Si algo le faltaba al año que acaba de finalizar (ese 2022 tan fracasado para el oficialismo), era que la Vicepresidenta de la Nación despidiera el 31 de diciembre rezando un rosario de misterios gozosos, dolorosos, y gloriosos a los argentinos. “Termina un año en el que otra vez las y los argentinos atravesaron, con mucho esfuerzo, grandes dificultades. Fue un año marcado por acontecimientos dolorosos, que cerró con una inolvidable alegría colectiva”, publicó el sábado Cristina Fernández de Kirchner en su cuenta de Twitter.
El corolario de ese tuit fue un segundo posteo. “Elijo quedarme con esa maravillosa imagen del pueblo argentino, festejando en paz en las calles”, anotó. Acompañó el texto con fotos de los festejos multitudinarios en Buenos Aires para recibir a la Selección Nacional, el martes 20, tras ganar el Mundial de Qatar.
Los gozosos y los dolorosos
Los primeros misterios en la “oración” de Presidenta del Senado son gozosos: ella escribe como una comentarista política de su mismísimo gobierno. Precisamente, se permite un texto gozoso porque habla desde una doble e inexplicable ajenidad. Se posiciona, por un lado, como si fuera extraña respecto de la gestión de la cual ella es la segunda autoridad. A la vez, habla del pueblo en tercera persona: “las y los argentinos atravesaron…”. No hay “nosotros” en esa expresión. De una autocrítica respecto del desgobierno de su gobierno, ni hablar.
El segundo grupo de misterios, claramente, se refiere a los dolorosos. Pero el calvario de los compatriotas es objeto de un reduccionismo descomunal por parte de quien fuera dos veces Presidenta de la Nación. “Grandes dificultades”, “mucho esfuerzo” y “acontecimientos dolorosos” son los tres eufemismos con los que sobrevuela las consecuencias que ha traído el cuatro gobierno kirchnerista para este territorio y sus habitantes.
La pobreza en nuestro país, según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, alcanza al 43,1% de la población. Es, ciertamente, pobreza “monetaria”. Es decir, se trata del porcentaje de los miembros de la sociedad cuyos ingresos no alcanzan a cubrir los bienes y los servicios mínimos (desde ropa hasta transporte, pasando por alimentos) que conforman la famosa “Canasta Familiar”. Esa “Canasta” alcanzó un costo de $ 146.000 en noviembre: ese monto es lo mínimo que debió ganar una familia para no caer en la pobreza.
En simultáneo, el Salario Mínimo Vital y Móvil es de $ 70.000, después del último aumento de 2022, acordado en noviembre. Es decir, en una familia donde los ingresos son dos salarios mínimos, esos sueldos no alcanzan para estar por encima de la línea de pobreza. Traducido en cifras, el 18% de los trabajadores argentinos es pobre. Dato que surge de un estudio realizado por la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), sobre la base de la Encuesta Permanente de Hogares que realiza el Indec.
Según un informe del Banco Mundial difundido la semana pasada por Infobae, la pobreza en Venezuela cerró 2022 en el 33%. En cualquier momento, la oposición de Nicolás Maduro va a empezar a decirle que quiere convertir a ese país en una segunda República Argentina…
La indigencia supera el 8%. Léase: prácticamente uno de cada 10 argentinos no tiene ingresos, siquiera, para proveerse del mínimo de alimentos que la Organización Mundial de la Salud considera indispensables. Esa es la “Canasta Alimentaria”, que es sólo una porción de la “Canasta Familiar”. Su costo ($ 62.105) marca la línea de la miseria.
Esa pobreza dura, por cierto, se encuentra morigerada por el Estado. De acuerdo con el mencionado observatorio de la UCA, si se tiene en cuenta el alcance de la Asignación Universal por Hijo (AUH); de los planes Potenciar Trabajo, Alimentar y Progresar, de las pensiones no contributivas, de programas nacionales como Más y Mejor Trabajo, el resultado arroja que el 52% de los habitantes de la Argentina son alcanzados por alguna cobertura de programas sociales de transferencias de ingresos o de asistencia alimentaria. En diciembre de 2019, cuando comenzó el cuarto kirchnerismo, ese índice de asistencialismo era del 43%.
“Dificultades”, “esfuerzos” y “dolores” son los de la supervivencia de los argentinos. Por ejemplo, los jubilados argentinos que reciben el haber mínimo, que cerró 2022 en $ 50.350. La sobrevida de esos argentinos es todo un misterio doloroso. A esos adultos mayores les hubiera ido algo mejor con la fórmula de movilidad que se aplicó durante el Gobierno de Cambiemos, cuya sanción mereció la lapidación del Congreso: durante la sesión arrojaron 14 toneladas de piedra. Con ese régimen, según informa “Chequeado.com”, a mediados del año pasado ya hubieran ganado un 5% más que con la Ley de Solidaridad Social que impuso el Frente de Todos en 2020, en nombre de reparar el daño que habían sufrido los jubilados…
En devaluación de la moneda oficial (202% en tres años), inflación (285% en tres años; 100% sólo en 2022) y pobreza, la Argentina pelea por podios internacionales. Pero todo es olvidable para la segunda autoridad de la Nación. Para Cristina, lo único que merece el calificativo de “inolvidable” es el Mundial de Fútbol y los festejos. En rigor, no deja de ser un misterio que, con semejante desastre social cronificado por un gobierno, haya un pueblo celebrando.
