En las redes sociales claman por Manantial Sur

Más de 1.000 familias aguardan la reparación de las casas que se concluyeron años atrás pero no se entregaron en tiempo y forma por problemas de infraestructura. La Nación firmó la no objeción técnica por $450 millones para su reparación.

CASAS VACÍAS. Las viviendas sufrieron la desidia del paso del tiempo, por problemas de infraestructura, y luego fueron saqueadas y vandalizadas, quedando sin aberturas, instalaciones ni equipamientos. CASAS VACÍAS. Las viviendas sufrieron la desidia del paso del tiempo, por problemas de infraestructura, y luego fueron saqueadas y vandalizadas, quedando sin aberturas, instalaciones ni equipamientos. LA GACETA / FOTOS DE DIEGO ARÁOZ

La urgencia y la necesidad de la sociedad tucumana por acceder a una vivienda social se palpa en cada publicación que realiza el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPV) en las redes sociales. En casi todos los posteos hay comentarios de usuarios que preguntan cómo se puede acceder a una casa del Estado. Pero hay una consulta que es mucho más recurrente: ¿cuándo se van a entregar las más de 1.000 viviendas restantes del emprendimiento de 2.500 de Manantial Sur?

“Entreguen Manantial Sur. Hay cientos de casas vacías”; “¿Y Manantial Sur? ¿Quedó en la nada? ¿Ya se olvidaron de las familias que salieron adjudicadas ?”; ¿Para cuándo las de Manantial Sur? Se están cayendo a pedazos y yo necesito una casa para vivir. Sean conscientes con la gente que necesita y ya dejen la política”; “¿Para cuándo Manantial Sur? Las casas (están) todas destrozadas. Entreguen ya a la gente que espera hace mucho”; “¿Manantial Sur para cuándo?”; “Yo sigo esperando mi casa, ¿para cuándo las de Manantial Sur?”.

Todas esas frases fueron escritas por diferentes personas en un posteo en la página de Facebook del IPV del 19 de octubre, en el que se anunció la entrega de las primeras 100 casas del barrio 500 viviendas de Las Talitas, cifra que permitió alcanzar en ese momento las 1.000 viviendas entregadas este año (hoy, unas 500 más).

Tal como lo advirtieron algunos de los comentaristas en la publicación, hay viviendas sociales que fueron vandalizadas por no haber sido entregadas en tiempo y forma, por incidentes e incumplimientos con la infraestructura. En 2020, la Provincia otorgó $105 millones de fondos propios a las empresas contratistas, para que repararan los daños. Pero, por diversos motivos, se incumplieron la mayoría de los acuerdos suscriptos y sólo unas pocas casas fueron recuperadas. Aún quedan 1.022 familias sin poder acceder a una vivienda, a pesar de que entre 2015 y 2017 estuvieron terminadas y listas para ser habitadas. En el Poder Ejecutivo, hoy comandado por Osvaldo Jaldo, confían en que pocos meses más podrán concluir con un proyecto que se inició en 2013 y, en el camino, tuvo un elevado nivel de dilaciones, incumplimientos y denuncias de falta de transparencia y discrecionalidad de parte de la oposición.

Con luz verde

La visita del presidente Alberto Fernández y parte de su Gabinete a Monteros vino con buenas noticias para el IPV. El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, firmó el acta de entrega de no objeciones técnicas (NOT) de 952 viviendas de Manantial Sur por casi $445 millones no reintegrables, en el marco del Programa Reconstruir. De esta manera, la oficina que interviene Stella Maris Córdoba cuenta con luz verde para avanzar con nuevos acuerdos con las firmas contratistas para recuperar las casas. Las estimaciones oficiales apuntan a que las tareas deberían estar concluidas durante el primer semestre de 2022.

Respecto a las 70 viviendas que no fueron incluidas en el convenio, fuentes oficiales indicaron que, posiblemente, la Nación no las terminó de relevar hasta el momento de la visita oficial a Tucumán, pero estimaron que serían incluidas próximamente.

A su vez, en Casa de Gobierno aseguraron que el rechazo que sufrió el Presupuesto 2022 en Diputados no afectará el anuncio de restauración de Manantial Sur dado que dicho convenio está firmado y los fondos comprometidos forman parte de las proyecciones de 2021.

Cuestionamientos

La semana pasada, con fuertes críticas y sin apoyo del arco opositor, el oficialismo logró que se aprobara en la Legislatura una ley para autorizar al IPV a dar de baja los acuerdos incumplidos por las firmas contratistas para celebrar nuevos convenios con dichas firmas en el marco del Programa Reconstruir. En el articulado de la norma sancionada se aclara que los dineros ya recibidos por las empresas serán considerados como pagos a cuenta.

El legislador Federico Masso (Libres del Sur) reprochó en el recinto que no se haya denunciado judicialmente los incumplimientos de las firmas. “No podemos darles otra oportunidad; esas empresas deberían tener la obligación de reconstruir casa por casa, si no tendrían que estar presos”, disparó, y planteó que “hay algo detrás” de tantas vandalizaciones. El radical José Ricardo Ascárate cuestionó que se deban pagar dos veces a los mismos empresarios por las obras. En tanto que el alfarista Walter Berarducci dijo que pedirá al IPV que informe el grado de incumplimiento de cada empresa. Además, generó polémica respecto a los saqueos en las casas. “Según los vecinos, las extracciones las hacen las propias empresas contratistas”, dijo.

Autoridades de la Cámara Tucumana de la Construcción (CTC) afirmaron que, a raíz de la cuarentena estricta de 2020, los fondos que había otorgado la Provincia vía DNU resultaban insuficientes. A su vez, denunciaron que en ese tiempo se incrementó notablemente el vandalismo por lo que la ecuación económica resultaba imposible de sostener.

Proyecto y demoras

Manantial Sur empezó a ser construido en junio de 2013. El Estado destinó $326 millones a la edificación de las 2.500 casas (U$S50 millones según la cotización oficial de aquel momento). El emprendimiento completo -con infraestructura- tenía un presupuesto de $800 millones (U$S 123 millones). Casi la mitad de las viviendas no fueron entregadas a pesar de estar listas para ser habitadas por no contar con la infraestructura necesaria. El sistema de bombeo de líquidos cloacales debía ser construido por la firma ByM pero, a fines de 2016, la empresa y el IPV rescindieron el contrato. El Instituto dispuso entonces una asistencia financiera de $15 millones para que la Sociedad Aguas del Tucumán se hiciera cargo de la tarea, la cual fue concluida a inicios de este año.

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