Reparación, solución veloz de un conflicto con un tinte social
El nuevo código procesal penal contempla esta herramienta para la solución de conflictos penales menores. En menos de un año, ya se realizaron más de 800 conciliaciones El Ministerio Público Fiscal creó un equipo que se encarga de canalizar los acuerdos a los que se arribaron. Hay proyectos para llevar adelante varias iniciativas.
Hace no mucho tiempo, en una localidad del este de la provincia, la Policía descubrió que se realizaba una fiesta con 150 personas, violando todas las normas sanitarias dictadas durante la pandemia e incumpliendo la prohibición de realizar reuniones sociales de más de 10 personas. El organizador se presentó ante la Justicia y, después de haber mantenido un encuentro con los funcionarios de la Unidad Fiscal interviniente, llegó a un acuerdo: donó 150 pares de zapatillas (un par por cada invitado) que fueron distribuidos entre los alumnos del lugar. Ese procedimiento se llama reparación. Y es tan solo una herramienta que tiene el nuevo código procesal penal para la solución de conflictos penales. Desde que se puso en vigencia el digesto, en septiembre del año pasado, ya son 800 los acuerdos a los que se arribaron.
“Una reparación es un método composicional que permite solucionar un conflicto penal mediante la restitución del bien o la reparación del daño provocado, centrado en los intereses de la víctima y de la sociedad”, aseguró a LA GACETA la licenciada en trabajo social Gilda Pastorino. “Los nuevos paradigmas jurídicos, en el marco de los procesos adversariales y la justicia restaurativa, promueven la aplicación de estos métodos como soluciones de mayor calidad”, agregó la titular del recientemente creado Equipo Coordinador de Políticas Reparatorias (ECPR) que será coordinado por el secretario judicial Tomás Robert.
“El Ministerio Público Fiscal que conduce Edmundo Jiménez tomó la decisión de implementar un plan de políticas reparatorias, con el fin de promover respuestas eficientes, no sólo en el caso individual centrado en el interés en la víctima, sino también mediante la articulación interinstitucional. Se está velando por los intereses de la sociedad en conjunto, buscando de este modo que la justicia restaurativa genere un verdadero impacto social”, se puede leer en la explicación oficial de la creación de este equipo que próximamente será presentado oficialmente.
Trabajo profundo
“Estas acciones se enmarcan en un trabajo profundo que se viene desarrollando para promover una nueva institucionalidad basada en el interés social, la planificación estratégica y la eficacia de las acciones”, explicó Pastorino. “El principal objetivo del ECPR es implementar los lineamientos de políticas reparatorias, coordinando la asignación de recursos provenientes de reparaciones, resarcimientos y objetos recuperados del delito, destinados a fortalecer instituciones en el marco de proyectos sostenibles”, agregó.
El programa más conocido por los tucumanos es lo que se resuelve en la Oficina de Objetos Secuestrados, que conduce Pablo Espeche, que realizó la entrega de los objetos recuperados del delito. El MPF entregó más de 100 móviles (autos y camionetas), unas 30 motocicletas y una importante cantidad de computadoras para la fuerza. “El propósito es asegurar que los recursos provenientes del delito que puedan tener un fin social, retornen a la comunidad, generando beneficios para la sociedad en conjunto, no sólo con un fin material, sino también simbólico”, comentó la titular del ECPR.
Proyectos
“Lo interesante de la política reparativa es poder pensar en la articulación de redes y trabajo colaborativo interinstitucional para lograr mayor impacto en la sociedad”, señaló Pastorino, refiriéndose así a uno de los proyectos más ambiciosos que vienen coordinando desde hace varias semanas.
La trabajadora social contó que están articulando con el Ministerio de Educación para que estudiantes secundarios del nivel técnico realicen la construcción de material didáctico, las escuelas artísticas intervendrán para decorarlas y pintarlas y luego se las entregará al nivel inicial. “El MPF entregará las herramientas y el material de trabajo para que puedan elaborar los elementos. Luego se organizarán jornadas de convivencia en escuelas de zonas rurales para que sean ellos los que los entreguen”, explicó.
