BIEN ACOMPAÑADOS. El Ministerio Público Fiscal llegó a un acuerdo con 55 instituciones que se encargan de analizar y solucionar los problemas.
Esther se presentó muy temprano en los tribunales de la avenida Sarmiento. Cuando la atendieron, la mujer se despachó. “Vengo a denunciar a mi vecina que, cuando recoge las hojas de la vereda las deja amontonada justo en la medianera”, denunció. Los empleados que la atendieron, derivaron el planteo a la Oficina de Articulación y Derivación Interinstitucional (AyD) del Ministerio Público Fiscal que, después de analizarlo, solicitaron la intervención del Defensor del Pueblo y uno de sus mediadores resolvió el conflicto.
Este no es un caso más, es uno de los más de 11.000 presentaciones de estas características que no constituyen un delito, pero que igual fueron tratadas.
“El número de denuncias es importante: representa aproximadamente el 20% del total que ingresó. Por orden del ministro fiscal, Edmundo Jiménez, se hizo un plan para atenderlas aunque no sean delitos, por dos razones. Primero, porque pueden terminar en uno y, segundo, porque buscándole una solución al conflicto, la sociedad siente que la Justicia la escucha”, explicó el secretario judicial Tomás Robert. “Antes, estos casos generalmente se archivaban porque un fiscal, por ejemplo, entendía que una mordida de perro no era un delito, pero ahora ya no”, agregó.
Esteban Marcos Duhalde, coordinador de la Oficina de AyD explicó que su objetivo es “llevar una respuesta a las víctimas y denunciantes, acercar el Estado a la ciudadanía mediante la articulación con instituciones que conforman los distintos sectores del Estado, a los fines de gestionar de manera eficiente, respuestas de calidad institucional mediante la derivación asistida de casos”. “El viejo paradigma consideraba el archivo de las actuaciones por la falta de mérito, en particular cuando se denunciaban conflictos sin naturaleza penal o que aun siéndolo, se consideraban levísimas y de poca significancia. Esto era interpretado como un desinterés de la justicia en atender los conflictos”, analizó Duhalde.
“El nuevo código procesal penal establece como uno de los principios fundamentales la solución del conflicto, optando por las soluciones que mejor se adecuen al restablecimiento de la paz entre sus protagonistas”, añadió.
Objetivos y algo más
“Por orden del ministro Jiménez estamos deconstruyendo y resignificando la lógica de archivar las causas, y encontrando las soluciones que se esperaban. Buscamos que realmente la Justicia Penal sea la última ratio del Estado en tener que intervenir, para así también garantizar que lo haga de manera efectiva, cuando deba hacerlo”, indicó Duhalde.
Robert agregó: “al haber otro mecanismo para resolver estos conflictos, le estamos dando la oportunidad a todo el sistema judicial a que atienda los casos donde efectivamente haya un delito”.
La Oficina de AyD interviene en situaciones de violencia familiar provocadas principalmente por el riesgo de niños, niñas y adolescentes, discapacidad, personas mayores y mujeres. Pero también tienen en cuenta los problemas generados por el consumo de sustancias, negligencia en el cuidado o abandono de las personas. Además intervinieron en conflictos vecinales de mediana y larga data, problemas con la medianería y dentelladas de can. Los profesionales de la oficina actúan en casos como personas en situación de calle, indigencia, violencia laboral, turbaciones a la propiedad, delitos económicos y retenciones indebidas, entre otras muchas más.
“Si bien cada una de estas problemáticas tienen sus características particulares, y muchas veces coexisten más de una en cada grupo familiar, si no son atendidas desde un momento inicial, conducen a una escalada en el nivel de violencia entre sus protagonistas que terminan configurando situaciones de mayor gravedad. Esta red interministerial, gracias al apoyo del titular del MPF, fue creciendo exponencialmente, partiendo de 10 instituciones en julio de 2020, para pasar actualmente a 55 organismos que trabajamos coordinadamente”, explicó Duhalde.
El mecanismo
Las denuncias ingresan a través de la Unidad Fiscal de Decisión Temprana. Un equipo integrado por los fiscales auxiliares Augusto Moeykens, Gerardo Arch, Rafael López Guzmán y Jose Adle y los coordinadores Florencia Minahk y Daniel Baclini, analizan cada uno de los casos antes de tomar una decisión.
“Se trabajó y capacitó, durante dos años, a los más de 50 instructores de esta Unidad en la importancia de que todas las situaciones en que pudiera ameritar una desestimación o archivo, según el código procesal penal, se buscará la resolución al conflicto planteado a través de la articulación y derivación asistida, con el organismo que deba abordarlo”, explicó el coordinador de la Oficina de AyD.
Luego esta derivación es revisada, autorizada y enviada a las diferentes instituciones por el Equipo de AyD que está integrado por los abogados Guillermo Montenegro y Fabiana Reinoso Albornoz, la licenciada María Gracia Fernández Velasco y el data enter Javier Ovejero.
“En la mayoría de los casos sucede en un plazo no mayor a 12 horas desde que ingresó la denuncia al MPF. Este espacio que soñamos con la magister María Laura Giusti, hoy se vuelve una realidad y es una enorme apuesta a la prevención del delito, por lo cual está en vías de ser replicada en los demás centros judiciales”, aseguró Duhalde.
“Con esta red interministerial se mantiene un contacto permanente y cotidiano, acordando la remisión según los criterios acordados con cada una de las instituciones que brindan su colaboración. La derivación no implica para el MPF desligarse de su acompañamiento, pudiendo trabajar en conjunto con las demás instituciones, como así también tener abiertas las puertas para canalizar toda devolución que la otra parte considere”, concluyó el funcionario
Historia
La pandemia impulsó el proyecto
La Oficina de Articulación y Derivación Interinstitucional surgió como consecuencia del aislamiento social preventivo y obligatorio por la dificultad o imposibilidad de la ciudadanía en trasladarse o al cierre de la atención presencial en muchos organismos, por lo que los tucumanos se presentaban en las comisarías para denunciar los conflictos o realizar presentaciones. “El inicio de nuestra actividad, está marcado por el cierre de la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano, que funcionaba en la órbita del Ministerio Público Fiscal por las restricciones establecidas por el ASPO”, explicó Tomás Robert. “Se tomó la decisión de reconfigurar este espacio a través de mecanismos de articulación, con la intención de brindar respuestas que le permitan al ciudadano tener las herramientas para la resolución de su conflicto”, agregó Esteban Duhalde.
Los detalles del sistema
1 Una persona realiza una denuncia y llega a la fiscalía de Decisión Temprana. Especialistas analizan el caso y tratan de darle una solución al conflicto.
2 Se envía el expediente a una de las 55 entidades que forman parte de la estructura para que trate de resolver el problema planteado.
3 En caso de que no haya un acuerdo o los responsables entienden que sí existe un delito, se inicia de inmediato una causa penal.
4 El Ministerio Público Fiscal cuenta con un equipo que realiza un seguimiento del proceso que se abre para solucionar el problema.
