Después de seis años, Manzur vuelve a exhibir sus bienes

Tras seis años al amparo de la ley provincial que establece el secretismo de los patrimonios de los funcionarios públicos, los bienes de Juan Manzur volvieron a recibir publicidad como consecuencia de su integración al Gabinete del presidente Alberto Fernández y de su candidatura a senador suplente en primer término del Frente de Todos (ver por separado los bienes de los cabeza de lista). El ministro coordinador informó que su peculio neto asciende a 
$ 76,2 millones en 2021, según la declaración jurada disponible en la base de la Oficina Anticorrupción (OA). Esta cifra lo convierte en el integrante más acaudalado del Gabinete presidencial -desplazó al segundo puesto a Matías Lammens, ministro de Turismo, que había consignado $ 57 millones-, lugar que ya había ocupado durante la segunda administración en la Casa Rosada de la hoy vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su calidad de ministro de Salud.

El patrimonio neto de Manzur subió en pesos el 280% entre 2015, ejercicio correspondiente a la penúltima declaración jurada presentada en la OA, y 2021. El punto de partida son los 
$ 20,1 millones netos indicados en la transición entre el Ministerio de Salud de la Nación y la Casa de Gobierno de Tucumán. Si bien en el tiempo transcurrido hubo un aumento de $ 56,1 millones, la evolución expuesta importa un retroceso drástico en dólares. Según las cotizaciones libres de la divisa, el jefe de Gabinete pasó de tener U$S 1,5 millón en enero de 2016 a 
U$S 460.000 en idéntico mes de este año. Estos números suponen una pérdida de alrededor del 66%.

En cumplimiento de la Ley Nacional 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, Manzur declaró que posee tres inmuebles: dos casas en Yerba Buena de respectivamente de 1.295 metros cuadrados ($ 6,2 millones) y 2.774 metros cuadrados ($ 3,4 millones), y un local de 1.435 metros cuadrados en la capital de la provincia de San Juan ($ 11 millones). La nómina de activos incluye un auto Volkswagen Passat 2.0 modelo 2007 ($ 131.000); depósitos bancarios en pesos ($ 810.000); créditos contra la Administración Federal de Ingresos Públicos -AFIP- 
($ 7,1 millones) y la Dirección General de Rentas de Tucumán ($ 16.000); dinero en efectivo 
($ 4,5 millones) y bienes del hogar ($ 1,9 millón).

El jefe de Gabinete expuso participaciones en tres sociedades vinculadas a la producción olivícola: todas estas cuotas accionarias provienen de la época en la que estaba al frente de la cartera de Salud de la Nación. La declaración jurada de 2021 indica que Manzur tiene el 3,69% de Tío Yamil SA ($ 270.000); el 50% de El Benteveo SA ($ 4,6 millones) y el 60,86% de Agro Aceitunera SA ($ 22,4 millones). Esta última participación es el bien más valioso del funcionario tucumano. Además, la manifestación de bienes indica que en septiembre percibió $ 14,2 millones en concepto de dividendos. El pasivo de Manzur está compuesto por deudas con la AFIP, El Benteveo SA y Tío Yamil SA que en total suman $ 320.000.

Al final de la declaración jurada consta la siguiente observación: “en el transcurso del año le entregué a mi señora, Sandra Mattar, la suma de $ 1,5 millón. Se deja aclarado que se consignó como destino del inmueble de calle Belgrano N°73 (Yerba Buena) el de ‘otros’ cuando en realidad forma parte de mi ‘casa habitación’, pero el sistema sólo acepta un inmueble con ese destino”. La segunda parte de la observación se corresponde con el hecho de que se trata de propiedades contiguas.

En su primer paso por la función pública nacional, la difusión de las declaraciones juradas dio lugar a una serie de denuncias por supuesto enriquecimiento ilícito en la Justicia Federal y provincial que no prosperaron. Daniel Bejas, hoy vocal de la Cámara Nacional Electoral, dictó el primer sobreseimiento en 2014 mientras que Juan Francisco Pisa, juez de Instrucción en lo Penal local, emitió el segundo tres años después. Había una tercera causa en trámite en el Juzgado Federal Nº1 por el incremento patrimonial detectado a partir de 2011, pero su desenlace, si lo tuvo, no trascendió.

A diferencia de lo que ocurre en la Nación, los bienes de los funcionarios están cubiertos por el secretismo en la esfera provincial en virtud de la Ley 3.981 de 1973 (se supone que los sujetos obligados deben hacer las presentaciones ante organismos de los respectivos poderes que integran al momento de llegar y luego actualizarlas en el caso de modificación sustancial del patrimonio declarado). En esta oportunidad, Manzur estaba doblemente obligado a transparentar su patrimonio como consecuencia de su condición de primer candidato y de jefe de Gabinete. Una investigación de este diario reveló que Manzur formaba parte del 80% de postulantes que había omitido entregar los datos al 15 de octubre.

Las declaraciones juradas de la OA están reguladas por la Ley 25.188: por una modificación de 2013, ya no son públicos los bienes de los cónyuges y de los hijos, sino que permanecen en un anexo reservado. Estas planillas reflejan las valuaciones fiscales de los inmuebles, que están muy atrasadas respecto de los valores de mercado. Por eso aparecen números distantes de la realidad, que “achatan” las fortunas. La información entregada a la Oficina Anticorrupción sirve, entonces, para dar una idea a grandes trazos sobre los bienes particulares de las autoridades públicas. Los patrimonios reales son, en casi todos los casos, superiores a los declarados.