La calma chicha de la seguridad

Si usted tuviera que definir cuál es el principal problema de Tucumán, ¿qué contestaría? “Llevamos 19 mediciones, a la cabeza aparece la inseguridad como la principal preocupación de los tucumanos; es inamovible”, dijo Alexandra Morales, directora de la consultora Meraki hace tres días. Ahá. ¿De cuál Tucumán hablamos? ¿Del de los últimos años o del de los últimos 40 días? ¿Cómo se mide esa percepción de inseguridad?

La pregunta sobre el principal problema les fue hecha a los precandidatos a legisladores nacionales de Juntos por el Cambio en el debate del programa “Panorama Tucumano”. Dos destacaron que la provincia es la segunda en proporción en el país en cuanto a la violencia homicida Una dijo que se comete un crimen cada 48 horas. ¿Son los datos de la realidad? Son los datos promedio en una provincia con 120 homicidios anuales. Pero en este agosto que se acerca a la mitad de mes sin un solo asesinato (hasta la tarde del viernes 13) y que lleva una insólita baja desde el 1 de julio (hubo cuatro homicidios en estos 40 días) el asunto desconcierta y deja mal parados a oficialistas y opositores, a críticos y a panegiristas. Porque no se sabe qué está pasando. ¿La calma chicha de la seguridad terminará en un mar calmo de verdad o es una olla a presión que puede estallar en cualquier momento?

Así como cuando la violencia en sostenido aumento no era un fenómeno que pudiera medirse por parte de los funcionarios -aunque sí era explicado por quien ejerciera la crítica-, tampoco es un fenómeno medible esta isla de tranquilidad. Aunque hay algunos elementos a tener en cuenta.

El Código Procesal, primer factor posible

Los funcionarios judiciales están poniendo las fichas en la marcha del nuevo Código Procesal Penal, que está teniendo efectos en casos de poca monta pero que podrían ser potencialmente disparadores de hechos más violentos. Incidentes callejeros y vecinales, que son resueltos con detenciones, acuerdos de reparaciones, condenas a partir de audiencias que tienen lugar a un día de detenidos los responsables. “El nuevo Código Procesal Penal nos obliga a buscar soluciones a los conflictos penales defendiendo los intereses de la víctima. Por eso contamos con herramientas de las reparaciones integrales, las probations y los juicios abreviados, dejando para investigaciones más profundas a los delitos más graves”, dijo el fiscal Carlos Picón. “Se nota la disminución de casos de tentativa de hurto, el mal llamado ‘mecherismo’ y los robos agravados, porque los autores están siendo condenados. Antes no llegaban a juicio”, añadió. ¿Es la herramienta nueva que está ayudando en la desescalada de violencia? Para fiscales y jueces, sí. Pero las cifras, que son proporcionadas por la misma Justicia, no han sido sometidas a estudio crítico para entender la eficacia del sistema. No obstante, hay hechos notorios y, por cierto, varios de ellos han ocupado el interés mediático en estos días sin homicidios. Por ejemplo, el caso del automovilista que, por un incidente de tránsito, agredió a otra conductora, la empresaria Catalina Rocchia Ferro.

“La sábana corta”

“Es un factor posible el impacto del nuevo Código Procesal en la desescalada de violencia -dice el experto en seguridad Federico Pelli- porque se está sacando de circulación a personas violentas y peligrosas que antes no eran sancionadas por el sistema y eso derivaba en conflictos más violentos”. Esto -agrega- tiene un correlato duro en el colapso del sistema carcelario, como se está apreciando desde hace varios meses. “Es la política de la sábana corta”, dice, ante los indicios y advertencias de que si sigue el nivel elevado de detenciones y de encarcelamientos va a haber una debacle carcelaria. Ya hay anticipos expresados en frecuentes fugas de comisarías.

Por su parte, los funcionarios de seguridad como el subsecretario de Seguridad, José Ardiles, afirman que la estrategia del programa Cuadran»tes de Patrulla, que ha llevado agentes a caminar por los barrios, está teniendo resultados. Hay 1.200 agentes dedicados a esa tarea de prevención vecinal y efectivamente ahora se ve a policías en barrios alejados. Eso ha de contribuir también a la desescalada de violencia.

