Caso Tacacho: “La Justicia me quitó a mi hija, ¿qué más puede hacer?”

Caso Tacacho: “La Justicia me quitó a mi hija, ¿qué más puede hacer?”

La madre de Tacacho manifestó que no teme ir presa. “Quemaré la Legislatura si no destituyen al juez Pisa”, advirtió la víctima oriunda de Salta

EN UNA DE LAS AUDIENCIAS ANTE EL JURADO DE ENJUICIAMIENTO. Mariela Tacacho (centro) asiste al procedimiento contra el juez Juan Francisco Pisa. EN UNA DE LAS AUDIENCIAS ANTE EL JURADO DE ENJUICIAMIENTO. Mariela Tacacho (centro) asiste al procedimiento contra el juez Juan Francisco Pisa. LA GACETA / FOTO DE INÉS QUINTEROS ORIO

El desenlace del enjuiciamiento del juez Juan Francisco Pisa ocurrirá algunos días después del primer aniversario del femicidio de Paola Tacacho (sucedió el 30 de octubre de 2020). En los instantes previos a ambos acontecimientos, la madre y víctima, Mariela Tacacho, no concibe un final distinto que el despido para el funcionario que en 2017 impidió el juzgamiento del femicida Mauricio Parada Parejas por desobediencia a la primera medida perimetral dispuesta en favor de la joven. Para ella la desestimación de la acusación de mal desempeño y la confirmación en el cargo judicial no son una alternativa posible. “Quemaré la Legislatura si no destituyen al juez Pisa”, advirtió la progenitora durante la entrevista virtual que concedió desde Salta, donde reside.

Mariela Tacacho aseguró que no temía ir presa por un acto de ira. “La Justicia me quitó a mi hija, ¿qué más puede hacerme?”, interrogó. Y expresó que la historia del enjuiciamiento de Pisa había demostrado su voluntad y la de su grupo de no darse por vencidos. “Cuando la comisión de Juicio Político de la Legislatura clausuró y archivó los siete pedidos de destitución de Pisa más de uno creyó que no íbamos a llegar a nada. ¡Y miren dónde estamos!”, exclamó la madre, que se desempeña como administrativa en un estudio contable de su provincia.

La víctima recordó el dolor que padeció cuando el gobernador (con licencia) Juan Manzur y la ministra Carolina Vargas Aignasse aceptaron la renuncia condicionada al otorgamiento de la jubilación del 82% móvil a Pisa. A ello le siguió la angustia y la incertidumbre de ver que el tiempo pasaba, y que el juez seguía en el cargo -actualmente está al frente de uno de los dos juzgados de Instrucción en lo Penal del régimen de conclusión de causas del antiguo Código-. Después, cuando se cumplió el plazo previsto en la ley para acceder a la jubilación, trascendió que Juicio Político había dado por hecho el pase al sector pasivo y archivado el procedimiento, no suspendido, como mandaba la normativa. Fue entonces que una nueva denuncia llevó a los legisladores a activar la intervención del Jurado de Enjuiciamiento, que es el órgano que decide si corresponde o no echar a los magistrados acusados. El jury de Pisa está en la etapa de recepción de los alegatos de las partes, que es la fase previa al anuncio del veredicto (se informa por separado).

“Un precedente”

“De Paola heredamos la lucha por la justicia. Su femicidio dejó al descubierto la violencia institucional que sufren las mujeres en Tucumán”, reflexionó Mariela Tacacho. Y agregó: “el Poder Judicial protegió a este hombre, Mauricio Parada Parejas, por eso nosotros estamos en pie de lucha y necesitamos que se abra la ventana de la justicia. Mi hija creía en ella; nosotros, también. Somos gente justa y honesta, y por eso exigimos que rindan cuentas los jueces, los fiscales y los auxiliares de fiscal que intervinieron en las 15 causas penales que promovió Paola para librarse de la violencia”.

La madre de la profesora de Inglés afirmó que ella y su gente sobre todo aguardaban las explicaciones de las fiscalas que recibieron las denuncias. “Ellas tienen ese plus de responsabilidad por ser mujeres. Esperamos las respuestas y nunca vamos a bajar los brazos. Lo hacemos por Paola, y por todas las madres que perdieron a sus hijas de una manera inesperada y brutal porque queremos que algo cambie. Sólo de esta manera la muerte de mi hija no habrá sucedido en vano”, acotó.

