El anuncio del gobernador interino de que se construirán cinco nuevos centros de detención y que se está remodelando dos pabellones del penal de Villa Urquiza, después de casi seis años de idas y vueltas, en principio, ayudará a poner fin a la crisis carcelaria de la provincia. Pero la gran pregunta es por qué se esperó tanto tiempo. “La respuesta es simple: nuestra gestión decidió destinar recursos para solucionar el problema. Otros no lo pudieron hacer porque no contaban con las partidas necesarias y la destinaron para otra cosa o porque no entendían el problema”, aseguró Osvaldo Jaldo en una entrevista con LA GACETA.
El vicegobernador interino sabe muy bien lo que es lidiar con la falta de lugares para alojar a los detenidos. Lo sufrió en carne propia cuando todavía no se había terminado de acomodar en el cargo. Roberto Rejas, condenado por el femicidio de Milagros Avellaneda y del crimen de su hijo Benicio, se escapó de la Dirección General de Bomberos, cuartel que no tiene las más mínimas condiciones para ubicar a un condenado. Después de ese caso, comenzaron a visibilizarse otras evasiones, incluidas las cuatro que se produjeron en lo que va del año. “Muchos no saben que nos estamos ocupando del tema. En octubre comenzamos con todos los análisis correspondientes, iniciamos los trámites correspondientes y estamos muy cerca de iniciar obras que no se hicieron en 100 años”, agregó Jaldo.
Se comenzó a hablar de la crisis carcelaria en 2016, cuando los fiscales Adriana Giannoni y Diego López Ávila, al descubrir que había cerca de 600 personas detenidas en dependencias policiales de la provincia, cuando en realidad tenían capacidad para 150. Con el correr de los años, pese a las obras que se realizaron, el panorama se complicó con el correr de los años.
LA IDEA. Imágenes de lo que sería la alcaldía Portal del Este, de Banda del Río Salí.
Actualmente, en los calabozos de las comisarías, serían más de 1.100. De ese número, el 98% se encuentra con prisión preventiva o condena firme, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia de la provincia había prohibido que las personas que se encuentren en esas condiciones procesales no podían estar en esos lugares de detención y que debían ser trasladados de inmediato al penal de Villa Urquiza. En total, en nuestra provincia, contando con los privados de la libertad que están en las cárceles, suman alrededor de 2.500, cuando en realidad hay una capacidad de 1.500, aproximadamente. Cuando se terminen de construir todos los nuevos centros de detención, habrá 1.900 cupos nuevos.
Entusiasmado
Jaldo, durante el encuentro con LA GACETA, se mostró entusiasmado a la hora de hacer los anuncios. “Se invertirán más de $ 7.000 millones. Hay fondos que son nacionales y otros provinciales. Pero lo más importante es que hay una decisión política de trabajar en estos proyectos. No son meros anuncios”, indicó mientras revisaba cada una de las carpetas que le había acercado Marcelo Caponio.
En esas decenas de hojas están los detalles, convenios y trámites que se vienen realizando para la construcción del penal de Benjamín Paz, que es el que más cercano está de concretarse. La Nación ya giró el 20% del total de los fondos que se necesitan para edificar. Ya está decidido que se construirá el primero de los cinco módulos que tiene el proyecto en cuestión que se instalará en un predio de 130 hectáreas.
Por las gestiones que realizaron Caponio y Sisto Terán en Buenos Aires, se decidió utilizar el mismo sistema con el que se hicieron las últimas cárceles del país, es decir, a través de módulos, por lo que su edificación es mucho más veloz.
En un segundo turno se ubican las alcaldías de Delfín Gallo y de Río Seco. “Esas obras avanzarán muy rápido porque se trata de remodelaciones y adecuaciones. Ambas se levantarán en establecimientos escolares que se dejaron de usar”, explicó Caponio.
IGUALES. La alcaldía bandeña será idéntica a la de Las Talitas.
El de las otras alcaldías es un caso particular. El año pasado estaba todo listo para que se iniciara la construcción de la de Banda del Río Salí. Pero se desencadenó la pelea dentro del oficialismo y el proyecto fue totalmente frenado porque el intendente Darío Montero estaba ubicado en las filas del jaldismo. Surgió entonces la posibilidad de hacerla en Las Talitas, porque su intendente Carlos Najar era afín a Juan Manzur. El gobernador interino, que mostró una vez más tener cintura política, resolvió seguir adelante con ambos proyectos para no herir susceptibilidades. “Lo más importante de todo es que hay una decisión política de llevar adelante una política carcelaria que antes no había, por diferentes motivos. Y esto no se trata de remodelar comisarías ni hacer anuncios, son obras importantes”, añadió Jaldo.
Otras cuestiones
Los habitantes de Benjamín Paz fueron los primeros en protestar por la construcción del penal. “Hablamos con los vecinos y les llevamos tranquilidad. En primer lugar, le dijimos que los delincuentes estarían detrás de las rejas y no en las calles. Después insistimos en que la instalación de la cárcel sería muy beneficioso para ellos. Hace pocos días firmamos un convenio para la instalación de una red de gas natural en esa localidad porque una penitenciaría no puede funcionar ese servicio. Y los vecinos, por esa obra, también podrán acceder al servicio”, argumentó Jaldo. También destacó que la actividad comercial se incrementará porque no sólo habrá que atender las necesidades de los reos, sino también del personal que se encarga de custodiarlos.
Najar también celebró el anuncio. “Habrá mayor presencia policial en la ciudad que es muy importante para disminuir la inseguridad. Se le pedirá a la empresa que realice la obra que contrate a vecinos del municipio y habrá mayor actividad comercial en la zona. Sin lugar a dudas que es beneficioso por donde se lo mire”, finalizó.
