Por Federico Abel
De las tantas cosas de las que se jacta Woody Allen, se destaca la paranoia. "El hecho de que lo sea no significa que no me persigan", agrega, siempre en clave de humor, el cineasta norteamericano. Pero en Tucumán, muchos políticos -de casi todos los partidos- se han tomado a pecho esta ironía. Por ello, cada vez que desde la Justicia se pone en marcha una investigación en su contra o de sus dirigentes, en lugar de mostrar disposición para que se conozca la verdad, se defienden con la teoría de la victimización: argumentan que se trata de una campaña de desprestigio montada por sus enemigos.
Las teorías conspirativas llevan a la política más cerca del terreno de lo fantástico y de lo policíaco que de lo real. No son nuevas, ni mucho menos un invento argentino. A lo largo de los siglos, la humanidad padeció las consecuencias de quienes se especializaron en azuzar planes secretos (de los masones, de la sinarquía internacional, de los marxistas y hasta de los propios capitalistas) para justificar persecuciones hacia determinadas minorías. En el libro "La Argentina autoritaria", el historiador norteamericano David Rock cuenta que en 1935, el general Emilio Kinkelin -por entonces dirigía la nacionalista Legión Cívica- "anunció desde Tucumán que había descubierto un complot judío destinado a controlar la zona azucarera".
Quienes sostienen las tesis conspirativas suelen ver manos negras que traman los hechos. Por ende, todo lo que ocurre responde a fines inconfesables, siempre ocultos. Esta manera de razonar no es privativa de un partido, sino que tiene una historia que se remonta a la época de la Revolución Francesa y que persiste como una praxis muy arraigada en la política argentina.
Dos gotas de agua
El 14 de febrero de 1998, con lágrimas en los ojos, el por entonces gobernador Antonio Bussi no negó pero tampoco afirmó que tuviera cuentas bancarias secretas en Suiza. Pero subrayó que esa información que se había revelado respondía a un continuo "proceso de difamación" en su contra. "Es muy difícil establecer quiénes son los ideólogos, ya que operan desde la oscuridad", agregó.
Cuatro años más tarde, el vicegobernador Sisto Terán, aunque de una formación muy diferente de la de Bussi, desempolvó el mismo razonamiento, cuando la Justicia pretendió desentrañar si se pagaron coimas en la Legislatura para habilitar la reforma constitucional. "Es un plan conspirativo de José Ricardo Falú y de Ricardo Bussi para boicotear la enmienda, porque le tienen miedo a Julio Miranda", dijo el 29 de mayo pasado.
Los especialistas consultados por LA GACETA (ver notas aparte) concluyeron que la conspiración se volvió un argumento obsoleto que impide que madure el sistema institucional. También coinciden en que, lo de la paranoia, como en el caso de Woody Allen, es una simple metáfora.
ENTREVISTA A DANIEL SABSAY
"Más que paranoia, hay una cultura de la impunidad"
LA GACETA consultó a uno de los más agudos críticos del funcionamiento político-institucional del país: el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires, Daniel Sabsay.
-¿Por qué es tan recurrente el fantasma de la conspiración?
- Más que paranoia, hay una cultura de la impunidad con dos aspectos. En primer lugar, generar en la opinión pública la sensación de que los funcionarios son sometidos a investigaciones judiciales por obra de un poder extraño, que conspira contra todo un gobierno a través de ellos. Esta es una forma lamentable de ampararse en la pureza del voto. Según esta visión, los enemigos promueven las investigaciones, pero no para conocer hechos de corrupción o presuntos incumplimientos de la ley, sino para destruir un mandato popular. Es así como se agita el fantasma de la conspiración exterior, de la sinarquía internacional, de la prensa; o se echa mano de cualquier cosa, para explotar los prejuicios de otros.
- La historia argentina es rica en ejemplos...
- El peronismo fue un maestro en ese arte de agitar el fantasma de los gorilas, de los vendepatrias, etcétera, que conspiraban contra los humildes, a los que el peronismo defendía. Los radicales recurrieron a una entelequia más sofisticada: azuzan la desestabilización contra el sistema, que ellos representan. Entonces, quienes se oponen a ellos son enemigos de la república. Ambos partidos jugaron con mucho éxito y generaron impunidad, porque bloquearon la posibilidad de ir a fondo.
- ¿Cuál es el segundo elemento de la cultura de la impunidad?
