21 Octubre 2004 Seguir en 
El fantasma del escándalo de las 4x4 vuelve a sobrevolar en la Justicia, a partir del descubrimiento de una supuesta maniobra ilegal que tendría aval judicial. Hasta ahora se secuestraron cinco vehículos que habrían circulado en forma irregular.
Ayer, los empelados y funcionarios del Juzgado Civil y Comercial I fueron trasladados a otros destinos, mientras se sustancia un sumario interno para determinar si se cometieron delitos o sólo faltas administrativas.
Unos 20 vehículos 0 kilómetro habrían sido vendidos de manera irregular por la desaparecida concesionaria Orly. A pesar de que los rodados no figuran en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor (RNPA), ni existirían certificados de fabricación, la Justicia libró oficios autorizando su circulación por todo el país.
En los Tribunales provinciales se tramita una causa por esta situación, generada al producirse el secuestro casual de dos autos que, según la documentación presentada, habían sido comprados al contado en la ex concesionaria de la marca Renault.
El 27 de agosto la Policía secuestró en la calle el Clío que conducía Hugo Domínguez. El vehículo no tenía la patente; pero cuando le pidieron al conductor la documentación del rodado, este les aclaró que los papeles estaban a nombre del abogado Mario Rodolfo Albarracín. Todo parecía estar en regla, hasta que el informe del registro de la RNPA indicó que el número de chasis y el de motor eran inexistentes, aunque no estaban adulterados.
El trámite
Albarracín compró al contado el Clío por $ 17.500 en febrero de 2002. El abogado, al no conseguir los papeles para patentar y regularizar la situación del auto, empezó a enviar cartas documento a Orly, e hizo una presentación en el Juzgado Civil y Comercial I, donde se tramita el concurso preventivo de esa empresa. Los rodados en cuestión fueron vendidos antes de que cayera la relación entre Orly y Renault Argentina, situación que está planteada en el juzgado federal 15 de Buenos Aires, donde la ex empresa tucumana está acusada. Luego se produjo el secuestro del Clío que María Pastoriza Ferro compró en mayo de 2001 en la misma agencia, y también al contado. La primera de las causas estaba radicada en la Fiscalía VII y la segunda en la VIII, pero se unificaron en la primera de ellas. Ayer, la Corte dispuso que pase a la V, para que el fiscal Alejandro Noguera se haga cargo de la investigación.
Los autos, según la documentación que consta en las causas, estaban destinados al plan de Ahorro Rombo, y no a su venta directa en salón, como parece haber ocurrido. Los compradores de estos vehículos contaban con oficios judiciales emitidos en el Juzgado Civil y Comercial Común I, mediante los que se les permitía circular libremente, a pesar de no contar con la documentación registral exigida por ley.
Los oficios fueron emitidos a pedido del abogado de Orly, Carlos Antoni Piosek, en agosto del año pasado, ante los pedidos de los compradores que exigían la entrega de la documentación.
Siguió la búsqueda
Pero los oficios no alcanzaron para que la Justicia Penal ordenara el secuestro de los vehículos que circulaban irregularmente y empezara a buscar otros que estarían en las mismas condiciones. Los últimos secuestros fueron efectuados a vehículos que estaban en poder de un futbolista de apellido Martínez; de Jorge Arcas, dueño de Orly; y de una panadería que tenía una camioneta Renault Express.
Pastoriza Ferro, quien es asistida por el abogado Alejandro Urueña, no quiso opinar sobre la situación, dado que espera que la Justicia le restituya el vehículo o el dinero.
Niegan que se hayan entregado oficios falsos desde un juzgado civil
"No es cierto", se limitó a responderle a LA GACETA el juez Civil y Comercial I, Julio César Mustafá al ser consultado sobre la emisión de oficios que facilitarían el tránsito de los vehículos que habrían sido vendidos de manera irregular.
El magistrado confirmó que se tramita en su juzgado el concurso preventivo de Orly, y que los compradores de los vehículos solicitaron a través del síndico la verificación de sus créditos. En ese contexto, dijo, se emitieron certificados de la verificación.
Pero negó que esos certificados faculten a los usuarios a circular en los autos. "No pueden haber salido sin mi conocimiento", afirmó, además.
También desmintió que se haya dispuesto el traslado de los empleados y funcionarios a su cargo. Sin embargo, este diario accedió ayer a las resoluciones de la Corte que disponen, entre otras cosas, que el prosecretario Carlos Dante Azusmendi, quien firma uno de los oficios, pase a desempeñarse como oficial de justicia en el edificio de 24 de Septiembre al 600. En su reemplazo se designó a Silvia Bozikovic.
