El Gobierno entregaría un bono para los sectores más vulnerables antes de fin de año

El reclamo de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para que Sergio Massa disponga de medidas más efectivas y contundentes que contribuyan a bajar la inflación ha golpeado las puertas del Palacio de Hacienda, Pero no fue el ministro de Economía el que salió a responderle a la titular del Senado, sino el secretario de Programación Económica, Gabriel Rubinstein. En su cuenta en Twitter, Cristina planteó la necesidad de regular los márgenes de rentabilidad de las empresas alimenticias y propuso “diseñar un instrumento que refuerce la seguridad alimentaria” en materia de indigencia. Usando la misma red, el viceministro admitió que hasta que no se logre unificar el mercado de cambios, la economía seguirá desordenada y las empresas tendrán ganancias “más altas que las normales”. “Hasta que no logremos la unificación cambiaria, habrá cierto desorden y márgenes empresariales más altos que los normales. Pero unificar el mercado de cambios, sin robusto superávit fiscal primario, y casi sin Reservas, luce demasiado riesgoso. El norte (tres años) debería ser ese”, remarcó. “La culpa del desorden cambiario, las altísimas brechas, la obligación a financiarse a 180 días para importar, cupos, etc., etc., no la tienen las empresas. Aunque haya abusos normativos y corrupción. Es nuestra responsabilidad (gobierno) que todo esto mejore. En eso estamos”, escribió.

En la Casa Rosada también hubo reacción. La portavoz Gabriela Cerruti dejó en claro que tanto Alberto Fernández como Massa concuerdan con el diagnóstico que dio Cristina tras conocerse el índice de pobreza. “Estamos en un momento en el que hay una excesiva rentabilidad empresaria y que estoy debe corregirse para que la carga de la distribución no termine cayendo sobre las familias y los más vulnerables”, acotó.

El desembarco de Rubinstein (foto) al equipo de Massa había sido cuestionado por el cristinismo, particularmente La Cámpora. Tras varios días de negociaciones, el economista, finalmente, pudo sumarse al Palacio de Hacienda. Ayer, por Twitter, también se refirió a la elevada inflación y dio indicios acerca de lo que debería hacerse para contenerla. “El exceso de demanda que provoca el déficit fiscal seguirá impulsando una alta inflación. El Ministerio de Economía busca bajar la brecha cambiaria, generar acuerdos y otras acciones, para que el índice de precios al consumidor descienda del 90% -que se proyecta para este año- al 60%, que se contempla en el Presupuesto 2023. “Solo un primer paso”, agregó. El viceministro, además, remarcó que, “lo antes que podamos, deberíamos volver a la macro de 2003-2005: superávit primario del 3% del PBI. Por ende, superavit externo (cuenta corriente del 2% del Producto). Dólar único. Inflación del 5% anual (sin controles de precios). Tasa Lebac (Leliq) 6% anual. Y U$S 40,000 millones de Reservas Netas”.

Mientras se buscan herramientas más efectivas para combatir la inflación, el Gobierno nacional se dispone a lanzar un bono para los sectores más vulnerables de la sociedad ante la suba de precios que marca la coyuntura. Los datos de pobreza y de indigencia obligaron a las autoridades a buscar medidas que tiendan a proteger a los sectores pobres a través de otra ayuda social que será lanzada antes de que finalice 2022 y ante el insistente reclamo del dirigente del MTE, Juan Grabois, quien amenazó con romper con el Frente de Todos de no haber anuncios sociales para los sectores marginados. Por su parte, el referente de Patria Grande presentó un proyecto en el que demanda que la asistencia de un monto equivalente a la canasta básica, alance a más de dos millones y medio de personas. En Casa Rosada debaten ese número y plantean que aún no hay definiciones del estilo.

El reclamo surge a raíz de la medida anunciada por Massa, en beneficio de los sectores agroexportadores, al regimentar un dólar a $ 200 a productores de soja para que liquiden la producción en el marco de la falta de divisas en el Banco Central. En el detalle del Decreto 576, se contempla la reglamentación de una medida social para sectores marginados, aunque sin detalles específicos. Grabois reveló que la Vicepresidenta le garantizó que parte de lo recaudado por el dólar soja sería destinado a la asistencia de sectores en situación de indigencia. Tras la tensión generada luego de las amenazas de los diputados de Patria Grande de abandonar el bloque oficialista en la Cámara Baja, los principales funcionarios de la coalición mantienen diálogo cotidiano para avanzar en la elaboración del nuevo beneficio social. A la compleja realidad, se suma el preocupante el dato del Indec que indica que un 36.5% de los argentinos son pobres y que el 8,8% está por bajo la línea de indigencia.