La empresa cordobesa Rodel SA, encargada desde hace 15 años de la provisión de comidas en los hospitales tucumanos, está en concurso preventivo. La Justicia de Córdoba habilitó hace un mes el proceso de certificación de sus deudas, en una causa abierta en el juzgado de I Instancia en lo Civil y Comercial.
Rodel SA no informó formalmente al Siprosa de su situación judicial. El directorio del ente encargado de la administración de la salud en la provincia se enteró de esa novedad a través del Boletín Oficial, donde figuró el edicto de la Justicia cordobesa."Sabíamos que Rodel tenía problemas financieros, pero no que se había presentado a la Justicia. Hasta el momento, la entrega de la comida en los hospitales es normal. No hay problemas ni quejas de los directores con el servicio que se brinda", afirmó el vocal del Siprosa, Julio Dip.
Los acreedores de Rodel SA podrán presentar la verificación de sus créditos y títulos hasta el 25 de julio, pero tendrán que viajar a Córdoba. Los documentos deberán ser entregados ante los síndicos del concurso, el estudio contable "Castro-Sosa-Velltruski", en avenida 24 de Setiembre 1.193, barrio General Paz.
Dip advirtió que "si la empresa se retira, el sistema no está en condiciones de hacerse cargo de la elaboración de la comida en forma inmediata, porque están montadas las cocinas pero no la estructura de aprovisionamiento ni de distribución".El Gobierno provincial le debe a la firma casi $900.000, por pagos atrasados de ejercicios pasados. "Actualmente se está pagando al día la comida, a un promedio semanal de $70.000. Hemos reducido la cantidad de raciones, mediante un mayor control y más presencia de nuestros nutricionistas. La facturación mensual ronda los $280.000, y se mantienen los valores pactados en la licitación", explicó el funcionario. El valor es de entre $5 y $8 por plato, según la dieta de cada paciente.
Nueva licitación
La empresa desembarcó en Tucumán en 1987, cuando ganó una licitación pública, que fue cuestionada por un antiguo proveedor del Estado, Antonio Gamero. En 1991, el interventor federal Julio César Aráoz prorrogó la concesión por otros 4 años, y en el 94 ganó una nueva licitación, pese a que la comisión de preadjudicaciones del Siprosa había elegido a otra firma.
En abril de 2000, el Tribunal de Cuentas intimó al Poder Ejecutivo a que efectúe una nueva licitación.
Rodel SA no informó formalmente al Siprosa de su situación judicial. El directorio del ente encargado de la administración de la salud en la provincia se enteró de esa novedad a través del Boletín Oficial, donde figuró el edicto de la Justicia cordobesa."Sabíamos que Rodel tenía problemas financieros, pero no que se había presentado a la Justicia. Hasta el momento, la entrega de la comida en los hospitales es normal. No hay problemas ni quejas de los directores con el servicio que se brinda", afirmó el vocal del Siprosa, Julio Dip.
Los acreedores de Rodel SA podrán presentar la verificación de sus créditos y títulos hasta el 25 de julio, pero tendrán que viajar a Córdoba. Los documentos deberán ser entregados ante los síndicos del concurso, el estudio contable "Castro-Sosa-Velltruski", en avenida 24 de Setiembre 1.193, barrio General Paz.
Dip advirtió que "si la empresa se retira, el sistema no está en condiciones de hacerse cargo de la elaboración de la comida en forma inmediata, porque están montadas las cocinas pero no la estructura de aprovisionamiento ni de distribución".El Gobierno provincial le debe a la firma casi $900.000, por pagos atrasados de ejercicios pasados. "Actualmente se está pagando al día la comida, a un promedio semanal de $70.000. Hemos reducido la cantidad de raciones, mediante un mayor control y más presencia de nuestros nutricionistas. La facturación mensual ronda los $280.000, y se mantienen los valores pactados en la licitación", explicó el funcionario. El valor es de entre $5 y $8 por plato, según la dieta de cada paciente.
Nueva licitación
La empresa desembarcó en Tucumán en 1987, cuando ganó una licitación pública, que fue cuestionada por un antiguo proveedor del Estado, Antonio Gamero. En 1991, el interventor federal Julio César Aráoz prorrogó la concesión por otros 4 años, y en el 94 ganó una nueva licitación, pese a que la comisión de preadjudicaciones del Siprosa había elegido a otra firma.
En abril de 2000, el Tribunal de Cuentas intimó al Poder Ejecutivo a que efectúe una nueva licitación.
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