Pero no hay una explicación clara, porque los fenómenos siguen ocurriendo sin que se tenga una idea de las razones: la semana pasada el mismo Ardiles renegaba porque el 20% de los efectivos policiales tuvo que salir a controlar a los jóvenes lanzados con pasión a las fiestas clandestinas que proliferaron merced a la apertura nacional de las restricciones en la pandemia.

Ahora Ardiles se lamenta de que gran parte de sus agentes de patrulla tengan que estar asignados a las custodias por violencia de género, a causa de que no hay pulseras electrónicas y los jueces están destinando cada vez más policías de guardia. Hace dos meses Ardiles decía que eran 400 custodias, que exigían unos 1.200 agentes. Ahora el problema se incrementó en un 30%: son 600 custodias y hacen falta 1.800 agentes. Pregunta 1: ¿quién recorre los barrios, si están asignados a custodias? Pregunta 2: si hay menos agentes en las patrullas, ¿a qué se debe la baja en la violencia?

Cifras llamativas, sin analizar

El fenómeno tiene solamente datos que lo muestran. La cifra anual de homicidios, que había ido creciendo desde los 118 de 2017 hasta los 155 de 2020, ha tenido un desaceleramiento en este año, que había comenzado con un enero muy violento. Ardiles podría decir que el fenómeno empezó a partir de febrero, cuando se puso en marcha el programa Cuadrantes de Patrulla. Lo cierto es que, con altibajos, hubo disminución de hechos, La comparación con 2020 de los últimos cuatro meses lo muestra: mayo 20, 16 homicidios contra los 15 de mayo 21; junio 20, 16 homicidios contra los 8 de junio 21; julio 20, 13 homicidios contra los cuatro de julio 21, y agosto 20, 13 homicidios contra ninguno en este mes.

Podrían hacerse estudios más precisos sobre los datos de la violencia, para ver si se puede encontrar descensos en áreas que tuvieron aumento sustancial, como los femicidios (cifras que se incrementaron de 7 en 2019 a 19 en 2020) o los homicidios intravecinales (que pasaron de 35 en 2017 a 51 en 2020) y acaso acercarse al entendimiento del fenómeno. Pero por ahora las cifras no explican causas. Como no se puede entender que en febrero se hablaba de la acción incontrolable de 1.500 jóvenes motochorros sólo en el área de la capital, que entraban y salían de las celdas. Los mencionó el jefe de la Regional Capital, comisario Joaquín Girbaux, que pedía ayuda de la Justicia y de Desarrollo Social. ¿Qué pasó con esos 1.500 jóvenes? ¿Han sido desactivados en el desescalamiento? ¿O hay otros fenómenos que no se está viendo?

En el debate los precandidatos se ataron a la mirada “tradicional” sobre la (in)seguridad en Tucumán, que ha sido la crítica a una gestión que ha chocado constantemente con los problemas de una provincia que fue ganada por la violencia. Una postulante, Ana Paula Quiles (concejala de Bella Vista y esposa del intendente de esa localidad) tiró un dato que, aunque servía para promocionar la gestión municipal sobre la inseguridad, resultó llamativo: dijo que en esa ciudad se puede dormir con la puerta sin llave. ¿Es posible medir esa afirmación? ¿Se puede hablar de lugares en Tucumán donde se pueda dar garantía de tranquilidad, sobre todo si se tiene en cuenta que en los últimos años ha sido una novedad que la inseguridad se trasladó al interior?

La inquietud electoral está cubriendo la posibilidad de analizar con equilibrio y mirada crítica un asunto sustancial como la seguridad, sobre todo porque aunque haya habido una modificación del Código Procesal y una creación de un área policial especial, la fuerza de seguridad no ha sido cambiada en prácticamente nada, siendo que desde hace mucho necesita una reforma profunda en su funcionamiento y en sus objetivos, así como en su relación con la comunidad, a la que debería darle los elementos para el control ciudadano. No obstante, estamos en un momento extraño, una singular calma chicha de imprevisible futuro.