Por Gustavo Rodríguez
26 Septiembre 2021
Crisis carcelaria: un tribunal internacional cuestiona a la provincia
“Debe cesar la utilización de comisarías como lugares de alojamiento permanente de detenido”. El pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CDIH) generó sorpresas en los tres poderes del Estado. Esperaban una reacción, pero nunca se imaginaron que ese tribunal fijara una posición tan veloz por la muerte de las cuatro mujeres en la Brigada Femenina de Concepción (ver por separado).
La crisis carcelaria ha comenzado a mostrar sus garras. En 2015 los fiscales Adriana Giannoni y Diego López Ávila presentaron un hábeas corpus a favor de los detenidos, los policías y los policías porque había más de 750 detenidos en los calabozos. Pasaron casi siete años de ese planteo que fue aceptado y la situación empeoró.
En las comisarías de la provincia se encuentran alojadas 1.300 personas, cuando en realidad tienen capacidad para poco más de 490. De ese número, habría unos 300 condenados y otros más de 800 procesados que, por ley, no deberían estar alojados allí.
Malestar
La situación está generando malestar entre los reos. El jueves se produjo una quema de colchones en la seccional 13ª que pudo ser sofocado por los policías que se encontraban de guardia. “Luego de la muerte de las detenidas, hasta los mismos jefes de comisarías sacaron plata de sus bolsillos para tener en condiciones los matafuegos. La situación está muy complicada y se pondrá peor cuando llegue el verano”, explicó un jefe policial.
En Tucumán se dan casos de protestas de personas que exigen ser trasladadas a una cárcel, a causa del terrible estado en el que se encuentran los calabozos de las dependencias policiales. Los reos que se encontraban alojados en la comisaría de Concepción mostraron sus quejas a través de videos. “Ve, estamos todos encimados”, dijo el preso que filmó. “No podemos vivir. Somos treinta y algo… Hay como 10 condenados que no deberían estar aquí”, agregó el hombre desde el calabozo que tiene capacidad para 15. No deberían ser más de ocho, respetando los estándares internacionales. Un compañero agregó: “le decimos la verdad, nos verduguean (castigan) porque decimos la verdad”.
En los videos se observa a un grupo de hombres con los rostros tapados y colchones en diferentes partes del suelo. El calabozo está cruzado por sogas en la que detenidos cuelgan toallas. “Queremos el traslado al penal porque fuimos condenados. No tenemos agua y no nos sacan la basura”, se puede escuchar. “Sabemos que tenemos que pagar por lo que hicimos, pero no así. Somos humanos, no perros”, se quejaron.
La jueza de Ejecución de Concepción Alicia Merched sostuvo que uno de esos videos fue previo al trágico motín en el que fallecieron las cuatro detenidas y por lo que obligó a trasladar a los detenidos condenados al penal de esa ciudad. Por su parte, el fiscal Miguel Varela inició una investigación y descubrió que esas imágenes eran nuevas. Entre ambos funcionarios judiciales lograron que se traslade a más de una treintena de reos.
Llamativo informe
El problema se origina porque, en un principio, las cárceles de Villa Urquiza, Concepción y Banda del Río Salí también se encuentran colapsadas, por lo que los presos detenidos en comisarías deben esperar un cupo para poder ser trasladados.
Sin embargo, la jueza Merched elaboró un informe que fue elevado a la Corte Suprema de Justicia de la provincia. La magistrada indicó que los penales podrían recibir a por lo menos unos 400 reos más si es que se realizaran obras menores.
Según explicó un alto funcionario del máximo tribunal, en el trabajo se detectó algunas situaciones en el penal de Villa Urquiza. Por ejemplo, dijo que en el pabellón 1 y 2 había más de una decena de celdas que estaban clausuradas porque no tenían sistema eléctrico o no se podían cerrar las puertas. Algo similar sucedía en la Unidad 9, de máxima seguridad.
Además descubrió que el pabellón de personas mayores estaba cerrado porque tenía problemas de filtración. Por último, sólo hablando del penal más grande de la provincia, se mantiene montado un hospital de campaña por la pandemia. Pero nunca se utilizó quitándole espacio de recepción de detenidos. “Lo más grave es por qué no se informó de esa situación. Si se trata de reparaciones y no de una gran obra. Podríamos haber estado mejor”, comentó un integrante de la Corte.
Enterado de la situación en la reunión que mantuvo el jueves con los responsables del ministerio de Seguridad, el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo Osvaldo Jaldo ordenó que se realizaran las reparaciones de manera inmediata y que se avance con la construcción de al menos una alcaldía que tendría capacidad para 300 reos. También están en carpeta los proyectos de los centros de detención de Las Talitas o de Lastenia, Banda del Río Salí.
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