Por la excusación de Poviña, un juez de Catamarca intervendrá en el caso “SAT” - LA GACETA Tucumán

Por la excusación de Poviña, un juez de Catamarca intervendrá en el caso “SAT”

El único magistrado de primera instancia local se apartó porque su papá se apersonó como defensor.

18 Jun 2021 Por Irene Benito
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ACTO. El juez Miguel Contreras jura ante el camarista Ricardo Sanjuán. EL ANCASTI / ENRIQUE CONTRERAS

Un rostro nuevo para el foro local recibió el pedido de investigación de los presuntos actos ilícitos ocurridos en el ámbito de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) que presentó el ex diputado peronista José Vitar el 14 de mayo pasado. Se trata del juez federal de Catamarca, Miguel Ángel Contreras, a quien la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán le asignó el proceso luego de que el único magistrado de primera instancia de la provincia, Fernando Luis Poviña, se excusara. Ocurre que el padre de Poviña, el abogado Fernando Poviña, se apersonó como defensor del gerente general de la SAT, Augusto Jorge Elías Guraiib, y pidió ver las actuaciones.

Contreras juró en el cargo en noviembre de 2017 luego de desempeñarse en la Cámara Civil, Comercial, de Minas y del Trabajo de la Justicia ordinaria de su provincia. Designado por el ex presidente Mauricio Macri, su incorporación puso fin al interinato de 11 años de Ricardo Moreno. “Nuestra tarea esencial es perseguir al delincuente y aplicarle todo el peso de la ley”, había dicho Contreras tras asumir como juez federal, según una publicación del diario El Ancasti.

La petición de esclarecimiento de la forma en la que la SAT gastó alrededor de $ 900 millones remitidos por la Nación el año pasado para obras en la red de agua potable y de cloacas generó revuelo, chispazos e intercambio de cartas documento entre los contratistas y Vitar, pero el expediente apenas se movió luego de la presentación inicial. Primero fue afectado por un brote de covid-19 que paralizó durante casi dos semanas la mesa de entrada de la Justicia Federal. Y luego acaeció la inhibición del magistrado a cargo de los dos juzgados federales de Tucumán desde la partida de Daniel Bejas a la Cámara Nacional Electoral.

Contreras ha de decretar los pasos por seguir. La causa ingresó en la Fiscalía Federal N°1 que encabeza Carlos Brito, pero este sólo actuará como investigador si eventualmente el juez le delega la función de la instrucción.

La presentación de Vitar cuestiona tres aspectos: a) la prescindencia del mecanismo de la licitación pública; b) el supuesto empleo de un criterio de adjudicación basado en el “precio promedio” y c) la distribución de las 22 obras. Vitar calculó que el procedimiento aplicado por la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria (SAPEM) habría causado al erario un perjuicio superior a los $ 200 millones. Ante las consultas de la prensa, Guraiib guardó silencio mientras que Jorge Garber, presidente de una de las empresas adjudicatarias (Gama SA) y de la Cámara Tucumana de la Construcción, rechazó las sospechas y las consideró difamatorias; atribuyó al peticionario de la pesquisa una motivación política y advirtió que iba a buscar una reivindicación en los Tribunales.

El financiamiento provino del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa). “La SAT no hizo una licitación única para las obras de agua, sino que optó por segmentarlas y hacer contrataciones por calle”, advirtió Vitar. Y añadió que esto no habría redundado en beneficios para la comunidad, sino para los implicados en la construcción. La solicitud de investigación refiere que la SAT, en tanto compañía con participación estatal mayoritaria, estaba obligada a hacer licitación pública per se y por el hecho de administrar fondos nacionales: “en su reemplazo empleó una suerte de concurso privado de precios debidamente dirigido y amañado. Para levantar una barrera de aparente legalidad y justificar el incumplimiento de la obligación legal de licitar, la empresa invocó su calidad de sociedad anónima”.

El mecanismo que llamó la atención a Vitar es la adjudicación de las obras no a la empresa que ofrecía el precio más alto o más bajo, sino a la que ofertaba el valor intermedio o promedio. Su conjetura es que esto habría acontecido previo acuerdo de los involucrados: “por supuesto que en una provincia que vive estados alterados de moralidad y ética pública, lo asombroso pareciera no asombrar, lo bueno se toma por malo y la mejor oferta nunca es la más baja”.

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