23 Octubre 2004 Seguir en 
Tribunales sigue convulsionado por la investigación que podría complicar al juez Civil y Comercial I Julio César Mustafá, cuyo caso fue analizado ayer por segundo día consecutivo por la Corte Suprema.
Los vocales, según trascendió, no se pusieron aún de acuerdo sobre el alcance de la participación del magistrado en la supuesta maniobra irregular con la que se habría permitido que vehículos que legalmente no existen pudieran circular por el territorio nacional. De todos modos, se iniciaría un sumario administrativo a partir del lunes para terminar de dirimir el problema.
Todo comenzó cuando la Policía, por casualidad, secuestró un auto marca Renault que no figuraba en el Registro de la Propiedad Automotor, a pesar de no tener adulteraciones en sus números de serie. Hasta ahora son cinco los vehículos secuestrados en esas condiciones.
Pero lo que llamó la atención de los investigadores del fuero penal fue que los poseedores de los rodados, que demostraron haberlos comprado en la agencia Orly, tenían oficios o certificados emitidos en el Juzgado Civil y Comercial I que los habrían facultado para circular por el país con total libertad. Ello constituiría una irregularidad, dado que son vehículos que no tributan por patente; no pueden tener seguro ni ninguna de las documentaciones que se exigen legalmente.
Sin devolución
El problema, según la investigación que ahora lleva adelante el fiscal Alejandro Noguera, se generó cuando Orly entró en concurso preventivo (en el Juzgado de Mustafá). Al caer la concesión de la marca Renault Argentina, la fábrica de autos le reclamó la devolución de los rodados que había en stock en los salones de la empresa tucumana. Pero los rodados habrían sido vendidos de manera directa, según lo demostrarían las facturas y contratos secuestrados a los poseedores.Además, hay una denuncia penal contra la firma tucumana por parte de Renault Argentina, que se tramita en Buenos Aires. La empresa francesa, en tanto, tiene un marcado interés en el caso y no se descarta que se presente como querellante en la causa, según indicaron fuentes vinculadas a la compañía.
Al presidente de Orly lo demandó su hermano
El presidente de Orly, Jorge Omar Arcas, fue denunciado hace tres semanas por estafas y falsificación de instrumento. Lo llamativo es que la querella la inició su propio hermano, Dante Fabio Arcas.
Dante Arcas acusó a su hermano de haberle quitado parte de sus acciones y la vicepresidencia de la empresa, cuando él se hallaba en estado delicado luego de haber sufrido un accidente que le dejó serias secuelas físicas.
El choque se produjo en San Andrés el 10 de junio de 1999, cuando el denunciante regresaba de atender la sucursal de la empresa en Santiago del Estero. Según las constancias médicas, Dante Arcas se empezó a recuperar en 2002.
Cartas documento
Pero hay actas notariales que indican que en 2000 le habría cedido sus acciones a Jorge Arcas. Por ello acusó y querelló a su hermano y a la escribana que labró las actas que, supuestamente, tienen su firma. La causa ingresó a la fiscalía VIII el 27 de setiembre, luego de una serie de cartas documento con las que pretendió recuperar su propiedad. El hombre ratificó la denuncia el 13 de octubre y, representado por el abogado Ernesto Enzo Nieva, se constituyó en querellante en la causa.
Los vocales, según trascendió, no se pusieron aún de acuerdo sobre el alcance de la participación del magistrado en la supuesta maniobra irregular con la que se habría permitido que vehículos que legalmente no existen pudieran circular por el territorio nacional. De todos modos, se iniciaría un sumario administrativo a partir del lunes para terminar de dirimir el problema.
Todo comenzó cuando la Policía, por casualidad, secuestró un auto marca Renault que no figuraba en el Registro de la Propiedad Automotor, a pesar de no tener adulteraciones en sus números de serie. Hasta ahora son cinco los vehículos secuestrados en esas condiciones.
Pero lo que llamó la atención de los investigadores del fuero penal fue que los poseedores de los rodados, que demostraron haberlos comprado en la agencia Orly, tenían oficios o certificados emitidos en el Juzgado Civil y Comercial I que los habrían facultado para circular por el país con total libertad. Ello constituiría una irregularidad, dado que son vehículos que no tributan por patente; no pueden tener seguro ni ninguna de las documentaciones que se exigen legalmente.
Sin devolución
El problema, según la investigación que ahora lleva adelante el fiscal Alejandro Noguera, se generó cuando Orly entró en concurso preventivo (en el Juzgado de Mustafá). Al caer la concesión de la marca Renault Argentina, la fábrica de autos le reclamó la devolución de los rodados que había en stock en los salones de la empresa tucumana. Pero los rodados habrían sido vendidos de manera directa, según lo demostrarían las facturas y contratos secuestrados a los poseedores.Además, hay una denuncia penal contra la firma tucumana por parte de Renault Argentina, que se tramita en Buenos Aires. La empresa francesa, en tanto, tiene un marcado interés en el caso y no se descarta que se presente como querellante en la causa, según indicaron fuentes vinculadas a la compañía.
El presidente de Orly, Jorge Omar Arcas, fue denunciado hace tres semanas por estafas y falsificación de instrumento. Lo llamativo es que la querella la inició su propio hermano, Dante Fabio Arcas.
Dante Arcas acusó a su hermano de haberle quitado parte de sus acciones y la vicepresidencia de la empresa, cuando él se hallaba en estado delicado luego de haber sufrido un accidente que le dejó serias secuelas físicas.
El choque se produjo en San Andrés el 10 de junio de 1999, cuando el denunciante regresaba de atender la sucursal de la empresa en Santiago del Estero. Según las constancias médicas, Dante Arcas se empezó a recuperar en 2002.
Cartas documento
Pero hay actas notariales que indican que en 2000 le habría cedido sus acciones a Jorge Arcas. Por ello acusó y querelló a su hermano y a la escribana que labró las actas que, supuestamente, tienen su firma. La causa ingresó a la fiscalía VIII el 27 de setiembre, luego de una serie de cartas documento con las que pretendió recuperar su propiedad. El hombre ratificó la denuncia el 13 de octubre y, representado por el abogado Ernesto Enzo Nieva, se constituyó en querellante en la causa.







