Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia: “No hay recursos y el sistema de protección integral no funciona”

“Se necesita un cambio estructural”, dijo Pilar Guindo, sobreseída del caso Dinayf

30 Nov 2021 Por Magena Valentié
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APOYO. Manifestación en contra de judicializar a los empleados.

“Cuando no se tienen los medios necesario para trabajar los que pagan las consecuencias de las fallas del Estado no somos solo nosotros, los empleados, son también ellos, los niños, niñas y adolescentes a los que debemos cuidar”, reflexiona tras la pesadilla de haber vivido un año acusada por la Justicia, mientras esperaba el nacimiento de su primer hijo. María del Pilar Guindo, psicóloga de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinayf), donde todavía se desempeña, fue sobreseída por la Justicia penal que la juzgó por “presunto incumplimiento de los deberes del funcionario público”.

El juez de Concepción, Cristian Andrés Velázquez, consideró extinguida la acción penal, a partir del pedido planteado por la defensa de la profesional, a cargo del abogado Jorge Andrés Contreras. También tuvo en cuenta el dictamen de la Unidad Fiscal de Delitos de Violencia de Género e Intrafamiliar N° 2, a cargo de Héctor Fabián Assad.

Guindo era la única imputada en el caso de desatención de una niña abusada, a quien la Dinayf debía dar respuestas inmediatas para cuidar su integridad. En abril de 2019 la Dinayf había sido informada sobre los riesgos que corría la pequeña que vivía en Alberdi en un contexto de mucha vulnerabilidad. En enero de 2020, la niña, que entonces tenía tres años fue internada por diversas lesiones de maltrato y de abuso sexual.

“Nunca imaginé esto”

“Nunca imaginé que me iba a pasar algo así. Yo pensé que con las pruebas que tenía demostraba que hice mi trabajo como correspondía. Intenté demostrar con muchas pruebas de que no soy funcionaria pública, pero eso no alcanzó. Todo eso en medio de un embarazo de riesgo. Me sentí abandonada, no solo como empleada sino también como mujer”, confiesa la psicóloga de 33 años y ahora también madre de un niño de 10 meses.

Agradecida por el apoyo que recibió de sus compañeros de trabajo, en diferentes marchas, Guindo dijo que ahora entiende “la importancia de luchar por nuestros derechos como empleados, de exigir las condiciones de trabajo necesarias para garantizar de manera efectiva los derechos de los que más nos necesitan”. Pero con su sobreseimiento las cosas no se solucionaron. “No hay recursos y el sistema de protección integral no funciona. El cambio debe ser estructural, no se soluciona con computadoras ni aires acondicionados”, advierte.

Los casos aumentan

A Guindo le preocupa que “la cantidad de casos que llegan a la Dinayf siguen aumentando y el recurso humano y material sigue siendo insuficiente”. Hace algunos días, profesionales de esa dirección habían denunciado en la comisión de Familia, Niñas, Niños, Adolescentes y Discapacidad de la Legislatura, que preside el radical José Ricardo Ascárate, que la institución lleva adelante 10.000 casos y que el plantel profesional es de apenas 19 psicólogos, 22 trabajadores sociales y 20 abogados.

“Sin una decisión política destinada a mejorar las políticas públicas y las condiciones laborales de la Dinayf es imposible que se solucionen los problemas que hoy tenemos”, piensa. “Sin el compromiso de las autoridades en este cambio estructural no se podrán garantizar los derechos de los más vulnerados”, asegura.

Propuestas de mejoras: Ascárate pide la figura del defensor del niño

El presidente de la comisión de Familia, Niñas, Niños, Adolescentes y Discapacidad de la Legislatura, José Ricardo Ascárate, propone declarar la Emergencia del Sistema Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Ello permitirá duplicar el presupuesto de la Secretaría de Niñez y Adolescencia, de los hogares y de los centros de tratamiento de menores y de la Dinayf. “Además es necesario darle a la Secretaría y a la dirección del área, la posibilidad de contrataciones previo cotejo de precios pero fuera de la licitación pública”, indicó. Hoy el Ministerio de Desarrollo social tiene un presupuesto anual de $ 5.000 millones pero solo $ 450 millones van a la Secretaría de Niñez y $ 40 o $ 50 millones a la Dinayf, “es decir, dedicamos más dinero a repartir chapas, bolsones y colchones que a defender a los niños en estado de indefensión”, señaló Ascárate. Recordó que “hubo cinco niños muertos bajo la tutela del Estado”.
Ascárate también espera que prospere un proyecto de su autoría de creación de la Defensoría del Niño. Esta figura está establecida por ley nacional N° 26.061. A nivel nacional la defensora del Niño es Marisa Graham, con quien Ascárate se reunirá hoy para analizar el incumplimiento de las provincias. Tucumán tenía su ley de creación del defensor del Niño pero fue vetada por José Alperovich, recordó.

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