El tiempo conspira contra los ingresos del Estado, algo fundamental para que el ajuste que exige la Nación no impacte con fuerza en el sector público (los empleados). Los plazos para avanzar con el cobro judicial de la mayoría de las deudas del ex Banco de la Provincia de Tucumán (BPT) están venciendo.
La luz de alerta se encendió en la Fiscalía de Estado, al observar que alrededor de 25.000 deudas contraídas por clientes del ex banco oficial a través de la tarjeta de crédito BPT aún no habrían sido cobradas por el Gobierno. Eso se corroboró tras un pedido que realizó el Tribunal de Cuentas a la Fiscalía de Estado para que explique las razones por las cuales no se iniciaron acciones judiciales a quienes integran el listado de deudores de tarjetas de crédito y de préstamos personales. Además, en la acordada 485 de fines de mayo, el organismo de control señala que el listado de deudores fue elevado por la Unidad Residual del ex BPT hace poco más de un año.
Contestación oficial
Los abogados de la Provincia elaboraron un informe para contestarle al Tribunal de Cuentas. En él explican por qué no se iniciaron los juicios contra los 25.000 morosos de las tarjetas BPT. Según fuentes oficiales, la Unidad Banco Residual no habría remitido la documentación respaldatoria de los deudores para iniciar las demandas ante la Justicia.
Respecto de los préstamos personales, la Fiscalía de Estado afirma que, desde octubre del 99, cuando se inició la gestión del gobernador Julio Miranda, sólo pudo entablar juicios contra 66 morosos. El monto reclamado por el Gobierno apenas rozaría los $200.000. En la documentación se consignan préstamos impagos que van desde los $800 hasta un máximo de $5.500 (un caso).
Durante la gestión anterior se afirmó que el Poder Ejecutivo pudo recuperar unos $6 millones sobre una cartera de morosos estimada en más de $80 millones. Incluso, los funcionarios de entonces arriesgaron que el Gobierno sólo podría recuperar unos $30 millones, la mayoría de esos ingresos en títulos públicos emitidos por el mismo Estado.
El año pasado, sólo se pudo cobrar unos $2,5 millones, según los registros oficiales.
Sólo seis deudores de la cartera preferencial no se presentaron
La cartera de clientes preferenciales y morosos fue devuelta por el Banco del Tucumán al Estado. En ella constan préstamos otorgados a poco más de 30 empresas y personas, por un monto que llegaría a los $33 millones.
Según pudo establecer LA GACETA, la mayoría de esos créditos pudo ser cobrada en títulos públicos, con el plan de refinanciación de deudas (Ley 6790) de hasta 72 cuotas mensuales y consecutivas.
Caso por caso
Una fuente del Poder Ejecutivo reveló que cuatro de esos grandes morosos optaron por cancelar los préstamos obtenidos antes de la privatización de la ex banca oficial, en 1996.
El vocero añadió que otros seis deudores no contestaron a las constantes intimaciones de pago realizadas por el Gobierno y que tampoco se presentaron al plan de refinanciación. En esos casos, se promoverían juicios.
Los derechos
Otro de los inconvenientes que desvelan a algunos funcionarios del Poder Ejecutivo es la posibilidad de que también prescriban algunos préstamos prendarios. Según afirman en la Casa de Gobierno, habría situaciones en las que no se reinscribieron las prendas en los registros, por lo que algunos deudores podrían desprenderse de esos bienes, a través de la venta.
No sucedería lo mismo con los préstamos hipotecarios, ya que aún no se cumplieron los 10 años para la prescripción de los derechos del Estado para reclamar las deudas.
El ministro de Economía, Joaquín Ferre, al ser consultado por LA GACETA, sólo señaló que para este año "existen buenas perspectivas de cobro de las deudas contraídas por personas y empresas con el ex banco oficial".
La luz de alerta se encendió en la Fiscalía de Estado, al observar que alrededor de 25.000 deudas contraídas por clientes del ex banco oficial a través de la tarjeta de crédito BPT aún no habrían sido cobradas por el Gobierno. Eso se corroboró tras un pedido que realizó el Tribunal de Cuentas a la Fiscalía de Estado para que explique las razones por las cuales no se iniciaron acciones judiciales a quienes integran el listado de deudores de tarjetas de crédito y de préstamos personales. Además, en la acordada 485 de fines de mayo, el organismo de control señala que el listado de deudores fue elevado por la Unidad Residual del ex BPT hace poco más de un año.
Contestación oficial
Los abogados de la Provincia elaboraron un informe para contestarle al Tribunal de Cuentas. En él explican por qué no se iniciaron los juicios contra los 25.000 morosos de las tarjetas BPT. Según fuentes oficiales, la Unidad Banco Residual no habría remitido la documentación respaldatoria de los deudores para iniciar las demandas ante la Justicia.
Respecto de los préstamos personales, la Fiscalía de Estado afirma que, desde octubre del 99, cuando se inició la gestión del gobernador Julio Miranda, sólo pudo entablar juicios contra 66 morosos. El monto reclamado por el Gobierno apenas rozaría los $200.000. En la documentación se consignan préstamos impagos que van desde los $800 hasta un máximo de $5.500 (un caso).
Durante la gestión anterior se afirmó que el Poder Ejecutivo pudo recuperar unos $6 millones sobre una cartera de morosos estimada en más de $80 millones. Incluso, los funcionarios de entonces arriesgaron que el Gobierno sólo podría recuperar unos $30 millones, la mayoría de esos ingresos en títulos públicos emitidos por el mismo Estado.
El año pasado, sólo se pudo cobrar unos $2,5 millones, según los registros oficiales.
Sólo seis deudores de la cartera preferencial no se presentaron
La cartera de clientes preferenciales y morosos fue devuelta por el Banco del Tucumán al Estado. En ella constan préstamos otorgados a poco más de 30 empresas y personas, por un monto que llegaría a los $33 millones.
Según pudo establecer LA GACETA, la mayoría de esos créditos pudo ser cobrada en títulos públicos, con el plan de refinanciación de deudas (Ley 6790) de hasta 72 cuotas mensuales y consecutivas.
Caso por caso
Una fuente del Poder Ejecutivo reveló que cuatro de esos grandes morosos optaron por cancelar los préstamos obtenidos antes de la privatización de la ex banca oficial, en 1996.
El vocero añadió que otros seis deudores no contestaron a las constantes intimaciones de pago realizadas por el Gobierno y que tampoco se presentaron al plan de refinanciación. En esos casos, se promoverían juicios.
Los derechos
Otro de los inconvenientes que desvelan a algunos funcionarios del Poder Ejecutivo es la posibilidad de que también prescriban algunos préstamos prendarios. Según afirman en la Casa de Gobierno, habría situaciones en las que no se reinscribieron las prendas en los registros, por lo que algunos deudores podrían desprenderse de esos bienes, a través de la venta.
No sucedería lo mismo con los préstamos hipotecarios, ya que aún no se cumplieron los 10 años para la prescripción de los derechos del Estado para reclamar las deudas.
El ministro de Economía, Joaquín Ferre, al ser consultado por LA GACETA, sólo señaló que para este año "existen buenas perspectivas de cobro de las deudas contraídas por personas y empresas con el ex banco oficial".
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