El clima electoral frena el debate por un nuevo Código Contravencional en Tucumán

Desde hace más de una década, Tucumán espera la aprobación de un nuevo Código Contravencional que reemplace a la cuestionada Ley de Contravenciones Policiales (N°5.140), creada en 1899 y modificada por última vez durante la última dictadura militar. En 2010, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de la norma por la falta de participación de un tribunal imparcial y una instancia de defensa para el acusado. De todos modos, la norma se sigue usando para regular la vida cotidiana de los tucumanos. Y en la Legislatura hay al menos cuatro proyectos de ley vigentes para la creación de un nuevo Código Contravencional. Sin embargo, ninguna cuenta con dictamen favorable y, por ahora, su debate se encuentra paralizado.

La inconstitucionalidad de la ley vigente radica en que el jefe de la Policía es quien debe decidir cuántos días de arresto le corresponden al contraventor en base a un sumario iniciado por los propios policías. También se puede eludir la detención con el pago de una multa, cuyo valor lo dispone el titular de la fuerza. Son unidades que se regulan por cada día de arresto que se dispuso. En la actualidad es de $400.

“Extremadamente necesario”

La última de las iniciativas la presentó el oficialismo provincial, a través del legislador Roberto Osiris Chustek. En ella se propone la creación de un código con 125 artículos, en los cuales se precisan las faltas que deben ser castigadas y los tipos de sanciones: trabajo de utilidad pública, multa, reparación del daño, abordaje interdisciplinario o arresto. Lo más importante es que con él se propone derogar el régimen inquisitivo actual y adecuar la materia al paradigma acusatorio adversarial del actual Código Procesal Penal de la provincia. “Se delimitan las funciones del órgano requirente y el decisor, asignando roles diferenciados al fiscal, a la defensa técnica obligatoria, a la participación de la víctima y al juez imparcial e independiente al conflicto”, argumentó Chustek en la iniciativa.

En diálogo con LA GACETA, Chustek remarcó que es “extremadamente necesario” modificar la legislación vigente, la cual tiene una naturaleza represiva. “Tiene varias observaciones legales y jurídicas. Es todo obsoleto”, señaló el titular de la comisión de Seguridad y Justicia. Indicó también que para avanzar con la iniciativa se debe contar con el aporte de la Justicia, de organismos de derechos humanos, del sector académico.

El legislador Javier Morof (FdT) había afirmado el año pasado que la Legislatura debía avanzar con la sanción de un nuevo código contravencional en el que se respetarán los derechos de los ciudadanos, con un debido proceso, una defensa y la intervención de un juez por encima de la Policía. Consultado actualmente sobre el tema, dijo que se encuentra haciendo gestiones para agilizar su debate en la Cámara en busca de un proyecto consensuado con la oposición.

Fuentes que mantienen contacto con el gobernador Juan Manzur y el vicegobernador Osvaldo Jaldo indicaron que existiría la decisión política para avanzar en el con el nuevo código, pero advirtieron que podría demandar varios meses su desembarco en el recinto. A su vez, en los pasillos legislativos apuntan que apenas 60 días separan a los tucumanos de las elecciones y que eso se traduce en una reducida actividad parlamentaria. De todos modos, no se descarta que pueda haber una sesión antes de los comicios, pero difícilmente se incluya una norma de estas características.

Proyectos opositores

Otras iniciativas que se presentaron para la derogación de la Ley N°5.140 y la creación de un Código Contravencional fueron impulsadas por José Ricardo Ascárate (UCR), por su correligionario José María Canelada y la macrista Nadima Pecci. En las tres iniciativas se especifican las faltas pasibles de una sanción y los tipos de penas para cada una de ellas, siempre con intervención de la Justicia. Los proyectos de los radicales cuentan con unos 90 artículos, aproximadamente, mientras que el de Pecci supera los 150.

“La Ley N° 5140 es actualmente una herramienta de control social y cultural, donde el jefe de Policía absorbe el rol de juez, pudiendo realizar arrestos ilegales que justifica mediante un sumario sin posibilidad alguna de defensa y sin intervención jurisdiccional. El presente código tiene por objeto, preservar nuestras libertades afectadas por notorios abusos de autoridad y evitar que se continúe afectando la división de poderes”, argumentó Canelada. A su vez, recalcó que en 2016 y 2019 ya había presentado iniciativas en idéntico sentido.

Ascárate destacó en los fundamentos de su proyecto que “se prevé a través de la sanción del nuevo Código Contravencional de la Provincia adecuarla a los tiempos modernos que transitamos como sociedad con el objeto de brindar celeridad y eficacia en el accionar de la fuerza policial, la transparencia en el manejo y distribución de la recaudación y el resguardo de la sana convivencia de la sociedad”. Añadió que para el cumplimiento del código es necesaria la aplicación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (9.284), la cual crea dos Juzgados Contravencionales sin que hasta la fecha funcionen.

Pecci, por su parte, desarrolló extensos fundamentos de por qué se debe modernizar una norma obsoleta. “Las variedad y la gravedad de los reproches constitucionales y convencionales que merece la ley vigente (...) amerita un esfuerzo legislativo que excede una mera modificación de la normativa en cuestión, proponiéndose en su reemplazo la creación de un nuevo digesto sustitutivo en la materia, moderno y adecuado a los estándares internacionales vigentes y que asegure al individuo un régimen respetuoso de sus derechos esenciales y de la observancia de procedimientos conforme a derecho”, mencionó.