Algo curioso ocurre entre los protagonistas de la política de Tucumán. En materia de fechas para los comicios se dice oficialmente un mes, pero se diseñan estrategias pensando en otro.

El 14 de septiembre fue la última vez en que el gobernador interino Osvaldo Jaldo ratificó que la votación sería en junio. El vicegobernador a cargo del Ejecutivo estaba siendo consecuente con su anuncio del 28 de abril. “En 2019 hemos votado en junio y creo que la fecha, hasta aquí, será junio. En nuestro espacio político vamos a respetar eso: no tenemos otra alternativa, otra opción, y tampoco está en la agenda del Gobierno ni del PJ modificar esa fecha”, adelantó en el noticiero de LG Play.

Lo que sigue es conocido. El PJ resolvió ser inconsecuente consigo mismo y con la reforma constitucional que diseñó y perpetró en 2006. En esa enmienda estableció que las elecciones ya no se realizarían en junio (plazo de la Constitución de 1990) y las reubicó en agosto. Pero después del anuncio de Jaldo a este diario, el justicialismo fue a los Tribunales para decir que estaba mal lo que él mismo había hecho. El amparo decía “PJ vs. Provincia de Tucumán”. Como era el partido del gobierno el que estaba llevando a juicio al gobierno del partido, no había conflicto de intereses. Así que la Justicia sostuvo que la cuestión ya estaba resuelta desde 2019 y confirmó el fin de todo vestigio de plazo electoral en la Constitución provincial. Es decir, el Gobierno puede llamar a votar cuando le plazca. La única pauta a tener en cuenta es que todos los comicios se rigen por un cronograma electoral cuya duración es de seis meses.

Con el fallo confirmado, Jaldo ya no dio fechas. Dijo tan sólo que la fecha se informaría “cuando sea oportuno”. Ya había machacado bastante con junio, ciertamente. Pero desde fines de la semana pasada, los oficialistas y los opositores mejor informados (esos que saben que en la política no hay sorpresas, sino sorprendidos) están trabajando en otras hipótesis. Concretamente, en mayo de 2023. El segundo domingo de ese mes, para más datos. El 14.

La posibilidad de anticipar los comicios a mayo ya fue avisada por LA GACETA el 13 de septiembre. “Supondría no despegarse demasiado de junio, que no sólo fue la fecha anunciada por Jaldo sino, además, el mes de las elecciones provinciales mientras estuvo en vigencia la Constitución provincial de 1990, que mandaba elegir autoridades 120 días antes del recambio. Eso implicaría que el cronograma electoral daría comienzo en noviembre”, decía la crónica.

Claro está, al otro día Jaldo salió a insistir con junio… por última vez. Tal vez se convoque, al final, para ese mes. O tal vez lo hayan hecho cambiar de opinión. O tal vez la definición de la fecha de los comicios no depende sólo de su voluntad, sino del concurso de varias voces.

Lo cierto es que las encuestas ya están en la calle. Y en los teléfonos. Esta semana arreciarán los viajes a Buenos Aires para apurar definiciones. El mes que viene arranca el Mundial. Después, las Fiestas. “Ahicito nomás”, las vacaciones. A la vuelta ya hay que inscribir las listas.

El canon

Las razones que apuran el apuro del oficialismo (del agosto constitucional al junio oficial y ahora al mayo por el que ya son varios los que disparan) ya no sólo son macroeconómicas sino también, digamos, de macro percepción de la situación por parte del electorado.

Respecto de las primeras cuestiones, las paritarias vienen saliéndose de control en la Argentina. Desde el acuerdo con los trabajadores del seguro, que llevó el aumento salarial al 107%, hasta el de los camioneros, que pretende un 131%. No es una cuestión menor.

En su canónica “Historia económica, política y social de la Argentina – 1880 / 2003”, Mario Rapoport da cuenta del escenario que enfrenta Juan Domingo Perón tras su retorno a la Argentina. Asume por tercera vez la Presidencia en 1973 y de la breve presidencia de Héctor Cámpora mantiene como ministro de Economía a José Ber Gelbard. La dictadura autodenominada “Revolución Argentina” había legado un país con fuertes subas de precios y salarios rezagados. En ese contexto nace el Pacto Social: frente a la andanada de reclamos de aumentos, Perón negocia con los gremios una suba mensual de 3% durante 18 meses (54% final) y, en simultáneo, un acuerdo con el sector privado para que los precios tuviesen mínimos cambios. Cuando el Pacto Social se cumple, el jefe de Estado ha muerto y su viuda y sucesora, María Estela Martínez de Perón, reemplazará a Gelbard por Alfredo Gómez Morales. Los gremios acuerdan subas salariales de entre el 100% y el 150%. Luego llegará Celestino Rodrigo y traerá consigo una devaluación brutal y un “tarifazo” descomunal.

La moraleja es que la autoridad política de Perón permitió encontrar un principio de manejo de la crisis heredada. Cuando se extinguió esa autoridad, advino el descontrol.

