Vuelos del poder: un fallo cerró en 2020 el caso del avión oficial

Las críticas por el manejo oficialista del avión tucumano se trasladaron a la Justicia. Ocurre que esa institución cerró en agosto del año pasado, es decir, hace 14 meses, la causa que iniciaron tres opositores para que sea investigado el empleo del jet estatal con el fin de trasladar a dos peronistas bonaerenses a un acto de la campaña del presidente Alberto Fernández. Pero los denunciantes, entre ellos el legislador José María Canelada (UCR), recién se percataron de que el caso había sido desestimado luego de que LA GACETA publicara el dictamen de la fiscala Mariana Rivadeneira que recomendaba eso: descartar y archivar las actuaciones. El parlamentario y su abogado, Celedonio Torres Ávalos, solicitaron ayer acceso al fallo de la jueza Carolina Ballesteros.

“Pedimos que se difunda la sentencia de la Justicia que resolvió nuestra presentación (contra el gobernador Juan Manzur -con licencia-, y los dirigentes justicialistas de Buenos Aires, Verónica Magario y Fernando Espinoza) por el uso del avión de la Provincia. La opinión de la fiscala Rivadeneira es vergonzosa y propia de una funcionaria puesta en la Justicia para justificar los abusos del poder. Hay que terminar con el secretismo en los expedientes que involucran a funcionarios”, cuestionó Canelada en un mensaje que remitió a LA GACETA.

En una consulta previa a la publicación de la recomendación de Rivadeneira, el legislador había conjeturado una posible inhibición de Ballesteros mientras que Torres Ávalos refirió que había perdido acceso al proceso luego del inicio del régimen de conclusión de causas del viejo Código vigente desde el 1 de septiembre de 2020. Pero al fin Ballesteros no se apartó y falló justo antes de la puesta en marcha del esquema especial para los casos remanentes, donde Juan Francisco Pisa y Raúl Armando Cardozo actúan como jueces de Instrucción en lo Penal.

Rivadeneira había dictaminado que para la Ley 8.350, que regula el empleo de la flota área provincial, resultaba suficiente con que los pasajeros fueran funcionarios públicos locales o nacionales. Según la fiscala, las autoridades públicas están eximidas de explicar para qué usan el avión estatal. Con este razonamiento, Rivadeneira descartó la existencia del presunto delito de peculado endilgado a Manzur, Magario y Espinoza, hoy respectivos jefe de Gabinete de la Nación, vicegobernadora de Buenos Aires e intendente de La Matanza. El dictamen de finales de 2019, que considera que el concepto “avión sanitario” es una valoración de la prensa, trascendió en circunstancias en las que Manzur viajó en la aeronave tucumana a Estados Unidos como ministro coordinador nacional.

Canelada dijo que Rivadeneira buscó “argumentos falaces” para tratar de salvar la responsabilidad judicial de quienes usan los bienes públicos como si fueran propios: “es cierto que el Gobierno hizo cambiar la Ley para quitarle el carácter de sanitario al avión de la Provincia, pero hay que recordar que se tomó esa decisión después de una muerte y de una denuncia penal (de 2015, que, según el abogado Gustavo Morales, sigue en trámite). El ex gobernador José Alperovich justificó su compra directa por razones sanitarias, pero Morena Caciccio perdió la vida porque él y su familia lo utilizaban para sus viajes oficiales y familiares. Entonces, cambiaron la Ley para evitar el delito, pero las irregularidades continuaron”.

Rivadeneira rechazó que la norma 8.350 viole los tratados internacionales contra la corrupción vigentes en el país o que pretenda derogar el Código Penal, como sostuvieron Canelada, Eudoro Aráoz y José Bulacio en la denuncia. Por separado, Aráoz manifestó al respecto: “la posición de Rivadeneira es la muestra patética y horrible del estado de decrepitud institucional de la provincia y del Poder Judicial. Altos magistrados con promedio aplazo, y denuncias por violencia y acoso; otros separados por denunciar al poder político; otros protegidos por serviles al poder político; un miembro de la Corte en la recepción del Presidente que viene a actos de campaña; denuncias de corrupción cerradas sin investigar, etcétera: todo es la muestra de una Justicia sometida al poder”. Aráoz agregó que por esto y por mucho más Tucumán era una provincia humillada y saqueada por la clase política que la gobierna.

El suceso en tres pasos

En septiembre de 2019, los bonaerenses Magario y Espinoza volaron en el jet tucumano para asistir a un acto de campaña del presidente Fernández.

Tres opositores denunciaron a Manzur y a los dirigentes trasladados por la posible comisión del delito de peculado.

La fiscala Rivadeneira dijo que los funcionarios no deben explicar el uso del avión. Luego, la jueza Ballesteros cerró el caso. El fallo no trascendió.