Algunos fiscales del Poder Judicial están investigando de oficio la procedencia de los panfletos que inundaron la provincia en los últimos meses, decididos a descubrir lo que, aseguran, se trata de varias organizaciones con fuertes vínculos políticos.
El hecho de que los libelos hayan estado destinados a distintos funcionarios, asociaciones e inclusive medios de prensa, llevaron a los fiscales a iniciar las pesquisas. La aparición de panfletos difamatorios contra el gobernador Julio Miranda ya provocó la separación de su cargo del jefe del Departamento Informaciones Policiales (D2), Miguel Angel Chuchuy Linares, pero esa decisión no habría hecho más que avivar una interna dentro de la misma fuerza de seguridad.
Algunos integrantes de la cúpula se preguntan, inclusive, si ese es el trabajo que debe realizar el personal de Inteligencia. Al mismo tiempo, según confiaron los fiscales consultados, se busca saber de dónde salieron los datos que se consignaban en los afiches que aparecieron hace tres meses contra el dirigente Héctor Terán, de Poder del Pueblo.
"Obviamente tuvieron acceso a mi prontuario policial. Algo que no es muy fácil, a no ser que se tenga las conexiones necesarias", indicó Terán a LA GACETA. El problema, según Terán, es que como los panfletos no están firmados, es imposible denunciar a nadie.
En busca de ayuda
El gobernador Julio Miranda se encuentra en Buenos Aires y allí habría mantenido una reunión con el ex ministro de Gobierno, Antonio Guerrero, con quien habría discutido este problema y le habría pedido que lo ayude a solucionarlo, teniendo en cuenta que no se descartaría que, inclusive, personas de su entorno estén vinculadas a los ataques.
Es que, la semana pasada, volvieron a aparecer los libelos en su contra y hasta el momento no hay pistas certeras de los autores. A eso se suman panfletos contra los directores de la Caja Popular, contra legisladores, contra el fiscal Esteban Jerez y contra medios de prensa. Una de las cuestiones que se deben analizar es dónde fueron confeccionados.
Los fiscales, que pidieron por ahora que no se revelaran sus identidades, cruzarán los datos obtenidos hasta el momento, y no se descarta que se puedan pedir allanamientos en algunas viviendas donde estarían funcionando imprentas clandestinas.
El hecho de que los libelos hayan estado destinados a distintos funcionarios, asociaciones e inclusive medios de prensa, llevaron a los fiscales a iniciar las pesquisas. La aparición de panfletos difamatorios contra el gobernador Julio Miranda ya provocó la separación de su cargo del jefe del Departamento Informaciones Policiales (D2), Miguel Angel Chuchuy Linares, pero esa decisión no habría hecho más que avivar una interna dentro de la misma fuerza de seguridad.
Algunos integrantes de la cúpula se preguntan, inclusive, si ese es el trabajo que debe realizar el personal de Inteligencia. Al mismo tiempo, según confiaron los fiscales consultados, se busca saber de dónde salieron los datos que se consignaban en los afiches que aparecieron hace tres meses contra el dirigente Héctor Terán, de Poder del Pueblo.
"Obviamente tuvieron acceso a mi prontuario policial. Algo que no es muy fácil, a no ser que se tenga las conexiones necesarias", indicó Terán a LA GACETA. El problema, según Terán, es que como los panfletos no están firmados, es imposible denunciar a nadie.
En busca de ayuda
El gobernador Julio Miranda se encuentra en Buenos Aires y allí habría mantenido una reunión con el ex ministro de Gobierno, Antonio Guerrero, con quien habría discutido este problema y le habría pedido que lo ayude a solucionarlo, teniendo en cuenta que no se descartaría que, inclusive, personas de su entorno estén vinculadas a los ataques.
Es que, la semana pasada, volvieron a aparecer los libelos en su contra y hasta el momento no hay pistas certeras de los autores. A eso se suman panfletos contra los directores de la Caja Popular, contra legisladores, contra el fiscal Esteban Jerez y contra medios de prensa. Una de las cuestiones que se deben analizar es dónde fueron confeccionados.
Los fiscales, que pidieron por ahora que no se revelaran sus identidades, cruzarán los datos obtenidos hasta el momento, y no se descarta que se puedan pedir allanamientos en algunas viviendas donde estarían funcionando imprentas clandestinas.
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