La percepción

Respecto de la macropercepción de los argentinos sobre la crisis, la situación es también acuciante para el oficialismo. La figura del Presidente de la Nación está, en el mejor de los casos, completamente desdibujada. Como supo definir el analista político Carlos Pagni, Alberto Fernández inauguró el sistema vicepresidencialista en la Argentina.

El rumbo político, por desgracia, no es el único que resulta esquivo para el jefe de Estado. En materia económica, la inflación sigue desbocada. Y se encamina a alcanzar las tres cifras a fin de año. Son tan devastadoras sus consecuencias que no hay encuesta que no tenga a la inflación a la cabeza de las mediciones. Es cierto: el Presidente heredó un desmadre económico. Desde 2008, la expresión “crisis económica” se instaló sin solución de continuidad durante las dos presidencias de Cristina Fernández y durante el mandato de Mauricio Macri. No menos cierto es que la inflación nunca le importó al kirchnerismo, hasta ahora.

La viuda de Kirchner optó por el negacionismo inflacionario. Mantuvo la intervención de Indec (la dispuso su marido en diciembre de 2006) y todos los años informaban un acumulado de apenas un dígito (unos años, el 9%, otros, e 8%), mientras otorgaban aumentos salariales que desautorizaban esos índices y cuadruplicaban aquellos porcentajes. Las consultoras privadas denunciaban una inflación anual por arriba del 30%... entonces el kirchnerismo decidió multar a las que difundieran datos que contradijeran la “verdad” oficial. Los diputados opositores, entonces, se hicieron cargo, gracias a sus fueros, de dar a conocer esos “otros” datos.

A partir de 2019, el cuarto kirchnerismo tampoco atendió la cuestión inflacionaria. Por una doble razón. La primera es la inflación les funciona como impuesto encubierto (suben los precios y aumenta la percepción de los tributos: el IVA en la Nación, Ingresos Brutos en Tucumán). La segunda es que se licúan las obligaciones que debe afrontar el Estado. Por ejemplo, las jubilaciones. Es curioso cómo el Gobierno tucumano proclama que va a “respetar el fallo” de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que le permite adelantar las elecciones. No se lo escucha decir que respetará la ley para pagarles el 82% móvil a los jubilados tucumanos. A ellos, el Estado les pleitea hasta la ultimísima instancia el derecho que se ganaron trabajando durante toda su vida, para tener que elegir ahora entre llegar a fin de mes o pagar los remedios para gozar de una buena calidad de vida en sus últimos años.

Sólo en este penúltimo año de la presidencia “K”, cuando la inflación se volvió inmanejable, se acordaron de que corresponde al Gobierno hacer algo. Pero mientras Cristina inventa la “inflación por oferta”, Alberto ensaya el fracasado esquema de congelamiento de precios.

Por caso, hoy son mayoría los kirchneristas que aseguran que el país está, durante este año, “mejor que en 2021”. Pero más allá de las subjetividades, hay que esforzarse y mucho por encontrar un oficialista que manifieste optimismo económico respecto de 2023.

Dicho de otro modo, ni siquiera la consagración de la Selección Nacional como en Qatar va a aliviar las angustias del día a día más allá de una semana. Por caso, Aetat está pidiendo una suba del “boleto” urbano de pasajeros a $ 192, para lograr una tarifa de $ 85 (como en Santa Fe y en Córdoba). Pero con esos $ 85 cubre los costos hasta fin de año. En 2023, de nuevo a negociar otro incremento en el transporte de pasajeros.

La doctrina

Ni hablar de las otras preocupaciones ciudadanas. La pobreza (acicateada por la crisis), el desempleo (hijo de una recesión que el año que viene cumplirá 15 años), las adicciones a las drogas (sin distinción de clases sociales), la corrupción…

Y está el proyecto nacional de Juan Manzur, que enfrenta semejante descascaramiento oficialista. Si hay condena contra la Vicepresidenta de la Nación en la causa “Vialidad”, como ella misma dice cuando denuncia que “la sentencia ya está escrita”, el relato del Frente de Todos crujirá hasta los cimientos. Ya se ha analizado que el apoyo que suma el tucumano entre gobernadores, intendentes del conurbano y líderes de la CGT le dan una masa crítica suficiente como para reclamar (o pelear) un lugar en el binomio presidencial. Frente a los muchos desaciertos nacionales (el cuarto kirchnerismo perdió 4 millones de votos entre los comicios de 2019 y los de 2021), ¿cuál es el certificado de candidato para Manzur? Un triunfo electoral. ¿Dónde? En su distrito. Cuanto más despegue la elección provincial de la nacional, mejor.

“Los planes del gobernador en uso de licencia no sólo demandan de un triunfo en Tucumán, sino que requieren que ese triunfo sea lo más temprano en el tiempo, para quedar posicionado a la hora de las definiciones de la ‘fórmula’”, anticipaba la nota de LA GACETA del 13 de septiembre. En 2019, Cristina anunció por YouTube que integraría un binomio con Alberto el 18 de mayo. Por pura casualidad, la fecha para la que se alistan electoralmente ya los principales oficialistas y opositores es previa a esa “efemérides” política.

La doctrina de “lo antes posible” está en marcha. Y acelerándose…

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