Alarman a la Corte los nuevos autos truchos

La Corte sigue viendo con preocupación el avance de la investigación por la circulación de vehículos que no existen legalmente, y en especial, la actuación del Juzgado Civil y Comercial I, donde se libraron certificados que permiten andan en la calle.
Ayer, la reunión ordinaria de los jueves, del máximo Tribunal de Justicia, se limitó casi exclusivamente a tratar este nuevo escándalo. Según se supo, se ordenaría iniciar un sumario administrativo al Juzgado que conduce Julio César Mustafá.La situación del magistrado se vería aún más comprometida ante la existencia de un certificado firmado aparentemente por él, al que accedió LA GACETA.
Los vehículos 0 km habrían sido vendidos por la concesionaria Orly (que está actualmente en concurso preventivo), a pesar de que le pertenecerían a la fábrica Renault Argentina y estaban destinados a planes de ahorro, y no a la venta directa en salón.Quienes compraron esos autos y camionetas, entonces, reclamaron la entrega de los papeles para patentar y poner en regla los vehículos; pero la fábrica no los otorgó porque esperaba la devolución de los vehículos. Por ello, Renault querelló a Orly en la Justicia Federal de Buenos Aires. Pero en el Juzgado donde se tramita el concurso se libraron oficios que permitirían la circulación libre de los rodados.
A pesar de que el juez Julio César Mustafá negó, en diálogo con LA GACETA, conocer ese aspecto del concurso preventivo que tramita, se supo que poco antes de que emitiera esas declaraciones, la Corte lo había intimado a dar respuestas sobre el caso en el plazo perentorio.
El 20 de setiembre pasado la fiscalía de Instrucción VIII le había solicitado por escrito al juez un informe sobre la situación de los vehículos, y en especial, de la actuación del síndico del concurso.
Ayer, este diario accedió a la copia de un certificado que el juez Mustafá le habría dirigido al Tribunal de Faltas de la Municipalidad de la capital, solicitándole que devuelva una camioneta que estaba secuestrada en el Corralón. Ello ocurrió el 25 de agosto, y ese vehículo fue secuestrado el lunes pasado, pero por la Policía, en el marco de esta causa.

En propias manos
El fiscal V Alejandro Noguera, a cargo del caso, por decisión de la Corte, recibió el expediente. Pero poco después -se supo- el titular de la Corte, Antonio Gandur, lo pidió para analizar personalmente algunos aspectos de la causa. En el Juzgado, en tanto, asumieron ayer los funcionarios designados en reemplazo de los anteriores, como así también los empleados removidos a raíz de este escándalo.
El personal de la fiscalía V informó ayer que el abogado Mario Albarracín, uno de los compradores de vehículos sin papeles, presentó un acta notarial labrada dos días antes del secuestro, en la que consigna que entrega el rodado (un Clío) a Orly. Lo devolvió porque no logró obtener los papeles, y entonces, recibió una retribución de la empresa.
Además, se supo que la relación que tendría con el abogado de Orly, Carlos Antoni Piossek (el estudio de este figura como domicilio legal de Albarracín), obedece a que la víctima trabajó allí hasta principios del año pasado.

Denunciaron al presidente de Orly
El fiscal V Alejandro Noguera y el secretario Eduardo Farías tienen, desde hace dos semanas, otra causa en contra del presidente de Orly, Jorge Arcas, pero también contra Renault Argentina y Plan Rombo S.A., por los supuestos delitos de estafa y asociación ilícita.
El caso es muy similar a los presentados en la otra causa, en la que ya hay cinco vehículos secuestrados por personal policial al mando del comisario Raúl Ferreira. La víctima de este nuevo hecho sería un conocido profesional cuya identidad no se difundió.
Su abogado, Washington Navarro Dávila, explicó que inició la querella cuando se ordenó el secuestro del Renault Megane que compró en 2000, antes de que se iniciara el concurso preventivo de Orly.

Embargo e inhibición
La víctima, a raíz de una causa iniciada por Renault, sufrió el embargo e inhibición de sus bienes. Navarro Dávila solicitó ayer, ante la publicación del caso en las páginas de LA GACETA, que se le impida salir del país a Arcas y a los directivos de las otras empresas mencionadas, además de sus detenciones y embargos preventivos.
La Justicia, según se supo, espera reunir más elementos de pruebas antes de citar a Arcas y a las demás personas que puedan resultar imputadas en las causas, que posiblemente sean unificadas.