En El Mollar se pelean por el agua y esta se desperdicia

En El Mollar el agua se advierte abundante y desperdiciada. Sin embargo, por este elemento vital están enfrentados la comunidad de originarios con la comuna. El clima es tenso. Inexplicable. Desde la cisterna de sobrantes de la toma de Mula Corral, en El Mollar, el agua brota sin tregua por un caño recortado y se diluye por las acequias que bajan desde las laderas del Ñuñorco. El líquido, según los lugareños, antes se escurría por la cañería que la comuna hizo desconectar hace un mes y que llegaba a las casas de las 200 familias de Loma 1 y 2, El Cuyay, Mirador del Ñuñorco y a la Escuela de La Berbena.

Por eso, advierten, se vieron obligados a extender cañerías hasta la toma y hacer una conexión clandestina. Jorge Cruz, comisionado comunal del lugar, acusó a la cacica Margarita Mamaní de ser la promotora de ese procedimiento que, aseguró, dejó sin agua a unos 14 barrios y a la Escuela 34. Dijo que la dirigente, en este tiempo de sequía, se vio presionada por la demanda de líquido ante la cantidad desmesurada de conexiones que efectuó con el fin de aumentar la recaudación por la prestación del servicio.

“La señora Mamaní viene violentando las funciones y normativas de esta comuna. En esta ocasión ingresó a las cisternas que distribuyen agua corriente a unos 14 barrios y a la escuela, rompiendo llaves exclusas y desconectando las mangueras de distribución comunitaria del agua para realizar conexiones clandestinas”, precisó el funcionario. “Este procedimiento busca beneficios a través de cobros arbitrarios a ciertos y determinados comuneros”, observó.

En consecuencia denunció a la cacica en los tribunales de Monteros. La mujer hizo lo propio contra el funcionario. La Justicia, en tanto, ordenó que el sitio permanezca bajo custodia y prohibió el ingreso de cualquier persona. Ayer a la siesta, sin embargo, no había guardia ahí.

“Desde esta cisterna de sobrantes, que ahora arroja agua al suelo, estaba la conexión que conducía el líquido a nuestras casas. Hace un mes el comisionado Cruz mandó gente de la comuna y procedió a cortar la manguera para dejarnos sin agua. No le importó perjudicar a niños, ancianos y gente enferma”, denunció Lita Centeno, de la comunidad de originarios locales. “Luego de cuatro días de permanecer sufriendo la falta de agua, y ante la falta de solución de Cruz, hemos resuelto comprar mangueras y hacer la conexión que él dice que es clandestina. No lo es porque el agua es de todos y no tiene derecho a dejarnos sin ella”, añadió.

Mamaní, que negó las acusaciones del comisionado comunal, dijo que este promueve la violencia y la división de la comunidad “esgrimiendo mentiras sobre un problema que lo generó por la falta de diálogo y voluntad de llegar a un consenso con todos los comuneros que lo votaron y ahora les da la espalda”. “Nadie destruyó nada ni dejó sin agua a persona alguna. Lo que hicimos fue por una cuestión de emergencia sanitaria. Cruz atentó contra la salud y el derecho a acceder a un elemento vital como el agua”, remarcó Mamaní.

El sistema de provisión a los barrios Loma 1 y 2, El Cuyay y Mirador del Ñuñorco durante un largo tiempo estuvo a cargo del comunero Osvaldo Salina. Este lo cedió a la comunidad en diciembre. La toma provenía de la cisterna de sobrantes de la comuna.

Cruz dijo que procedió a desconectar esa provisión porque al igual que la otra que efectuó posteriormente la comunidad en la toma principal, eran “clandestinas y agravaron la escasez de líquido en el pueblo”. Los lugareños se defendieron mostrando cómo el agua fluye desde la cisterna de sobrantes y se pierde en las caídas de las laderas.

Paola Pedraza dijo que también acompañó a la cacica en la desesperada decisión de efectuar una conexión en la toma de Mula Corral “porque mi hermana –contó- estaba en casa operada de las tiroides y no teníamos agua ni para higienizarla”. “Mi abuela María, de 82 años, tenía que caminar kilómetros para ir a traer el líquido desde una vertiente. Así hubo mucha gente que, como nosotros, sufrió bastante la falta de agua”, añadió.

Lita cree que el conflicto tiene su origen en los litigios por terrenos que están ocupados por unas 20 familias de la comunidad, a las que Cruz pretende desalojar para construir una terminal de ómnibus y 30 viviendas. “Al funcionario se le ofreció otro sector mejor pero se negó a aceptarlo. Entonces comenzó a atacarnos”, advirtió la mujer. Este litigio de tierra también está en tribunales.

Jorge Pedraza sostuvo que Cruz no se identifica con los derechos y necesidades de la gente del pueblo “porque sencillamente no vive aquí, es de Yerba Buena y casi nunca se lo encuentra en su despacho”. El funcionario confía en que la Justicia pondrá las cosas en orden.