Otra de las ideas que surgieron es reciclar las bicicletas que se encuentran secuestradas desde hace varios años y que nunca fueron recuperadas por sus dueños. Serán entregadas a las escuelas técnicas para que con las ruedas y los cuadros fabriquen sillas de ruedas que luego serán donadas a instituciones y a personas. “Donde se ve material sin destino, vemos oportunidades. Esto implica pensar en procesos de integración y de generar puntos de encuentros entre las instituciones, siendo la niñez, el principal objeto de la política. Consideramos que las sociedades que trabajan articuladamente, sembrando el asociativismo y la solidaridad, son sociedades menos conflictivas y por ende con más oportunidades y menos tasas delictuales”, concluyó Pastorino.
1- Acceso
¿Quiénes son los que pueden recurrir a una reparación?
Las reparaciones se aplican en ciertos delitos de menor gravedad, según los parámetros establecidos en el código procesal penal. Es el titular de una unidad fiscal quien decide la viabilidad de su aplicación. Siempre se requiere la participación voluntaria del acusado, dado que la reparación debe tener un impacto positivo en la conciencia de quien cometió un delito.
2- Destino
¿Quiénes se terminan beneficiando con esta iniciativa?
Las reparaciones pueden estar destinadas a la víctima del delito en particular o a instituciones de la sociedad. Estos métodos composicionales son aplicados tanto por la Oficina de Conciliación como por las Unidades Fiscales Especializadas. En los casos de delitos cometidos contra el Estado (donde no hay víctima individual) o cuando la víctima decide no aceptar la reparación, los recursos pueden destinarse a instituciones con fines sociales.
3- Balance
¿Qué se hizo con las reparaciones ya dictadas?
Las instituciones beneficiarias en el ámbito público son los ministerios de Desarrollo Social, Salud (y otras entidades del área), Educación (a través escuelas públicas y privadas, con sus distintas modalidades técnicas, discapacidad, de alta montaña, rural, entre otros) y de forma sistemática el Observatorio de las Mujeres y Violencias por Razones de Género. Además de los proyectos articulados se beneficiaron otras instituciones en casos particulares aplicados por los fiscales especializados. “El objetivo a futuro es que todas las reparaciones se efectúen de manera articulada para conseguir el mayor impacto social”, señaló Gilda Pastoino.
4- Convocatoria
¿Pueden sumarse más entidades para ser beneficiadas?
Pastorino informó que el Equipo de Coordinación de Políticas Reparatorias (ECPR) articulará proyectos interinstitucionales con el fin de que la reparación no sea una mera entrega de recursos, sino que se enmarquen en un plan de acción de políticas reparatorias con impacto social, difusión y concientización. “Por ello cualquier institución del Estado podrá coordinar con el ECPR para incorporarse a estos proyectos, priorizando las instituciones que trabajan activamente en coordinación con el MPF y que se vinculen con la materia de los delitos investigados”, respondió.
5- Cumplimiento
¿Qué pasa si el acusado no cumple con el acuerdo?
En general las reparaciones se efectúan en un solo acto, por lo cual el cumplimiento es inmediato. Pero puede darse el caso de un compromiso que se extienda en el tiempo. Si la persona no cumple, tiene una oportunidad de justificar el incumplimiento en una entrevista con el fiscal con el que no llegó al acuerdo. Si finalmente se la da por incumplida, la investigación penal sigue su curso y el incumplidor queda impedido de realizar un nuevo acuerdo.
6- Reacciones
¿Qué opinan las víctimas de los resultados de los acuerdos?
“En los casos de reparaciones destinadas directamente a las víctimas, la reacción es sumamente positiva. Normalmente se muestran agradecidas porque la Justicia les ofreció un resultado de inmediato y de calidad”, señaló Pastorino.
La trabajadora social también habló sobre los casos en que el damnificado decide que la reparación sea destinada a una institución. Dijo que también hay una reacción positiva de saber que se está contribuyendo con fines sociales de manera indirecta.