Los gloriosos y los otros
Correlativamente, la titular del Senado parece olvidar que ella misma ha sido la protagonista excluyente de un capítulo imperecedero para la historia de la Argentina. Es la primera persona en funciones en la Vicepresidencia de la Nación en ser condenada penalmente. ¿El delito? Nada menos que administración fraudulenta. El Tribunal Oral Federal Número 2 de Comodoro Py, por unanimidad, le dio la máxima pena para ese delito: seis años de prisión es la sentencia de primera instancia. El fiscal Diego Luciani pedía el doble de esa pena, porque considera que ella, presuntamente, lideró una asociación ilícita para lograr que a Lázaro Báez le adjudicaran el 80% de los trabajos viales financiados por la Nación para Santa Cruz entre 2003 y 2015. De las 51 obras, 24 fueron abandonadas. Mejor suerte tuvo la empresa Austral Construcciones, cuyo patrimonio creció 46.000% durante los 12 años de los tres primeros gobiernos “K”.
Por ese solo expediente, referido al dinero destinado exclusivamente a rutas y en apenas una sola provincia, el fiscal y los jueces (todos nombrados por diferentes gestiones del PJ nacional, que siempre tuvo el manejo del Senado desde 1983 a esta parte) coincidieron en que el daño a las arcas del Estado nacional rondó los 1.000 millones de dólares.
En todo caso, cabe la posibilidad de que la Vicepresidenta de la Nación eluda ese hecho no sólo por lo desdoroso que representa para su currículum vitae, sino, también, porque no alcanza a comprender cómo es que un poder del Estado resistió 16 años de asedio kirchnerista.
Cristina fue constituyente en la convención reformadora de 1994 y votó en favor de crear un organismo estatal que autolimitara la injerencia del Presidente de la Nación en el Poder Judicial. Según la Carta Magna originaria (1853-1860), los jueces son designados por el Jefe de Estado, con acuerdo del Congreso. El Consejo de la Magistratura nació para atenuar esa facultad: se encarga de la selección de los candidatos a magistrados. Y también de sancionar a los miembros de los Tribunales. Y, eventualmente, los destituye.
En 1997, desde su banca en el Congreso, Fernández de Kirchner fue una de las impulsoras de la Ley 24.937, que crea el Consejo de la Magistratura con 20 miembros, respetando el mandato de pluralidad de la Constitución reformada. Era un momento glorioso para la institucionalidad.
Misteriosamente, cuando el kirchnerismo llegó al poder, decidieron convertir al Consejo de la Magistratura en el martillo oficialista para llenar los Tribunales de jueces afines (tantos, que armaron una agrupación: Justicia Legítima) y para amenazar a los que no se doblegaban. Mediante la Ley 26.080 jibarizaron ese organismo: lo redujeron a 13 miembros, en nombre de que era lento y burocrático. Siete consejeros (la mitad más uno) eran representantes del Congreso (tres senadores y tres diputados) y uno del Poder Ejecutivo. De estos siete, cinco eran del oficialismo. El atropello fue judicializado y, ante la inminencia de un fallo adverso, Cristina volvió a obrar contra su propio criterio. Ya como Presidenta de la Nación, en 2013, auspició la Ley 26.855. Esa norma conformaba con 19 miembros el Consejo de la Magistratura, pero ahora los representantes de los jueces debían ser candidatos de los partidos políticos.
La Ley 26.855 fue rápidamente fulminada de inconstitucionalidad por la Justicia. La Ley 26.080 siguió la misma suerte en 2021. Volvió el Consejo de la Magistratura de 20 miembros, plural y presidido por la Corte Suprema de la Nación. Entonces, la embestida kirchnerista para liquidar al Poder Judicial se dio en dos frentes. Por un lado, decidieron arrasar con el máximo estrado del país: promovieron un proyecto de ley para elevar a 25 el número de miembros de la Corte Suprema de la Nación. Argumentaron, con fervor federalista, que cada provincia debía sentar un vocal para tener voz y voto allí. Después, en el Senado, y sin sonrojarse, transaron para darle media sanción a un proyecto que aumenta el número de jueces supremos a 15. Es evidente que no era por el federalismo: sólo querían una Justicia domesticada.
Por otra parte, decidieron emprender el camino de la sedición y desobedecer las sentencias del máximo tribunal. Alberto y un grupo de 14 gobernadores peronistas amenazaron con incumplir el fallo que le ordena a la Casa Rosada restituir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la plata que le sacó en 2020 para entregársela enteramente a la provincia de Buenos Aires, sin un solo centavo para el interior del país. Finalmente, el Presidente y su liga de guapos de comunicado de prensa decidió, primero, pleitear dentro del expediente; y, después, acatar el fallo: ofrece pagar con títulos. Cristina, en cambio, mantiene el Senado como un poder que se considera por encima de la Justicia y de las normas: pese a que la ley y un amparo dicen que el oficialismo sólo puede sentar dos de los cuatro representantes de la Cámara Alta en el Consejo de la Magistratura, ella insiste con designar a tres.
“Cuatro años escuchamos decir que no volvíamos más, pero esta noche volvimos y a partir de ahora vamos a ser mejores”, aseveró Alberto Fernández el 10 de diciembre de 2019, su primer día como Presidente de los argentinos. Volvieron, sí, pero para intentar borrar la república de la Argentina. El intento de demolición fracasó. El oficialismo enfrenta el último año de este mandato sin haber conseguido quebrar al Poder Judicial, por mucho que lo intentó.
Y ese es el misterio luminoso que el kirchnerismo no puede rezar.