- La impunidad institucionalizada mediante la creación de mecanismos que destruyen los controles y, por ende, la independencia de la Justicia. Esto se logra haciendo jueces a los amigos o ascendiendo a los independientes a tribunales colegiados en los que son mayoría los magistrados leales. Otra manera de lograr una Justicia adicta, ligada al poder político, es nombrar jueces sin formación o que antes eran funcionarios. No se designa a un burro por casualidad. A este se lo puede manejar a control remoto: él mismo siente que debe obedecer para mantenerse o que el cargo es un regalo y, por ende, debe mostrar su agradecimiento.
- ¿Esto sucede únicamente en el Poder Judicial?
- No; se proyecta a los demás organismos de control. ¡No puede ser que los tribunales de cuenta o auditorías sean ocupados por quienes antes fueron funcionarios! Esto los invalida éticamente. El control, en esos casos, es una ficción y una forma de crear empleos de lujo, con sueldos y jubilaciones altísimas para los amigos del poder, que hacen poco y permanecen por largo tiempo. Su función se limita a arreglar dictámenes y procedimientos de modo que el poder político tenga impunidad.
- ¿El bipartidismo favoreció esta situación?
- Terminó siendo una bisagra fatal. Salvo algunas pantomimas armadas para el exterior, se protegieron entre ellos y la prueba es el fallo que liberó a Carlos Menem. Un juez de la Corte, como Augusto Belluscio, próximo a la UCR, fue el inspirador de ese fallo inconcebible. Desde que Menem fue detenido, muchos, como Raúl Alfonsín, sostuvieron que la asociación ilícita no puede aplicarse a funcionarios públicos cuando la legislación penal sí lo admite. Todo esto fue producto de una estrategia, donde jugó la voluntad de ambos partidos, que manejan cuotas para la designación de jueces y un sistema de premios y castigos que, más que con la idoneidad, tienen que ver con la posibilidad de manejar jueces adictos.
- ¿Cómo se cambia esto?
- Este sistema hoy está haciendo aguas. Lo que pasa en Tucumán es una réplica de lo que, con matices, ocurre en todas partes, pero la ciudadanía ya no lo tolera. En diciembre pasado, uno de los reclamos más fuertes fue la remoción de la Corte Suprema. Esto es una muestra del hartazgo que existe. Hay un brote de ciudadanía. Cuando la gente derribó a De la Rúa y a Rodríguez Saá no pidió un dictador ni botas, sino más república, un Congreso que controle, una Justicia independiente y el fin de una cultura nefasta, autoritaria y corrupta.
El escaso respeto por la ley
Luis Alberto Romero (historiador)
"En la Argentina existe un escaso respeto por la ley. Es débil la convicción de que esta es una obligación para todos. También es recurrente el argumento que se esgrime para impedir lo que es propio del sistema republicano: la aplicación de la Constitución. Es constante la apelación a la conspiración en contra de alguien.
Desde la Revolución Francesa, es propio de los discursos democráticos -entendiendo por tal únicamente el respeto a la soberanía popular- identificar a unos con el pueblo y a otros con los enemigos de él. El paso siguiente es que el enemigo conspira contra el pueblo; de allí el fantasma del complot aristocrático contra la revolución y contra el pueblo.
En esa herencia democrática no cruzada o teñida con los criterios del liberalismo clásico -en esta última mixtura es cuando surge el valor de la ley-, el mundo se divide entre el pueblo o la Nación y los enemigos de ellos. Hay un combate eterno, en el que unos apelan a la verdad y al lenguaje puro y los otros a la mentira y a la calumnia. Es, por eso, que en esos términos se pueden construir discursos que permiten descalificar cualquier opinión adversa como conjura contra el pueblo.
El país heredó este esquema. Nuestra cultura política, delineada por el peronismo y por el radicalismo en el siglo XX, lleva esta manera de plantear las cosas. Claro que hoy los fantasmas de las conspiraciones no son más que chicanas: nadie los cree y no evocan ningún sentimiento auténtico, como sí sucedía en la Revolución Francesa. Hoy son una simple manera de salir del paso, que queda encerrada en el mundo de los políticos.
Hay que pensar esto como un conflicto entre dos lógicas: la de los partidos y la de los ciudadanos. El punto de equilibrio entre ambas es cambiante. Por eso, cuando un partido de la oposición pide que se investigue al que está en el gobierno no hay que pensar, necesariamente, que lo inspira el espíritu ciudadano. Cuando un partido hace eso, probablemente, pide lo que él no estaría dispuesto a hacer si estuviera en el oficialismo.
