El malestar también respondió al hecho de que 18 viviendas fueron concedidas, aseguraron, a personas que son beneficiarias de los subsidios del plan Jefes y Jefas de Hogar de Desocupados.
"Se deduce que el IPV no puso seriedad en las adjudicaciones", dijo Rubén Herrera, presidente del Concejo Deliberante de Aguilares. A la ceremonia tampoco asistió el titular del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Rodolfo Neme.
Los disconformes, al enterarse de la suspensión de la visita de Miranda, se trasladaron a la casa del intendente Sergio Mansilla. Este les dijo que ni él ni el gobernador Miranda tuvieron responsabilidades en el proceso de adjudicación de las viviendas.
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