También el secretario Ricardo Dante Torres fue trasladado, y en su lugar se designó a Luis Dámaso Peralta, según la acordada de la Corte.
Ayer, los empelados y funcionarios del Juzgado Civil y Comercial I fueron trasladados a otros destinos, mientras se sustancia un sumario interno para determinar si se cometieron delitos o sólo faltas administrativas.
Unos 20 vehículos 0 kilómetro habrían sido vendidos de manera irregular por la desaparecida concesionaria Orly. A pesar de que los rodados no figuran en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor (RNPA), ni existirían certificados de fabricación, la Justicia libró oficios autorizando su circulación por todo el país.
En los Tribunales provinciales se tramita una causa por esta situación, generada al producirse el secuestro casual de dos autos que, según la documentación presentada, habían sido comprados al contado en la ex concesionaria de la marca Renault.
El 27 de agosto la Policía secuestró en la calle el Clío que conducía Hugo Domínguez. El vehículo no tenía la patente; pero cuando le pidieron al conductor la documentación del rodado, este les aclaró que los papeles estaban a nombre del abogado Mario Rodolfo Albarracín. Todo parecía estar en regla, hasta que el informe del registro de la RNPA indicó que el número de chasis y el de motor eran inexistentes, aunque no estaban adulterados.
El trámite
Albarracín compró al contado el Clío por $ 17.500 en febrero de 2002. El abogado, al no conseguir los papeles para patentar y regularizar la situación del auto, empezó a enviar cartas documento a Orly, e hizo una presentación en el Juzgado Civil y Comercial I, donde se tramita el concurso preventivo de esa empresa. Los rodados en cuestión fueron vendidos antes de que cayera la relación entre Orly y Renault Argentina, situación que está planteada en el juzgado federal 15 de Buenos Aires, donde la ex empresa tucumana está acusada. Luego se produjo el secuestro del Clío que María Pastoriza Ferro compró en mayo de 2001 en la misma agencia, y también al contado. La primera de las causas estaba radicada en la Fiscalía VII y la segunda en la VIII, pero se unificaron en la primera de ellas. Ayer, la Corte dispuso que pase a la V, para que el fiscal Alejandro Noguera se haga cargo de la investigación.
Los autos, según la documentación que consta en las causas, estaban destinados al plan de Ahorro Rombo, y no a su venta directa en salón, como parece haber ocurrido. Los compradores de estos vehículos contaban con oficios judiciales emitidos en el Juzgado Civil y Comercial Común I, mediante los que se les permitía circular libremente, a pesar de no contar con la documentación registral exigida por ley.
Los oficios fueron emitidos a pedido del abogado de Orly, Carlos Antoni Piosek, en agosto del año pasado, ante los pedidos de los compradores que exigían la entrega de la documentación.
Siguió la búsqueda
Pero los oficios no alcanzaron para que la Justicia Penal ordenara el secuestro de los vehículos que circulaban irregularmente y empezara a buscar otros que estarían en las mismas condiciones. Los últimos secuestros fueron efectuados a vehículos que estaban en poder de un futbolista de apellido Martínez; de Jorge Arcas, dueño de Orly; y de una panadería que tenía una camioneta Renault Express.
Pastoriza Ferro, quien es asistida por el abogado Alejandro Urueña, no quiso opinar sobre la situación, dado que espera que la Justicia le restituya el vehículo o el dinero.
"No es cierto", se limitó a responderle a LA GACETA el juez Civil y Comercial I, Julio César Mustafá al ser consultado sobre la emisión de oficios que facilitarían el tránsito de los vehículos que habrían sido vendidos de manera irregular.
El magistrado confirmó que se tramita en su juzgado el concurso preventivo de Orly, y que los compradores de los vehículos solicitaron a través del síndico la verificación de sus créditos. En ese contexto, dijo, se emitieron certificados de la verificación.
Pero negó que esos certificados faculten a los usuarios a circular en los autos. "No pueden haber salido sin mi conocimiento", afirmó, además.
También desmintió que se haya dispuesto el traslado de los empleados y funcionarios a su cargo. Sin embargo, este diario accedió ayer a las resoluciones de la Corte que disponen, entre otras cosas, que el prosecretario Carlos Dante Azusmendi, quien firma uno de los oficios, pase a desempeñarse como oficial de justicia en el edificio de 24 de Septiembre al 600. En su reemplazo se designó a Silvia Bozikovic.
También el secretario Ricardo Dante Torres fue trasladado, y en su lugar se designó a Luis Dámaso Peralta, según la acordada de la Corte.
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