El estado de derecho es una conjunción entre democracia (soberanía popular) y el criterio liberal de que la sociedad debe organizarse en una ley (constitución) y que el respeto a ella es un valor aceptado por todos. Esta concepción tiene poco arraigo entre nosotros. Sin embargo, esto tampoco es una maldición argentina.
Desde 1983 hubo un fuerte avance en la institucionalización del país, aunque después sobrevino un nuevo retroceso. Este último tiene que ver con el aflojamiento de la conciencia cívica de la sociedad y de la importancia del control ciudadano, con el desaliento general y con la desilusión con la democracia".
El autoritario prohíbe la crítica
José Azar (psicoanalista)
"Lo primero que instaura un régimen autoritario, tanto en un país como en la célula social básica de la familia, es la prohibición de la crítica. Esta, como la denuncia, implica la existencia de un otro, semejante pero también diferente y que, por su presencia denunciante, pone un borde, delimita el poder, creando barreras al exceso y a la perversión y marcando que no todo se puede.
La intensidad de la resistencia a la crítica de una función expresa la debilidad con que esta fue ejercida. Acorde con esto, podría establecerse una ecuación: a mayor rechazo de la evidencia, mayor es el componente narcisista; por lo tanto, es menor el compromiso con el prójimo.
La perversa propuesta "goebbeliana" era: "miente, miente, que algo quedará". Esta fue transformada por algunos políticos descubiertos en falta en: "el otro miente, miente; alguien me creerá".
Pero tampoco hay que caer en el ingenuo reduccionismo de que unos son los buenos y otros los malos, tanto de un lado como del otro.
Aquel periodismo que abusa de su poder, que abusa del valor de la verdad y lo convierte en un instrumento de dominio es tan corrupto como el político que no cumple con su promesa de gobernar para el bien común.
El abuso de poder, cualquiera que este sea, rechaza la diferencia, no acepta la crítica, ni la propia ni la ajena. Encerrado en su prisión narcisística no puede ver nada que delate su impotencia. Aparece, entonces, el prójimo sólo como objeto para ser usado acorde con su voluntad de goce. Del bien común mejor ni hablar".
De las tantas cosas de las que se jacta Woody Allen, se destaca la paranoia. "El hecho de que lo sea no significa que no me persigan", agrega, siempre en clave de humor, el cineasta norteamericano. Pero en Tucumán, muchos políticos -de casi todos los partidos- se han tomado a pecho esta ironía. Por ello, cada vez que desde la Justicia se pone en marcha una investigación en su contra o de sus dirigentes, en lugar de mostrar disposición para que se conozca la verdad, se defienden con la teoría de la victimización: argumentan que se trata de una campaña de desprestigio montada por sus enemigos.
Las teorías conspirativas llevan a la política más cerca del terreno de lo fantástico y de lo policíaco que de lo real. No son nuevas, ni mucho menos un invento argentino. A lo largo de los siglos, la humanidad padeció las consecuencias de quienes se especializaron en azuzar planes secretos (de los masones, de la sinarquía internacional, de los marxistas y hasta de los propios capitalistas) para justificar persecuciones hacia determinadas minorías. En el libro "La Argentina autoritaria", el historiador norteamericano David Rock cuenta que en 1935, el general Emilio Kinkelin -por entonces dirigía la nacionalista Legión Cívica- "anunció desde Tucumán que había descubierto un complot judío destinado a controlar la zona azucarera".
Quienes sostienen las tesis conspirativas suelen ver manos negras que traman los hechos. Por ende, todo lo que ocurre responde a fines inconfesables, siempre ocultos. Esta manera de razonar no es privativa de un partido, sino que tiene una historia que se remonta a la época de la Revolución Francesa y que persiste como una praxis muy arraigada en la política argentina.
Dos gotas de agua
El 14 de febrero de 1998, con lágrimas en los ojos, el por entonces gobernador Antonio Bussi no negó pero tampoco afirmó que tuviera cuentas bancarias secretas en Suiza. Pero subrayó que esa información que se había revelado respondía a un continuo "proceso de difamación" en su contra. "Es muy difícil establecer quiénes son los ideólogos, ya que operan desde la oscuridad", agregó.
