La Sindicatura General de la Nación (Sigen) constató en Tucumán una serie de irregularidades en la aplicación de los programas Social Comunitario (Posoco) y Social Nutricional (Prosonu), por los cuales la provincia recibe de la Nación alrededor de $850.000 por mes. El diputado nacional de la Alternativa para una República de Iguales (ARI), José Vitar, no entiende por qué los resultados de la auditoría demoraron en publicarse.
"Si bien las transferencias, remitidas por la Nación a Tucumán, se reciben oportunamente y son acreditadas en la cuenta de rentas generales de la provincia, los fondos no son transferidos en tiempo a las unidades ejecutoras", concluyeron en setiembre pasado Rubén Corengia Carabajal, María Valeria Fortti y Sandra Azpelicueta, de la Sigen.
El manejo de los fondos, según el informe que se publicó en Internet el jueves pasado, no observa lo pactado por la Nación y por la provincia para "la aplicación de los recursos y la transparencia de los actos administrativos".
Algunas limitaciones
Vitar aseguró que el informe, que se elaboró durante la gestión de Fernando de la Rúa, confirmó sus denuncias. "Reinan la ineficiencia y la burocracia, y se malversan fondos (por sobresueldos de funcionarios, pago de teléfonos celulares, contratación de ?ñoquis? y empleados ?truchos?, etcétera). En definitiva, se manejan de un modo burocrático valiosos recursos que debieran destinarse a los niños que se mueren de hambre", manifestó.
El diputado resaltó que, por "limitaciones políticas", el informe no profundiza demasiado. "Sin embargo, se comprobó una utilización poco transparente de los fondos y contrataciones injustificadas, que llegan hasta el 60% de los recursos del Posoco" (en mayo Tucumán recibió $375.000), dijo.
"La provincia demora entre 15 y 154 días en transferir los fondos a las unidades ejecutoras. El dinero, durante este lapso, es utilizado para otros fines, como erogaciones en personal, y en bienes y servicios no personales", concluyó.
"Si bien las transferencias, remitidas por la Nación a Tucumán, se reciben oportunamente y son acreditadas en la cuenta de rentas generales de la provincia, los fondos no son transferidos en tiempo a las unidades ejecutoras", concluyeron en setiembre pasado Rubén Corengia Carabajal, María Valeria Fortti y Sandra Azpelicueta, de la Sigen.
El manejo de los fondos, según el informe que se publicó en Internet el jueves pasado, no observa lo pactado por la Nación y por la provincia para "la aplicación de los recursos y la transparencia de los actos administrativos".
Algunas limitaciones
Vitar aseguró que el informe, que se elaboró durante la gestión de Fernando de la Rúa, confirmó sus denuncias. "Reinan la ineficiencia y la burocracia, y se malversan fondos (por sobresueldos de funcionarios, pago de teléfonos celulares, contratación de ?ñoquis? y empleados ?truchos?, etcétera). En definitiva, se manejan de un modo burocrático valiosos recursos que debieran destinarse a los niños que se mueren de hambre", manifestó.
El diputado resaltó que, por "limitaciones políticas", el informe no profundiza demasiado. "Sin embargo, se comprobó una utilización poco transparente de los fondos y contrataciones injustificadas, que llegan hasta el 60% de los recursos del Posoco" (en mayo Tucumán recibió $375.000), dijo.
"La provincia demora entre 15 y 154 días en transferir los fondos a las unidades ejecutoras. El dinero, durante este lapso, es utilizado para otros fines, como erogaciones en personal, y en bienes y servicios no personales", concluyó.
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