Mariela Tacacho comentó que no tenía acceso a información actualizada en cuanto a la marcha de los sumarios abiertos en los Tribunales y en el Ministerio Público Fiscal para esclarecer por qué su hija no había sido escuchada. “De la investigación interna que ordenó la Corte Suprema provincial no sé nada más allá de lo que los auditores (del alto tribunal) dijeron ante el Jurado de Pisa: que hubo muchas irregularidades en las causas de violencia de género o doméstica que aquel llevaba. También sé que el juez (Gustavo) Romagnoli debía presentar los cargos (en su calidad de instructor del sumario). Pero destaco que encontraron numerosas irregularidades”, subrayó.

En cuanto al Ministerio Público Fiscal, la madre de Paola Tacacho apuntó que carecía por completo de detalles: “no nos informan nada. (El secretario) Tomás Robert nos dijo hace meses que habían abierto dos sumarios (uno para el auxiliar de fiscal Fernando Isa y otro para los restantes fiscales que descartaron denuncias contra Parada Parejas) y no supimos más nada. Leí en la prensa que el jefe de los fiscales, Edmundo Jiménez, comentó hace poco que esos sumarios seguían en trámites. Insisto: oficialmente nadie nos informa nada”.

La víctima agregó que no creía que su suerte vaya a mejorar por el hecho de que Manzur haya asumido como jefe de Gabinete de la Nación. “Yo de Manzur no espero nada porque él le aceptó la renuncia a Pisa en febrero de este año. Él está en la Nación, pero sigue manejando los hilos de Tucumán y ni siquiera fue capaz de comunicarse con nosotros por una falsa empatía. Para lo único que sirvió la llegada de Manzur al Gabinete presidencial fue para que el país conozca el caso de mi hija, entre otros hechos estridentes de violencia ocurridos durante su mandato”, manifestó.

Mariela Tacacho vislumbra que el final del jury de Pisa será un punto de partida para su reclamo de cese de la impunidad. “Este juez misógino y sin perspectiva de género no puede salir airoso. Nosotros estamos convencidos de que su destitución establecerá un precedente para Tucumán y para todo el Norte argentino”, pronosticó. Y subrayó que no cabe otra salida que la separación del cargo -sanción que acarrea la pérdida de la jubilación excepcional prevista para la magistratura-: “Pisa va a ser destituido. A mí no me importa lo que pueda sucederme porque no siento nada. Ya nada me afecta salvo las ganas de que haya justicia por mi hija, y el dolor y la tristeza por su ausencia”.

Próxima fase: alegatos: el Jurado de enjuiciamiento debe escuchar a las partes y, luego, dar el veredicto

El procedimiento de destitución promovido contra el juez Juan Francisco Pisa comenzó el 26 de agosto de 2021. El trámite ante el Jurado de Enjuiciamiento avanzó hasta quedar en condiciones de que las partes, la defensa de Pisa y la comisión de Juicio Político que preside el legislador oficialista Raúl Ferrazzano, aleguen sobre los hechos, las pruebas y el derecho. Fuentes vinculadas al procedimiento dijeron que esa audiencia debería ser llamada para el 29 de octubre. El Jurado dará su veredicto a comienzos de noviembre. Integran ese órgano el vocal de la Corte Suprema, Daniel Posse; los legisladores Dante Loza, Javier Morof, Daniel Herrera, Sara Alperovich, Walter Berarducci; el abogado Esteban Jerez y el fiscal de Estado, Federico Nazur.

El otro "jury" activo: el viernes vence el término para discutir la prueba en el caso del juez Stoyanoff

El “jury” contra el juez de Familia, Orlando Stoyanoff Isas, por un altercado en la vía pública comenzó el 1 de septiembre. El plazo destinado a la pruebas del procedimiento de destitución vence este viernes, según informaron fuentes del órgano acusador, la comisión de Juicio Político de la Legislatura. A continuación, el Jurado de Enjuiciamiento debe convocar a las partes para que presenten sus alegatos. Al igual que el “jury” del juez Juan Francisco Pisa, el tribunal anunciará si destituye o no a Stoyanoff en noviembre. Este Jurado está compuesto por el vocal de la Corte, Daniel Leiva; los legisladores Javier Morof, Dante Loza, Daniel Herrera, Sara Alperovich y Walter Berarducci; el abogado Esteban Jerez y el fiscal de Estado, Federico Nazur.

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