Cuatro años más tarde, el vicegobernador Sisto Terán, aunque de una formación muy diferente de la de Bussi, desempolvó el mismo razonamiento, cuando la Justicia pretendió desentrañar si se pagaron coimas en la Legislatura para habilitar la reforma constitucional. "Es un plan conspirativo de José Ricardo Falú y de Ricardo Bussi para boicotear la enmienda, porque le tienen miedo a Julio Miranda", dijo el 29 de mayo pasado.
Los especialistas consultados por LA GACETA (ver notas aparte) concluyeron que la conspiración se volvió un argumento obsoleto que impide que madure el sistema institucional. También coinciden en que, lo de la paranoia, como en el caso de Woody Allen, es una simple metáfora.
ENTREVISTA A DANIEL SABSAY
"Más que paranoia, hay una cultura de la impunidad"
LA GACETA consultó a uno de los más agudos críticos del funcionamiento político-institucional del país: el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires, Daniel Sabsay.
-¿Por qué es tan recurrente el fantasma de la conspiración?
- Más que paranoia, hay una cultura de la impunidad con dos aspectos. En primer lugar, generar en la opinión pública la sensación de que los funcionarios son sometidos a investigaciones judiciales por obra de un poder extraño, que conspira contra todo un gobierno a través de ellos. Esta es una forma lamentable de ampararse en la pureza del voto. Según esta visión, los enemigos promueven las investigaciones, pero no para conocer hechos de corrupción o presuntos incumplimientos de la ley, sino para destruir un mandato popular. Es así como se agita el fantasma de la conspiración exterior, de la sinarquía internacional, de la prensa; o se echa mano de cualquier cosa, para explotar los prejuicios de otros.
- La historia argentina es rica en ejemplos...
- El peronismo fue un maestro en ese arte de agitar el fantasma de los gorilas, de los vendepatrias, etcétera, que conspiraban contra los humildes, a los que el peronismo defendía. Los radicales recurrieron a una entelequia más sofisticada: azuzan la desestabilización contra el sistema, que ellos representan. Entonces, quienes se oponen a ellos son enemigos de la república. Ambos partidos jugaron con mucho éxito y generaron impunidad, porque bloquearon la posibilidad de ir a fondo.
- ¿Cuál es el segundo elemento de la cultura de la impunidad?
- La impunidad institucionalizada mediante la creación de mecanismos que destruyen los controles y, por ende, la independencia de la Justicia. Esto se logra haciendo jueces a los amigos o ascendiendo a los independientes a tribunales colegiados en los que son mayoría los magistrados leales. Otra manera de lograr una Justicia adicta, ligada al poder político, es nombrar jueces sin formación o que antes eran funcionarios. No se designa a un burro por casualidad. A este se lo puede manejar a control remoto: él mismo siente que debe obedecer para mantenerse o que el cargo es un regalo y, por ende, debe mostrar su agradecimiento.
- ¿Esto sucede únicamente en el Poder Judicial?
- No; se proyecta a los demás organismos de control. ¡No puede ser que los tribunales de cuenta o auditorías sean ocupados por quienes antes fueron funcionarios! Esto los invalida éticamente. El control, en esos casos, es una ficción y una forma de crear empleos de lujo, con sueldos y jubilaciones altísimas para los amigos del poder, que hacen poco y permanecen por largo tiempo. Su función se limita a arreglar dictámenes y procedimientos de modo que el poder político tenga impunidad.
- ¿El bipartidismo favoreció esta situación?
- Terminó siendo una bisagra fatal. Salvo algunas pantomimas armadas para el exterior, se protegieron entre ellos y la prueba es el fallo que liberó a Carlos Menem. Un juez de la Corte, como Augusto Belluscio, próximo a la UCR, fue el inspirador de ese fallo inconcebible. Desde que Menem fue detenido, muchos, como Raúl Alfonsín, sostuvieron que la asociación ilícita no puede aplicarse a funcionarios públicos cuando la legislación penal sí lo admite. Todo esto fue producto de una estrategia, donde jugó la voluntad de ambos partidos, que manejan cuotas para la designación de jueces y un sistema de premios y castigos que, más que con la idoneidad, tienen que ver con la posibilidad de manejar jueces adictos.
- ¿Cómo se cambia esto?
- Este sistema hoy está haciendo aguas. Lo que pasa en Tucumán es una réplica de lo que, con matices, ocurre en todas partes, pero la ciudadanía ya no lo tolera. En diciembre pasado, uno de los reclamos más fuertes fue la remoción de la Corte Suprema. Esto es una muestra del hartazgo que existe. Hay un brote de ciudadanía. Cuando la gente derribó a De la Rúa y a Rodríguez Saá no pidió un dictador ni botas, sino más república, un Congreso que controle, una Justicia independiente y el fin de una cultura nefasta, autoritaria y corrupta.
