12 Julio 2022
“Irán presos”. Con esas dos palabras sintetizó el gobernador Osvaldo Jaldo la advertencia para los adjudicatarios de inmuebles del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU) que efectúen operaciones fuera de normativa.
“He dado instrucciones a la Policía de la Provincia para que, a través de la Unidad de Delitos Telemáticos, se lleven adelante las investigaciones correspondientes para dar con todas las personas que ofrecen casas del IPV, ya sea en venta o alquiler, violando las leyes y normativas del instituto”, adelantó ayer a LA GACETA.
Según el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, su objetivo es “que estos hombres y mujeres sean puestos a disposición de la Justicia penal. También instruí a las autoridades del Instituto de la Vivienda para que hagan auditorías, a los fines de determinar si las casas adjudicadas están siendo ocupadas por sus legítimos propietarios”, subrayó. En los casos en que se detecten irregularidades, puntualizó Jaldo, el IPV deberá accionar contra los beneficiarios de las viviendas sociales que las alquilaron o las vendieron antes de que se haya cumplido el plazo legal que permite la enajenación de esos bienes.
“Buscamos terminar con los negocios inmobiliarios de las viviendas sociales, ya que algunas personas, argumentando que se encuentran en situación de necesidad, se hacen adjudicar casas que luego venden, transfieren o alquilan. Así, dejan afuera a mucha gente que necesita realmente de esas casas, y no se las podemos dar”, expuso el gobernador. “La persona que venda, que alquile o que transfiera casas del IPV fuera de las normas legales, va a ir presa”, subrayó.
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