RECUPERACIÓN LENTA. La pobreza alcanza su mayor nivel en décadas en la región latinoamericana. REUTERS
WASHINGTON, Estados Unidos.- Las secuelas de la crisis por la pandemia de covid-19 llevarán años en desaparecer, si los países de América Latina y el Caribe no toman medidas inmediatas para impulsar la recuperación, según un nuevo informe del Banco Mundial (BM)
El organismo multilateral revisó su pronóstico de expansión económica en la región para 2021 y brindó detalles de lo que habría que modificar para evitar otra “década perdida”, de acuerdo con lo que publicó el organismo y reprodujeron medios como BBC, CNN y agencias de noticias.
Lo cierto es que -con la pobreza en su mayor nivel en décadas- la previsión de que el crecimiento regional se recupere un 6.3%, se acelere la vacunación y caigan las muertes por covid-19, no será suficiente para que la mayoría de los países consiga revertir la contracción de 6.7% que tuvo lugar el año pasado.
Eso concluye del informe regional publicado por el Banco Mundial esta semana, en el que pide “reformas urgentes” para superar la crisis de la covid-19 y evitar otra “década perdida”.
Se trata de reformas muy postergadas, aunque viables, según el informe, en el ámbito de la infraestructura, la educación, la salud, la política energética, la innovación y los desafíos planteados por el cambio climático.
“Ahora, el desafío es lograr una recuperación que brinde oportunidades de trabajo y sane las heridas de la crisis”, dijo Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe.
La recuperación a nivel regional enfrenta obstáculos. Un resurgimiento del virus, la presión inflacionaria, el endeudamiento del sector privado y los crecientes niveles de déficit público y endeudamiento limitan el potencial de cualquier intervención.
Los cambios necesarios
William Maloney, economista en jefe del BM para América Latina y el Caribe, indicó que el nivel promedio de deuda pública aumentó en 15 puntos, hasta alcanzar un 75.38% del PIB.
“Dado el imperativo de impulsar un crecimiento más dinámico, inclusivo y verde dentro de un contexto de escasez de recursos, los gobiernos deberán replantearse cuál es la mejor y más eficiente manera de utilizar los recursos públicos”.
El informe insta a promover el crecimiento sostenible y equitativo en distintas áreas:
* Gasto público: replantear las prioridades, acercándose a niveles mundiales de eficiencia. En lugar de recortar el gasto, reducir la ineficiencia en el sistema de contrataciones públicas y en los programas de transferencias, que representan pérdidas de 4.4% del PIB, podría liberar recursos para otros fines. Los sistemas de salud pueden obtener ganancias rápidas que alargarían la esperanza de vida promedio en cuatro años.
* La educación puede mejorarse centrándose en las escuelas más afectadas, con un mejor uso de tecnologías y promoviendo las carreras terciarias cortas capaces de alinear mejor las habilidades disponibles con las necesidades de la industria.
* El gasto en investigación y desarrollo, puede ser usado de manera más eficiente asegurando la existencia de vínculos entre los centros de investigación y el sector privado, mientras que un mayor nivel de transferencias públicas e inversión en infraestructura puede servir para impulsar el crecimiento y reducir la desigualdad.
* Otro terreno en los que hace falta intervención urgente, según el organismo financiero, es el de la generación y el consumo de energía, que pueden volverse más sostenibles en términos ambientales y fiscales, focalizando los subsidios hacia los segmentos más vulnerables (entre el 40 y el 60% de los subsidios eléctricos se dirige al 20% más alto de la escala de ingreso).
* Las prácticas para reducir la corrupción, la ineficiencia y a aumentar la competitividad de las licitaciones podría resultar en un ahorro del 22% del gasto, sin cambios en las actuales leyes de contratación pública.
* Potenciar los ingresos: hay espacio para aumentar los impuestos sin afectar el crecimiento de manera significativa.
Las áreas a explorar incluyen ampliar los impuestos sobre la propiedad y en menor medida sobre la renta de las personas, elevar los gravámenes sobre alimentos no saludables y las emisiones de carbono, y mejorar la capacidad de recaudación en una región donde el nivel de evasión del impuesto sobre la renta de las sociedades es prácticamente del 50%.