El escaso respeto por la ley
Luis Alberto Romero (historiador)
"En la Argentina existe un escaso respeto por la ley. Es débil la convicción de que esta es una obligación para todos. También es recurrente el argumento que se esgrime para impedir lo que es propio del sistema republicano: la aplicación de la Constitución. Es constante la apelación a la conspiración en contra de alguien.
Desde la Revolución Francesa, es propio de los discursos democráticos -entendiendo por tal únicamente el respeto a la soberanía popular- identificar a unos con el pueblo y a otros con los enemigos de él. El paso siguiente es que el enemigo conspira contra el pueblo; de allí el fantasma del complot aristocrático contra la revolución y contra el pueblo.
En esa herencia democrática no cruzada o teñida con los criterios del liberalismo clásico -en esta última mixtura es cuando surge el valor de la ley-, el mundo se divide entre el pueblo o la Nación y los enemigos de ellos. Hay un combate eterno, en el que unos apelan a la verdad y al lenguaje puro y los otros a la mentira y a la calumnia. Es, por eso, que en esos términos se pueden construir discursos que permiten descalificar cualquier opinión adversa como conjura contra el pueblo.
El país heredó este esquema. Nuestra cultura política, delineada por el peronismo y por el radicalismo en el siglo XX, lleva esta manera de plantear las cosas. Claro que hoy los fantasmas de las conspiraciones no son más que chicanas: nadie los cree y no evocan ningún sentimiento auténtico, como sí sucedía en la Revolución Francesa. Hoy son una simple manera de salir del paso, que queda encerrada en el mundo de los políticos.
Hay que pensar esto como un conflicto entre dos lógicas: la de los partidos y la de los ciudadanos. El punto de equilibrio entre ambas es cambiante. Por eso, cuando un partido de la oposición pide que se investigue al que está en el gobierno no hay que pensar, necesariamente, que lo inspira el espíritu ciudadano. Cuando un partido hace eso, probablemente, pide lo que él no estaría dispuesto a hacer si estuviera en el oficialismo.
El estado de derecho es una conjunción entre democracia (soberanía popular) y el criterio liberal de que la sociedad debe organizarse en una ley (constitución) y que el respeto a ella es un valor aceptado por todos. Esta concepción tiene poco arraigo entre nosotros. Sin embargo, esto tampoco es una maldición argentina.
Desde 1983 hubo un fuerte avance en la institucionalización del país, aunque después sobrevino un nuevo retroceso. Este último tiene que ver con el aflojamiento de la conciencia cívica de la sociedad y de la importancia del control ciudadano, con el desaliento general y con la desilusión con la democracia".
El autoritario prohíbe la crítica
José Azar (psicoanalista)
"Lo primero que instaura un régimen autoritario, tanto en un país como en la célula social básica de la familia, es la prohibición de la crítica. Esta, como la denuncia, implica la existencia de un otro, semejante pero también diferente y que, por su presencia denunciante, pone un borde, delimita el poder, creando barreras al exceso y a la perversión y marcando que no todo se puede.
La intensidad de la resistencia a la crítica de una función expresa la debilidad con que esta fue ejercida. Acorde con esto, podría establecerse una ecuación: a mayor rechazo de la evidencia, mayor es el componente narcisista; por lo tanto, es menor el compromiso con el prójimo.
La perversa propuesta "goebbeliana" era: "miente, miente, que algo quedará". Esta fue transformada por algunos políticos descubiertos en falta en: "el otro miente, miente; alguien me creerá".
Pero tampoco hay que caer en el ingenuo reduccionismo de que unos son los buenos y otros los malos, tanto de un lado como del otro.
Aquel periodismo que abusa de su poder, que abusa del valor de la verdad y lo convierte en un instrumento de dominio es tan corrupto como el político que no cumple con su promesa de gobernar para el bien común.
El abuso de poder, cualquiera que este sea, rechaza la diferencia, no acepta la crítica, ni la propia ni la ajena. Encerrado en su prisión narcisística no puede ver nada que delate su impotencia. Aparece, entonces, el prójimo sólo como objeto para ser usado acorde con su voluntad de goce. Del bien común mejor ni hablar".
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